Pensiones de gracia: Casi 100 víctimas han solicitado acreditarse, pero para muchas persisten las dudas

Según fuentes cercanas al proceso, tras revelarse la existencia de la glosa, la primera reacción del INDH habría sido oponerse a ser parte del procedimiento. Una especie de “objeción de conciencia”, por la falta de garantías, los plazos y las condiciones impuestas. “Hubo enojo. No nos podíamos prestar para algo tan desprolijo. Una frivolidad de los colegisladores, porque se hizo todo mal”, asegura una fuente al interior del organismo.

Según las mismas fuentes, tras la molestia inicial quedó claro que como institución pública no podían dejar de acatar la ley. Durante su discurso en la ceremonia de acreditaciones, Sergio Micco dejó entrever ese conflicto inicial, aclarando que el INDH nunca fue informado ni consultado durante la tramitación de la glosa en diciembre del año pasado. “Si nos hubiesen informado y consultado, hubiésemos dicho que no (…) Es una política pública que no tiene nada que ver con la reparación integral que ustedes (las víctimas) merecen como acreedores de un deber que el Estado hasta el día de hoy no resuelve”, aseguró.

En las distintas sedes regionales del instituto, parte de los funcionarios se está dedicando a recoger y procesar las solicitudes, mientras que un comité técnico centralizado imparte los criterios y protocolos.

Documenta pudo comprobar que dentro del instituto ya existe la intención de entrar al debate legislativo y buscar que el beneficio se mantenga, con más recursos y criterios claros a evaluar por una instancia especializada.

LAS DUDAS QUE INQUIETAN A LAS VÍCTIMAS

Según información recogida por Documenta, entre los potenciales postulantes persisten dudas que aún no han sido aclaradas por parte del INDH.

La primera tiene que ver con las posibles restricciones que tendrían los beneficiarios para recibir otros ingresos. ¿Implicaría perder una pensión de invalidez? ¿Deberán renunciar a otro tipo de aportes? Un caso emblemático que mantiene en vilo su postulación a causa de esta interrogante es Mario Acuña, un obrero que en octubre de 2019 asistió a una protesta en Buin y fue brutalmente golpeado por tres carabineros, quedando en estado vegetal. La familia y el equipo que los asesora legalmente han optado por ir con cautela y aclarar esas dudas antes de postular, para evitar la pérdida de otros beneficios. Al interior del INDH recién están estudiando los posibles escenarios, aunque será la comisión ad-hoc del Ministerio del Interior la que tendrá la última palabra en ese análisis.

Hay otras víctimas que temen perder la posibilidad de demandar civilmente al Estado y obtener una reparación económica por esa vía. A pesar de que el INDH tampoco ha aclarado qué ocurre en ese escenario, la abogada Santana descarta que eso funcione así: “No es excluyente y así pasó con las víctimas de la dictadura. Los pensionados de la Ley Valech, por ejemplo, pudieron demandar civilmente al Estado por su responsabilidad en el daño causado. Una cosa no impide la otra”, asegura.

En el caso de Fabiola Campillai –quien perdió la visión, el olfato y el gusto tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en pleno rostro mientras se dirigía a su trabajo–, ella aún está con licencia, recibiendo tratamiento médico en el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) y cuando eso termine comenzará el proceso para gestionar su pensión de invalidez. Aún no está claro qué pasaría con esa pensión en caso de que acepte la pensión de gracia.

Fuentes cercanas al proceso del INDH indicaron a Documenta que los montos de las pensiones de gracia no serían menores a un sueldo mínimo ($337 mil en el caso de un adulto) y por ende más altos que los de una pensión de invalidez, que bordea los $164 mil. Sin embargo, la institución aún no le ha aclarado esa situación a las víctimas.

La abogada de la Codepu Mariela Santana advierte que en una reunión con consejeros del INDH se informó que a esta altura del año ya queda menos de la mitad del pozo de $52 mil millones inicialmente disponible para las pensiones de gracia. “Estamos hablando de alrededor de $20 mil millones restantes que serán distribuidos en ¿cuántas personas? No lo sabemos”, dice. Y asegura que el INDH tampoco ha explicado cómo funciona la extensión del beneficio. “No sabemos si es un pago único o si depende del presupuesto del próximo año, ni cuánto podría durar”, concluye.

Hasta el momento ninguna víctima representada por la Codepu ha solicitado la acreditación del INDH. Sus abogados se encuentran elaborando un documento que servirá de guía para todos sus representados, que son alrededor de 200, y así tomar una decisión en bloque.

EL FUTURO DE LA GLOSA

Según la abogada de la Codepu Mariela Santana, y en línea con lo planteado por el INDH, la entrega de una pensión de gracia bajo los parámetros de la glosa actual es un reconocimiento a las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. “La glosa misma habla de víctimas del estallido social con secuelas permanentes. Eso, a nuestro juicio, es un reconocimiento implícito. Y creo que como se les pasó y lo aprobaron, ya no hay vuelta atrás, pero nada asegura que se vuelva a repetir”, advierte.

La Ley de Presupuestos para el 2022 ya se discute en el Congreso y Documenta pudo verificar que el Ejecutivo, a pesar de que mantuvo la presencia de la glosa, modificó su contenido.

Ahora en la partida presupuestaria del Tesoro Público se lee: “Con cargo a estos recursos se podrá considerar como beneficiarios a personas afectadas en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019, conforme a lo establecido en la ley N° 18.056” (vea esa partida).

De mantenerse, la nueva redacción echaría por tierra el rol del INDH y la calidad de “víctimas de violaciones a los derechos humanos” que sí considera la ley actual.

“A los querellantes que nos han preguntado, nosotros les hemos dicho que postulen”, cuenta Santana, pero han advertido a las víctimas que deberán mantenerse muy atentas a todo el proceso, ya que probablemente las condiciones se aclararán recién en el decreto final que emanará desde Presidencia. Un documento que, a juicio de los abogados, se podría transformar en una pieza fundamental ante los tribunales chilenos y las cortes internacionales, como prueba de la responsabilidad del Estado.