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Pensiones de gracia: Casi 100 víctimas han solicitado acreditarse, pero para muchas persisten las dudas

Francisca Skoknic

Siete víctimas fueron acreditadas en una ceremonia cuya principal invitada era Fabiola Campillai, quien se restó de participar. El director del INDH, Segio Micco, aseguró que este proceso pone fin al debate sobre la existencia de violaciones a los DD.HH., pero advierte que la entrega de las pensiones será decisión presidencial. El instituto evalúa entrar al debate legislativo para asegurar la mantención y perfeccionamiento de la glosa, mientras muchas víctimas esperan a que se aclaren los criterios y los reales alcances del beneficio.

Gabriela Pizarro
02/10/2021

Este viernes 1 de octubre el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó las siete primeras acreditaciones a víctimas del estallido que han postulado para acceder a una pensión de gracia. En una breve transmisión a través del canal de Youtube del instituto, el director del organismo, Sergio Micco, aseguró que este proceso marcará un hito como reconocimiento oficial a las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido.

“Acá la autoridad democrática de Chile, el Congreso, nos ha dicho ‘ustedes pueden acreditar que hay víctimas de violaciones a los derechos humanos’ y eso es lo que hoy vamos a iniciar. Vamos a decirle al país entero que se acabó el debate, que no es necesario que haya sentencias judiciales para que se acredite esta realidad”, anunció el director, acompañado por los consejeros Cristián Partuzé y Yerko Ljubetic.

A fines de julio, un reportaje de Documenta reveló la existencia de una glosa en la Ley de Presupuestos 2021 que permite considerar como beneficiarias de pensiones de gracia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido, siempre y cuando las lesiones sufridas hayan implicado un menoscabo permanente en su capacidad de trabajo. La misma glosa establece que el INDH es el encargado de acreditar la calidad de “víctima” de los postulantes, pero el organismo sólo se enteró luego de la publicación del reportaje.

La acreditación del instituto es sólo el primer paso para los aplicantes, quienes luego deberán elevar la solicitud ante el Ministerio del Interior, donde una comisión ad-hoc estudiará cada caso. Tras esa evaluación, la decisión final recaerá en el Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien podrá acoger o no las recomendaciones que emanen de dicha comisión.

Durante la ceremonia, Sergio Micco informó que el instituto ya ha recibido casi un centenar de solicitudes. Tras la firma de los certificados, el INDH cerró la transmisión para hacer entrega de las acreditaciones de manera privada, con el objetivo de proteger la identidad de las víctimas, según se explicó al momento del cierre.

Documenta pudo comprobar que entre los invitados a la ceremonia estuvo considerada Fabiola Campillai, una de las víctimas emblemáticas del estallido, quien a última hora habría rechazado la invitación. Según su abogada, Alejandra Arriaza, Campillai aún no solicita la acreditación del INDH y optó por no asistir a la ceremonia, ya que “necesita tener más claridad sobre el proceso y que todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos sean contactadas e informadas al respecto”. De las siete víctimas que recibieron su certificación hoy, cinco cuentan con el INDH como querellante en sus causas judiciales y dos, con querellas a través de otras instituciones.

A pesar de que solo faltan tres meses para que expire la glosa que habilita el proceso, las dudas se acumulan entre las víctimas. Ni el Ministerio del Interior ni el INDH han aclarado cuáles serán los criterios para definir qué se considerará como menoscabo laboral, tampoco la extensión o el monto aproximado del beneficio, ni la posibilidad de que la entrega de éste anule otro tipo de pensiones, como las de invalidez.

Mientras, en el Congreso ya se discute la Ley de Presupuestos para el 2022. Para el próximo año el Ejecutivo mantuvo la glosa, pero cambió radicalmente su redacción, suprimiendo el rol acreditador del INDH y reemplazando la calificación de «víctimas de violaciones a los derechos humanos» por «personas afectadas en el contexto de las manifestaciones». Según información recogida por Documenta, dentro del INDH estarían evaluando entrar en el debate legislativo para “subsanar los desperfectos” de la improvisada ley.

LOS DETALLES DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN

Según un documento elaborado por el INDH para orientar a los postulantes (véalo acá), deben ser las víctimas quienes tomen contacto con el instituto para manifestar su intención de postular a la acreditación. Tras ese primer acercamiento, según el mismo documento, un profesional del organismo se encargará de orientar a la persona solicitante, quien deberá firmar un consentimiento informado para poder continuar con el proceso (vea una copia de ese formulario).

Hay dos puntos clave en ese documento. El primero es que con su firma, los postulantes autorizan al INDH a solicitar información en comisarías, instituciones médicas, jurídicas o de cualquier otra índole, con el objetivo de reunir los datos necesarios para la acreditación. Una gestión que será especialmente relevante para los postulantes que no tienen una causa judicial en curso.

“Hay muchos casos que no se han judicializado. Existe un subregistro importante de personas que no interpusieron ninguna acción legal, o que simplemente hicieron una denuncia que ahora forma parte del grueso de causas que fueron archivadas”, advierte Mariela Santana, abogada de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), institución que representa a alrededor de 200 víctimas de violaciones a los derechos humanos del estallido.

El otro punto relevante del consentimiento informado es que allí los postulantes aseguran entender que al INDH sólo le corresponde certificar la calidad de víctima, pero que la posibilidad de recibir la pensión queja sujeta, primero, a la evaluación que realizará el Ministerio del Interior y, segundo, a la decisión final que tome el Presidente de la República.


CASOS RELACIONADOS

43
AÑOS

Hombre Chileno

Fecha del evento: 23-10-2019, 23:45 hrs.
Carabineros
Lesiones graves gravísimas
Buin
Participaba de un cacerolazo en Pasaje El Olmo, en Buin, pese a que ya había iniciado el toque de queda. En ese contexto, tres carabineros que llegaron en un vehículo lo golpearon hasta tirarlo al piso y le patearon la cabeza durante tres minutos. Por miedo a infringir el toque de queda por no tener salvo conducto esperó hasta el otro día para atenderse en urgencias donde quedó en riesgo vital. Se le dijo a su familia que moriría o que en el mejor de los casos quedará en estado vegetal.

36
AÑOS

Mujer Chilena

Fecha del evento: 26-11-2019, 20:30 hrs.
Carabineros
Lesiones graves gravísimas
San Bernardo
Caminaba junto a su hermana por Fermín Vivaceta a la altura de Portales Oriente para tomar transporte a su trabajo mientras al otro lado de la calle Carabineros de Fuerzas Especiales estaban vigilando una manifestación. En este contexto y sin previo aviso, un policía le disparó una bomba lacrimógena directamente en el rostro, lo que la hizo caer al suelo. Pese a los intentos de los médicos, la víctima perdió la visión de ambos ojos después de varias cirugías.

21
AÑOS

Hombre Chileno

Fecha del evento: 08-11-2019, 18:00 hrs.
Carabineros
Lesiones graves gravísimas
Santiago
Tomaba fotografías en las cercanías de Plaza Italia junto a un grupo de personas que se manifestaban cuando de manera imprevista funcionarios de Carabineros empezaron a disparar perdigones y balines a corta distancia que impactaron a la víctima en ambos ojos. La víctima finalmente perdió por completo la visión.

Según fuentes cercanas al proceso, tras revelarse la existencia de la glosa, la primera reacción del INDH habría sido oponerse a ser parte del procedimiento. Una especie de “objeción de conciencia”, por la falta de garantías, los plazos y las condiciones impuestas. “Hubo enojo. No nos podíamos prestar para algo tan desprolijo. Una frivolidad de los colegisladores, porque se hizo todo mal”, asegura una fuente al interior del organismo.

Según las mismas fuentes, tras la molestia inicial quedó claro que como institución pública no podían dejar de acatar la ley. Durante su discurso en la ceremonia de acreditaciones, Sergio Micco dejó entrever ese conflicto inicial, aclarando que el INDH nunca fue informado ni consultado durante la tramitación de la glosa en diciembre del año pasado. “Si nos hubiesen informado y consultado, hubiésemos dicho que no (…) Es una política pública que no tiene nada que ver con la reparación integral que ustedes (las víctimas) merecen como acreedores de un deber que el Estado hasta el día de hoy no resuelve”, aseguró.

En las distintas sedes regionales del instituto, parte de los funcionarios se está dedicando a recoger y procesar las solicitudes, mientras que un comité técnico centralizado imparte los criterios y protocolos.

Documenta pudo comprobar que dentro del instituto ya existe la intención de entrar al debate legislativo y buscar que el beneficio se mantenga, con más recursos y criterios claros a evaluar por una instancia especializada.

LAS DUDAS QUE INQUIETAN A LAS VÍCTIMAS

Según información recogida por Documenta, entre los potenciales postulantes persisten dudas que aún no han sido aclaradas por parte del INDH.

La primera tiene que ver con las posibles restricciones que tendrían los beneficiarios para recibir otros ingresos. ¿Implicaría perder una pensión de invalidez? ¿Deberán renunciar a otro tipo de aportes? Un caso emblemático que mantiene en vilo su postulación a causa de esta interrogante es Mario Acuña, un obrero que en octubre de 2019 asistió a una protesta en Buin y fue brutalmente golpeado por tres carabineros, quedando en estado vegetal. La familia y el equipo que los asesora legalmente han optado por ir con cautela y aclarar esas dudas antes de postular, para evitar la pérdida de otros beneficios. Al interior del INDH recién están estudiando los posibles escenarios, aunque será la comisión ad-hoc del Ministerio del Interior la que tendrá la última palabra en ese análisis.

Hay otras víctimas que temen perder la posibilidad de demandar civilmente al Estado y obtener una reparación económica por esa vía. A pesar de que el INDH tampoco ha aclarado qué ocurre en ese escenario, la abogada Santana descarta que eso funcione así: “No es excluyente y así pasó con las víctimas de la dictadura. Los pensionados de la Ley Valech, por ejemplo, pudieron demandar civilmente al Estado por su responsabilidad en el daño causado. Una cosa no impide la otra”, asegura.

En el caso de Fabiola Campillai –quien perdió la visión, el olfato y el gusto tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en pleno rostro mientras se dirigía a su trabajo–, ella aún está con licencia, recibiendo tratamiento médico en el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) y cuando eso termine comenzará el proceso para gestionar su pensión de invalidez. Aún no está claro qué pasaría con esa pensión en caso de que acepte la pensión de gracia.

Fuentes cercanas al proceso del INDH indicaron a Documenta que los montos de las pensiones de gracia no serían menores a un sueldo mínimo ($337 mil en el caso de un adulto) y por ende más altos que los de una pensión de invalidez, que bordea los $164 mil. Sin embargo, la institución aún no le ha aclarado esa situación a las víctimas.

La abogada de la Codepu Mariela Santana advierte que en una reunión con consejeros del INDH se informó que a esta altura del año ya queda menos de la mitad del pozo de $52 mil millones inicialmente disponible para las pensiones de gracia. “Estamos hablando de alrededor de $20 mil millones restantes que serán distribuidos en ¿cuántas personas? No lo sabemos”, dice. Y asegura que el INDH tampoco ha explicado cómo funciona la extensión del beneficio. “No sabemos si es un pago único o si depende del presupuesto del próximo año, ni cuánto podría durar”, concluye.

Hasta el momento ninguna víctima representada por la Codepu ha solicitado la acreditación del INDH. Sus abogados se encuentran elaborando un documento que servirá de guía para todos sus representados, que son alrededor de 200, y así tomar una decisión en bloque.

EL FUTURO DE LA GLOSA

Según la abogada de la Codepu Mariela Santana, y en línea con lo planteado por el INDH, la entrega de una pensión de gracia bajo los parámetros de la glosa actual es un reconocimiento a las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. “La glosa misma habla de víctimas del estallido social con secuelas permanentes. Eso, a nuestro juicio, es un reconocimiento implícito. Y creo que como se les pasó y lo aprobaron, ya no hay vuelta atrás, pero nada asegura que se vuelva a repetir”, advierte.

La Ley de Presupuestos para el 2022 ya se discute en el Congreso y Documenta pudo verificar que el Ejecutivo, a pesar de que mantuvo la presencia de la glosa, modificó su contenido.

Ahora en la partida presupuestaria del Tesoro Público se lee: “Con cargo a estos recursos se podrá considerar como beneficiarios a personas afectadas en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019, conforme a lo establecido en la ley N° 18.056” (vea esa partida).

De mantenerse, la nueva redacción echaría por tierra el rol del INDH y la calidad de “víctimas de violaciones a los derechos humanos” que sí considera la ley actual.

“A los querellantes que nos han preguntado, nosotros les hemos dicho que postulen”, cuenta Santana, pero han advertido a las víctimas que deberán mantenerse muy atentas a todo el proceso, ya que probablemente las condiciones se aclararán recién en el decreto final que emanará desde Presidencia. Un documento que, a juicio de los abogados, se podría transformar en una pieza fundamental ante los tribunales chilenos y las cortes internacionales, como prueba de la responsabilidad del Estado.