Reportaje

Home > Reportajes > Una noche de pesadilla en la comisaría de Peñalolén

Una noche de pesadilla en la comisaría de Peñalolén

La 43ª Comisaría de Peñalolén se hizo conocida por una denuncia escalofriante: se dijo que ahí cuatro detenidos fueron crucificados a una antena telefónica. La investigación reveló que no hubo crucifixión, aunque sí se esposó a los denunciantes a la antena, donde fueron denigrados. Las cámaras del lugar registraron múltiples maltratos a otras personas, incluyendo golpes a menores de edad y aplicación de polvos lacrimógenos en la cara de los detenidos. Sólo en esa comisaría 13 personas denuncian violaciones a los derechos humanos.

Por Ignacia Velasco
12/07/2021

20 de octubre de 2019. Son más de las 12 del día y el supermercado Acuenta de Tobalaba con Av. Oriental está siendo saqueado. Adentro, un joven de 17 años llena un carro con mercadería. Su nombre es Luciano. Lo acompañan su primo, de 16, y un amigo, también de 17 años. Por tratarse de menores de edad, los llamaremos Pedro y Carlos. Su participación en el saqueo no es fortuita: llegaron al lugar tras ponerse de acuerdo y ya han hecho cuatro viajes de ida y vuelta entre el supermercado y la casa de Luciano. El joven piensa ahora que su ambición le pasó la cuenta, porque en esa quinta ida a saquear fue detenido por personal del Ejército.

Con 19 años y cuando ha pasado más de un año y medio del incidente, Luciano cuenta su historia desde la terraza de la casa de su mamá en Peñalolén. Risueño, mientras conversa se balancea en su silla y mueve constantemente las manos. Los pasajes que más ha olvidado son los golpes que recibió de un carabinero. Recuerda la detención como si se tratara de una película: “La gente gritaba a cada rato ‘vienen los milicos’ y otros ‘no, no vienen los milicos’. De repente sonaron balazos ‘pa, pa, pa’, cualquier balazo al aire y todos gritaban ‘al suelo, al suelo’. Ahí estaba toda la gente con miedo, había cualquier señora gritando. Todos nos agachamos y una persona empezó a correr hacia la entrada y un milico como que le pegó un balazo, no sé si de verdad o de perdigón pero el loco no se paró más y se lo llevaron. Después nos agarraron a todos con pitillas y en harto rato nos subieron a un camión”, relata.

La primera parada del joven y sus amigos fue la 33ª Comisaría de Ñuñoa, recinto policial ubicado cerca del Estadio Nacional. Luciano cuenta que en el saqueo del Acuenta arrestaron a lo menos 40 personas que llegaron a ese lugar. Uno de ellos fue Daniel (14), quien se quedó con ellos durante el resto de la detención. Estuvieron desde las seis de la tarde hasta la madrugada del 21 de octubre, cuando los llevaron a constatar lesiones.

Luciano dice que recibió golpes leves en ese primer recinto policial. Sentía miedo: “Con todo lo que estaba mostrando la tele de los pacos, yo adentro me pasaba las medias películas, pensaba que capaz que nos peguen y nos dejen tirados”. Agrega que en la constatación de lesiones no quedó registrado ningún golpe, pero sí la hinchazón en su rodilla derecha, pues un mes atrás lo habían operado de los meniscos. Después, cuando se bajaba del furgón de vuelta en la comisaría de Ñuñoa, comenzó a chiflarle a uno de los carabineros que lo llevó a constatar lesiones, lo que provocó que le pegara un lumazo en la pierna operada.

Los jóvenes llegaron a la 43ª Comisaría de Peñalolén cerca de las seis de la mañana. Luciano calcula que pasaron una hora en el patio y luego los hicieron entrar, los registraron y los dejaron esposados en un pasillo, de pie mirando hacia la pared. Cerca también se encontraba un calabozo donde había otros detenidos adultos, a los que Luciano y su amigo Carlos comenzaron a molestar con chiflidos. El ruido provocó la llegada de uno de los policías que se encontraba de turno en la comisaría, el cabo segundo Juan Pablo Leiva Puga (27). Luciano recuerda que los insultó diciéndoles “cabros culiaos, andan haciendo puras hueás”, a lo que el adolescente contestó con otra ofensa, gritándole “paco culiao”. En respuesta, el policía lo agarró desde el cuello y le azotó la cabeza contra la pared.

Según el joven, la peor parte se la llevó Carlos. Leiva Puga azotó la cabeza de Carlos contra la pared y el adolescente respondió que no le había dolido. Como una demostración de fuerza, se azotó contra la pared y miró al policía de manera desafiante. Leiva Puga volvió a golpearlo de la misma forma.

El cabo segundo Juan Pablo Leiva Puga toma desde la nuca a Carlos para golpearlo contra la pared.

Los adolescentes ingresaron al calabozo a las ocho de la mañana. En ese lugar, Luciano se encontró con un niño de 14 años a quien llamaremos Alejandro. “Yo a ese cabro le tenía mala de afuera, de la calle y, bueno, en eso le pego porque hubo una conversa antes poniéndolo en su lugar porque andaba hablando cosas de mí afuera ”, dice. Su amigo Carlos también golpeó a Alejandro, lo que generó que cinco minutos después Leiva Puga entrara al calabozo.

“El carabinero era gigante, yo estaba cantando una canción y justo me pega un charchazo en la cara, me gritó que por qué le estaba pegando a un cabro más chico que yo”, relata Luciano. Las cámaras de vigilancia de la comisaría captaron ese “charchazo”. Leiva Puga abrió la reja y golpeó a Luciano en la cara y en la espalda. El joven cayó sobre una banca de cemento. El carabinero le gritó a pocos centímetros de su cara y lo golpeó nuevamente en el rostro y en el cuello. En la grabación Luciano se ve adolorido y aturdido, se toca la cara, la cabeza y el torso. Le toma unos segundos levantarse y empieza a escupir en el suelo mientras sostiene el costado derecho de su rostro.

Mientras Luciano se recuperaba, Leiva Puga comenzó a agredir a Carlos: le dio un manotazo en la espalda y el joven intentó refugiarse en una esquina del calabozo, pero el carabinero volvió a golpearlo, esta vez en el cuello, mientras lo reprendía. Luego sumó otro golpe cerca de las costillas, y mientras Carlos lo miraba directo a los ojos, el carabinero comenzó a golpearlo en el lado derecho del cuello con más fuerza. Unos segundos después, el joven se levantó mientras el cabo segundo hizo el ademán de irse, pero volvió a girarse hacia el adolescente y lo tomó por el cuello hasta arrinconarlo contra la pared. Al fin, el carabinero dejó el lugar y se acabaron las agresiones. Pedro y Daniel no fueron golpeados durante este segundo episodio.

Cerca de las nueve de la mañana del 21 de octubre de 2019 los adolescentes fueron liberados. Algunos alcanzaron a conversar con una observadora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organismo que recién el 6 de octubre de 2020, casi un año después, presentó una querella por los hechos descritos.

Hasta que fue liberado, Luciano no tuvo contacto con su familia –que se encontraba fuera de la comisaría sin que les confirmaran que él estaba ahí– y solo le permitieron ir al baño una vez durante las cinco horas que permaneció en el recinto policial.

Luciano reconoce que robó y respondió con agresividad e insultó a sus captores, pero sabe que eso no justifica la agresión de parte de Carabineros: “Puede ser que yo no sepa todo sobre mis derechos, pero sé que no me pueden pegar”, dice.

Según le explicó la observadora del INDH, esa noche fue acusado de hurto por su participación en el saqueo. Pese a eso, el joven dice que no pasó por un control de detención ni recibió alguna notificación respecto de ese caso. En la actualidad le preocupa trabajar y estudiar, ya que por su promedio podría ser candidato a la beca Presidente de la República para entrar a la universidad. El joven trabaja desde los 16 desabollando autos en talleres mecánicos, y aspira a ser ingeniero comercial o en mecánica.

***

Los hechos que afectaron a los cuatro adolescentes no fueron una excepción. De acuerdo con las 1.597 querellas analizadas por Documenta, ese recinto policial aparece mencionado en otras tres acciones judiciales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). En total son 13 las personas que denuncian haber sido víctimas de tortura, violencia sexual, apremios ilegítimos o violencia innecesaria en la 43ª Comisaría de Peñalolén. El recinto, que según el sitio web de Carabineros está a cargo del mayor Christian Bichett Ponce, también es el segundo con más víctimas a nivel nacional, junto con la 3ª Comisaría de Talca. El primero es la 20ª Comisaría de Puente Alto.

El caso que involucra a Luciano y a los otros jóvenes es el más avanzado: tres carabineros, entre ellos el cabo segundo Leiva, fueron reformalizados el 9 de junio de 2021 por delitos de tortura. Otro de los uniformados también está imputado por apremios ilegítimos. Además de los cuatro adolescentes, las investigaciones por el caso arrojan que otros cuatro adultos también sufrieron malos tratos esa noche.

 


CASOS RELACIONADOS

32
AÑOS

Hombre Chileno

Fecha del evento: 21-10-2019, 1:00 hrs.
Carabineros
Tortura
Peñalolén
Detenido en el sector alto de Peñalolén junto a dos adultos y un menor de edad por un supuesto robo en lugar no habitando. Una vez trasladado a la 43° Comisaría de Peñalolén denunció ser crucificado en la estructura metálica de la antena de la comisaría durante dos horas. También le pasaron gas pimienta por la cara y que fue golpeado durante la detención. Aunque la acusación de la crucifixión fue descartada por el Ministerio Público y se fijó una audiencia para sobreeseer esta causa, tres carabineros de la comisaría fueron formalizados por delitos contra esta y otras víctimas

30
AÑOS

Hombre Chileno

Fecha del evento: 20-10-2019, 23:54 hrs.
Carabineros
Tortura
Peñalolén
Parte de un grupo de detenidos en la 43º Comisaría de Peñalolén. Fue golpeado por un carabinero que lo tomó del cuello y azotó contra la pared provocando que cayera al piso. Un rato después, a las 0:12 hrs, otro carabinero le arrojó gas pimienta en dos oportunidades, lo que le causó irritación y problemas de respiración. Ambos policías fueron formalizados y quedaron en prisión preventina en Santiago 1. Como la querella del caso no está disponible, la información se basa en publicaciones del Poder Judicial.

17
AÑOS

Hombre Chileno

Fecha del evento: 20-10-2019
Carabineros
Tortura
Peñalolén
Parte de un grupo de cuatro adolescentes detenidos en la 43º Comisaría de Peñalolén y agredidos por un Carabinero que los golpeó en la cabeza y cuello mientras les hizo dejar las manos en la cabeza. Como la querella del caso no está disponible, la información se basa en publicaciones del Poder Judicial.

J.E.G.A.(22) ya estaba detenido en la comisaría un poco antes de la medianoche del 20 de octubre de 2019. Mientras se encontraba esposado con las dos manos atadas a un fierro ubicado en el pasillo del recinto policial, el cabo segundo Juan Pablo Leiva Puga lo golpeó con la mano abierta en el rostro y azotó su cabeza contra la pared provocando que se cayera. En paralelo, según la Fiscalía, el policía le dijo “cállate conchetumare, no hablís guacho culiao, qué derecho vas a tener vos”.

Toda la escena fue presenciada por el carabinero Sebastián González Faúndez (23), quien 15 minutos después se acercó al joven, sacó un polvo tipo lacrimógeno de un bolso verde y lo puso dos veces en el rostro de la víctima provocándole irritación y problemas para respirar.

El carabinero Sebastián González Faúndez le restriega polvo lacrimógeno en el rostro a J.E.G.A..

Jaime Vásquez (31) y M.M.B. se encontraban en el Sapu Carol Urzúa, ubicado a sólo dos minutos de la comisaría, cuando fueron detenidos cerca de la medianoche del 20 de octubre de 2019. Después de ser trasladados a una sala en el recinto policial, el cabo segundo Carlos Fuenzalida Gajardo (26) le ordenó a Vásquez ponerse de rodillas y lo cacheteó. El carabinero, que también tenía polvo disuasivo, se lo pasó por la cara en más de una ocasión y, según la Fiscalía,  le dijo “llevo tres días con el mismo uniforme, contigo me desquito”. Durante su declaración para la investigación, Vásquez detalló que “en el momento que me ponía este polvo le pedía que dejara, porque me costaba respirar y me ahogaba, fue como una tortura, porque yo le pedía que parara y me decía con tono burlesco que me gustaba”.

Luego vino el turno de M.M.B., quien fue reprendido por Fuenzalida cuando se sentó en una silla de la habitación. “Estai cómodo hueón”, le preguntó mientras le pegaba una cachetada que lo botó al piso y le pegó varias patadas. A M.M.B. también le restregó el polvo en la cara y cuando se quejó de que no podía respirar, Fuenzalida le dio vuelta  toda la sustancia en la cabeza y le mojó la cara, lo que intensificó el efecto del químico.

Posteriormente, cerca de la 1 de la madrugada, Fuenzalida también le echaría la misma sustancia a Francisco Veloso (33), otro de los detenidos esa noche. Veloso conversó con Documenta y explicó que esta situación se repitió con otras cinco personas con las que se encontraba detenido. “Era un carabinero alto, moreno, andaba vestido de Gope [Grupo de Operaciones Especiales] y llevaba un bolsito verde donde metía las manos y nos la pasó por la cara, era como de lacrimógena (…) El tipo nos echó ese polvo hasta dejarnos sin poder ver ni respirar ya que era demasiado picante y ardía como una quemazón”, detalla.

Las agresiones que sufrieron estos cuatro adultos y adolescentes fueron narradas por la Fiscalía Oriente durante la reformalización de los tres funcionarios policiales. En total se contabilizaron cuatro hechos: tortura de González Faúndez y Leiva Puga en contra de J.E.G.A; tortura de Leiva Puga por las agresiones contra los cuatro adolescentes (Luciano, Carlos, Pedro y Daniel) y apremios ilegítimos y tortura de Fuenzalida Gajardo por las agresiones en contra de Veloso y M.M.B. Junto con la formalización, la Fiscalía solicitó un aumento de plazo de investigación de 60 días para que se cumplan diligencias pendientes del caso, como la toma de protocolos de Estambul, diligencia fundamental para acreditar torturas, y que Carabineros entregue los sumarios de los funcionarios formalizados, lo que fue solicitado por el Consejo de Defensa del Estado, que se querelló por el caso en marzo de este año.

Actualmente los tres uniformados se encuentran cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Leiva Puga y González Faúndez estuvieron 10 días en prisión preventiva cuando fueron formalizados por primera vez, en diciembre de 2020). Sin embargo, la Corte de Apelaciones redujo la medida cautelar a la que mantienen actualmente.

***

Las primeras acusaciones contra la 43ª Comisaría de Peñalolén se conocieron el 22 de octubre de 2019, cuando el INDH presentó una querella por torturas en contra de tres adultos y un adolescente de 14 años. La denuncia se centró en una “crucifixión” en la estructura metálica de la antena de la comisaría. Los afectados también acusaron haber sido golpeados y que les restregaron una sustancia que les ardió en la cara mientras se encontraban esposados. Todo surgió a partir de su detención cerca del Unimarc de avenida Las Parcelas, en Peñalolén, durante el toque de queda.

Durante la investigación la Fiscalía solicitó revisar las cámaras de seguridad, y en respuesta a esos requerimientos, los carabineros de la misma comisaría realizaron una denuncia a la Justicia Militar después de observar que parte del personal policial había entrado al calabozo golpeando a adolescentes detenidos, situación que se repitió en los pasillos de la comisaría. La indagatoria descartó las acusaciones de crucifixión, aunque sí se pudieron acreditar las agresiones contra uno de los detenidos, Francisco Veloso, por lo que la investigación derivó en la segunda causa que hasta el momento involucra a los tres carabineros por delitos en contra de los cuatro adolescentes y otros tres adultos.

Una de las primeras conclusiones de la investigación fue que la palabra “crucifixión” sólo había sido mencionada en la querella, pero los denunciantes no mencionaron ese concepto en sus declaraciones. Sí relataron haber sido esposados entre ellos y a la antena de la comisaría, mientras podían tocar el suelo con los pies. Esta versión fue corroborada por Documenta, que conversó con dos de los acusadores: Francisco Veloso y Felipe Pereira (31), quien fue detenido esa noche junto a sus familiares, incluido su sobrino Alejandro, el niño que fue golpeado por Luciano y Carlos en el calabozo. También fue lo que relató el fiscal Miguel Orellana durante una audiencia de sobreseimiento por el caso el 23 de octubre de 2020.

Junto con las declaraciones de las víctimas, la brigada de DDHH de la PDI realizó un peritaje científico de residuos químicos de la antena porque las muñecas de quienes fueron esposados no presentaban marcas. Esa investigación determinó que existían indicios de que la antena había sido utilizada para mantener amarrados a algunos detenidos en un cambio de guardia, pero la altura del esposamiento (112 cm del suelo) no habría vulnerado los protocolos de control de detenidos.

En la audiencia también se expuso que aunque las víctimas declararon que estaban participando en una manifestación, la PDI determinó que en realidad fueron detenidos por robo, lo que a juicio del Ministerio Público es relevante por el contexto y la credibilidad de los relatos que originaron la querella. Por ese delito, Veloso fue condenado en un juicio abreviado y Pereira y sus familiares pasaron por una suspensión del procedimiento luego de admitir su responsabilidad en los hechos. Ambos dijeron a Documenta que la admisión de los delitos fue sólo para terminar con el proceso lo antes posible y que en realidad no estaban robando.

Ambos también tienen versiones bastante similares sobre lo que ocurrió en el recinto policial: estuvieron en un pasillo donde pese a estar inmovilizados les echaron un polvo que les irritó la cara y les dificultó respirar. Fueron ingresados en el calabozo y luego, cerca de las 4 de la mañana, los esposaron a la antena de la comisaría y los molestaron con frases como “son los hueones que vienen a arreglar la antena”.

Pese a que el Ministerio Público buscó que la causa se sobreseyera definitivamente, el juez Eduardo Gallardo, quien dirigió la audiencia, manifestó que ni siquiera podía descartar del todo que aquello que sí sucedió en la antena sea irrelevante desde el punto de vista penal, por lo que el sobreseimiento sólo se acogió parcialmente respecto de las acusaciones de crucifixión.

Como querellante del caso, el INDH presentó una apelación en contra de la decisión, argumentando diligencias pendientes, como el Protocolo de Estambul, respecto de tres víctimas, y una reconstitución de escena . El organismo resaltó la importancia de agotar todas las diligencias investigativas frente a casos de torturas, argumento compartido por la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), que también es querellante en la causa. El 29 de diciembre de 2020, la Corte de Apelaciones confirmó la resolución del magistrado Gallardo. La causa no ha presentado movimientos desde entonces y se mantiene admisible sin agentes del Estado formalizados.

*Todos los nombres de los menores de edad mencionados en este reportaje fueron modificados para proteger su identidad, salvo Luciano, quien ahora tiene más de 18 años y accedió a que se publicara su nombre real. Se mantiene en reserva con iniciales la identidad de las víctimas que no han sido mencionadas en otras publicaciones periodísticas y que no fueron contactadas por Documenta.