A dos semanas de la publicación de Documenta que reveló la existencia de fondos para entregar pensiones de gracia a personas agredidas por agentes del Estado, el INDH le entregó a tres de sus consejeros la misión de definir los criterios y el protocolo para acreditarlas como víctimas. El trabajo avanza con suma urgencia, ya que los $52.500 millones disponibles sólo podrán ser utilizados hasta diciembre. El ministerio del Interior controla los recursos, pero aún no responde las dudas planteadas por el instituto.
El Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) creó el pasado lunes una comisión que tendrá como objetivo definir los criterios y el procedimiento para que las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido puedan ser acreditadas como tales y postular a una pensión de gracia. La instancia, cuyo trabajo comenzó desde este martes, quedó compuesta por los consejeros Cristián Partuzé, Consuelo Contreras y Yerko Ljubetic.
La comisión surge como respuesta al reportaje de Documenta que reveló la existencia de una glosa en la partida presupuestaria del Tesoro Público, que permitiría a las víctimas agredidas durante el estallido por agentes del Estado postular a una pensión de gracia. La glosa, incluida en la Ley de Presupuestos 2021, establece como requisitos que los postulantes sean acreditados por el INDH, que sus lesiones hayan ocurrido desde el 18 de octubre de 2019 en adelante y que éstas hayan implicado un menoscabo parcial o total en su capacidad de trabajo.
Dentro del INDH se respira cierta incomodidad. Tras enterarse por la prensa de la existencia de este beneficio, el instituto ofició al ministerio del Interior para obtener más antecedentes, ya que esta es la cartera que controla los más de $52.500 millones disponibles. En el oficio, el instituto pidió información sobre la cantidad de solicitudes recibidas en Interior por parte de las víctimas, cuántas han sido rechazadas, cuántas aceptadas y cuáles son los mecanismos de difusión de beneficios a víctimas de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, tras dos semanas de espera la réplica aún no llega.
Desde el ministerio del Interior indicaron a Documenta que aún se encuentran preparando las respuestas y que deberían ser despachadas en los próximos días. Mientras, la comisión formada por el INDH trabaja contra el reloj, ya que, al ser parte del presupuesto 2021, los recursos sólo podrán ser utilizados hasta diciembre. “Se ha hecho todo mal”, reconocen fuentes cercanas al proceso dentro del instituto frente a la molestia por no haberse enterado antes sobre la existencia de estos fondos.
Según información recabada por Documenta ya hay víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos que se han contactado con el INDH a través de sus diferentes sedes regionales para solicitar información sobre el proceso. Sin embargo, no habrá directrices claras hasta que los consejeros designados definan los criterios y procedimientos de acreditación de las víctimas . “La comisión recientemente formada en el INDH trabajará con la mayor celeridad posible, pero siempre considerando la complejidad de la labor encomendada y la necesidad de efectuarla con la mayor responsabilidad”, indicaron por escrito desde el instituto.