Mujeres embarazadas también sufrieron la represión tras el 18-O

Por otro lado, a pesar de que existe una obligación de los funcionarios de Carabineros de usar una tecnología llamada Simcard —que permite identificar de inmediato a quienes detienen con un sistema de lectura de huellas digitales, saber qué oficial salió de qué comisaría y el trayecto que hace, gracias a un GPS— esta regla no se cumple.

“Fuerzas Especiales y Control de Orden Público no salen con Simcard. Nunca. Por lo tanto, si una víctima dice: ‘Me dieron vuelta dos horas antes de llevarme a la unidad policial, mientras yo me desangraba’, o si Carabineros dice que detuvieron a una persona en un lugar conflictivo, cuando en realidad ocurrió en la puerta de su casa, no tenemos cómo determinarlo”, señala una fuente cercana a la fiscalía.

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El impacto psicológico de los abusos por parte de agentes del Estado es particularmente fuerte. No solo por la naturaleza de la agresión que ya en sí provoca un trauma, sino que también por la revictimización que muchas mujeres aseguran sufrir una vez que llegan a los servicios de salud. Varias de las embarazadas entrevistadas por Documenta relataron haber sido maltratadas por médicos y matronas. En dos de las querellas presentadas por el INDH, denunciaron “la brusquedad del procedimiento intrauterino por parte del personal médico” en un caso, y la “excesiva brusquedad tanto en (las) acciones, el modo y (el) tono” de la matrona, en el otro.

Jeniffer Montero, la mujer que recibió cinco perdigones en Rancagua, se demoró mucho tiempo en superar lo que había vivido:

“Esto me tuvo muy mal. Me sentí vulnerada, atacada, con miedo, rabia. Y lo más terrible es que en la salud pública, cuando fui a urgencias debido a mi hemorragia, me hicieron sentir como si yo fuera la delincuente”.

Al llegar a su casa, el día en que recibió los perdigones, Jeniffer se limpió las heridas con agua de colonia y se acostó. No quería preocupar a sus hijos. Pasó mala noche por el dolor, pero al día siguiente se levantó como siempre y fue a trabajar. Preocupados porque le costaba caminar, sus colegas la llevaron al Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), donde la examinaron, le tomaron una radiografía de la espalda, le indicaron curaciones en el muslo y medicamentos. Esa misma noche sintió mucho dolor en la zona lumbar y en los ovarios. Lo asoció al golpe de los balines, pero el miércoles 30 amaneció con una hemorragia vaginal.

Llegó al servicio de urgencia del hospital regional de Rancagua. La atención fue expedita y buena en un principio, hasta que Jeniffer contó lo que le había pasado. Entonces, el trato cambió. En el informe médico que le hizo en enero de este año el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, con fines de documentar su credibilidad en eventuales acciones judiciales, Jeniffer relató: “No me informaban de nada, me retaban porque tomaba agua, porque ensuciaba las sábanas. Me decían que cómo se me ocurría andar en la protesta, que por eso me habían baleado”.

Ahora, desde su oficina en Rancagua, dice que es primera vez que vuelve a hablar de esos días. Prefiere borrarlos. Después del 28 de octubre, comenzó a tener dificultades para dormir, ansiedad permanente por comer y pocas ganas de levantarse y seguir su rutina diaria. El informe médico le diagnosticó, entre otras cosas, “estrés postraumático”, registró que su nivel de concentración, su memoria y sus funciones cognitivas estaban “interferidas por la carga emocional presente” y que presentaba un ánimo “decaído”.

Esa día en el hospital, recuerda Jeniffer, preguntó una y otra vez por su diagnóstico. Pensó que podía estar embarazada, pero nadie se lo confirmó. Esa noche, la dejaron hospitalizada. El dolor en el muslo se había intensificado: la herida seguía supurando. Pero cuando pidió que le hicieran una curación, se negaron.

Ahora sabe que esa noche le aplicaron Misotrol para hacerle un raspaje la mañana siguiente. “Recién en el pabellón confirmé que estaba embarazada y que había perdido la guagua”, dice.

Tuvieron que pasar cuatro días más para que en un control en el IST le hicieran una ecografía para ver la evolución de la herida en el muslo.

“Ahí apareció el perdigón. Estaba incrustado”.

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El doctor Enrique Morales, presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, divide el tiempo que su servicio lleva funcionando en dos períodos: el primero se extiende de 2011 al 18 de octubre de 2019; el segundo, desde esa fecha en adelante. En el marco de tres meses, afirma, el Colegio Médico atendió tres veces más casos de los que había visto en los 8 años anteriores. Y notó que los patrones se repetían.

“El perfil de vulneraciones que vimos venía de antes. Los daños provocados por balines, el impacto de bombas lacrimógenas a corta distancia, las golpizas, la violencia sexual y psicológica y los desnudamientos en las comisarías son vulneraciones que ya se daban, pero que se masificaron y se generalizaron a todas las regiones”, sostiene.

Los apremios ilegítimos y torturas contra embarazadas también existieron antes del 18 de octubre. El médico recuerda a una mujer que buscó defender a unos estudiantes que carabineros estaban golpeando, cerca de la estación de metro Universidad Católica. La detuvieron y llevaron a la comisaría donde, entre otras cosas, una carabinera le pegó de puntapié en la zona genital, mientras dos oficiales la sujetaban. El sangramiento fue inmediato, pero tuvo que esperar horas para que la llevaran al hospital, donde se comprobó que había sufrido un aborto.

Lorena Lizama, una feriante de 31 años, de Cerrillos, con un grado de discapacidad laboral producida por problemas psicológicos, vivió una experiencia similar, también antes del día del estallido. El 14 de octubre de 2019 cerca de las 10 de la mañana, iba saliendo de un control médico en el Hospital Barros Luco con su pareja, cuando una patrulla de Carabineros les pidió los documentos. Él tiene antecedentes por robo con intimidación y, a pesar de que había cumplido su condena, los oficiales los llevaron detenidos a la comisaría de San Miguel.

“Yo tenía cuatro meses de embarazo y se me notaba la guatita, pero ellos me redujeron, poniéndome una mano en el cuello y tirándome el otro brazo hacia atrás. Después me lanzaron con fuerza contra la parte delantera del auto policial, donde tienen esa barra de metal. Me pegaron en todas partes: la guata, el cuello, los brazos, las piernas, la espalda”.

Lorena sintió sangre correr entre sus piernas. Les dijo que estaba embarazada, pero los funcionarios no se inmutaron. Recuerda que se reían de ella: “No, si es mentira”. Y que la insultaban: “Maraca culiá, yo te puedo pegar igual, si soy la señora de un delincuente”. La dinámica se mantuvo en la comisaría también, durante largas horas. En la tarde, cerca de las seis, la pareja de Lorena fue liberada y ella llevada a constatar lesiones al Barros Luco. En ese momento seguía teniendo latidos fetales.

De regreso en la comisaría, el dolor que sentía Lorena en el abdomen fue aumentando.

“Yo tenía la ropa manchada con sangre, pero ellos me veían y se reían. Les suplicaba que me llevaran de vuelta al Barros Lucos, y respondían: ‘Ya, si ya vienen a buscarte’, pero yo los escuchaba que decían: ‘No, si la vamos a dejar aquí’”, cuenta Lorena.

Eran cerca de las dos de la mañana cuando, finalmente, la trasladaron al servicio de urgencia. El trato no fue bueno.

—Qué tanto andai llorando si al final es normal que andís sangrando —le dijo la matrona que la atendió.

No hizo mucho más antes de mandarla de vuelta a la comisaría. Pasó el resto de la noche sangrando en el calabozo. Durmió en el suelo, junto a 10 personas más. Entre ellas había otra embarazada.

En la madrugada la llevaron a control de detención y de ahí se fue directamente al Hospital El Carmen. Pero era demasiado tarde.

“Me pusieron un ultrasonido y me dijeron altiro: ‘Parece que tu bebé está muerto’. Me tuvieron que abrir la cesárea que tenía y me lo sacaron. Por lo menos, me pude despedir”.

En los días que siguieron, Lorena recibió la visita de Irma Carrasco, una de las matronas que integró un grupo de voluntarias organizado por el Colegio de Matronas Regional Santiago para atender casos de violaciones a los derechos humanos.

Esa red fue creada por Katiuska Rojas, presidenta del colegio, justamente para hacerle frente a un problema que se hizo cada vez más evidente: un número creciente de mujeres vulneradas se negaba a acudir a los servicios de salud, debido al maltrato y la violencia obstétrica.

La idea de las voluntarias era apoyar a las víctimas, acompañarlas en el proceso de recuperación, y formar a las matronas en los protocolos internacionales a seguir en los casos de violaciones de los DD.HH. Además, apenas tomaban conocimiento de un caso, informaban al INDH y al Colegio Médico.

Lamentablemente, la iniciativa se quedó pronto sin financiamiento y muchas de las pacientes, Lorena incluida, se sintieron abandonadas.

Para ella, ese sentimiento se intensificó cuando se dio cuenta de que el INDH tampoco hizo un seguimiento de su caso. Desde octubre, Lorena Lizama ha llamado regularmente a la representante del instituto con quien habló la mañana del control de detención. Pero sus gestiones han sido infructuosas y su caso aún no ha sido judicializado.

“¿Sabes cuál es la respuesta que me dieron una vez: ‘Es que hay muchos casos, hay muchas personas a las que les mutilaron el ojo”’ —dice con voz acongojada—.

Yo lo tengo claro. Sé que están saturados, pero yo igual perdí un bebé”.

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 El escaso contacto con el INDH es una queja recurrente entre las víctimas. Después de enviarle al instituto el informe del Colegio Médico, en enero pasado, Jeniffer Montero, de Rancagua, no recibió más noticias de la abogada con la cual estaba en contacto. En agosto, le escribió un mensaje por Whatsapp preguntándole si había novedades. La jurista le indicó: “Yo trabajo en nivel central en Santiago, y su causa fue derivada a la región de O’Higgings. Entiendo que profesionales deben contactarla en la medida que fiscalía avance en diligencias de la investigación”. Luego agregó: “Las investigaciones han avanzado muy lento porque fiscalía se llenó de denuncias y querellas”.

Bajo el nombre de Jeniffer Montero, sin embargo, no figura ninguna causa en el Juzgado de Rancagua y, consultada al respecto, la Unidad Jurídica Judicial del INDH confirmó que en “los casos ingresados por los formularios de denuncia y sistema integral de atención a la ciudadanía” no existen coincidencias con su nombre ni el de Lorena Lizama.

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Karin Huber, de 33 años, madre de dos hijos de 12 años y 10 meses, y residente de la comuna de Estación Central, es una de las mujeres que optó por presentar una querella de manera particular. Lo hizo con la ayuda de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo(Codepu).

Karin tenía 28 semanas de embarazo el 29 de octubre del año pasado, cuando, cerca de las 21 horas, salió de su trabajo en un restaurante cerca de Canal 13, en Providencia. Desde el estallido, evitaba tomar el metro en la estación Salvador, porque era un sector crítico. Esa tarde, se dirigió hacia el paradero de la micro y sintió el aire más pesado que nunca por las bombas lacrimógenas.

“No pasaban micros, entonces estuve mucho rato esperando. Luego caminé hacia otros paraderos, pero las calles estaban cerradas”, relata.

Terminó pidiendo un taxi. Al llegar a su casa aún le picaba la garganta y le dolía la cabeza. Fue una noche “relajada”, en que comió en familia y se acostó. Los problemas empezaron al día siguiente, cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo líquido amniótico y partió al Hospital San Juan de Dios.

“Altiro me dijeron: ‘Te quedas acá’, porque era una rotura de membrana. Yo había ido a control poco antes y mis exámenes estaban impecables. Entonces, le pregunté al doctor si lo que me había pasado podía ser porque había estado muy expuesta al gas lacrimógeno y me dijo que sí”.

Distintos estudios, a nivel internacional, han vinculado la exposición a gases utilizados para controlar las protestas —en particular el clorobenzilideno malononitrilo, más conocido como gas CS— con partos prematuros y muerte fetal. Un peritaje realizado por el Centro de Equipo Mayor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, adjunto a la querella que Karin presentó, indica que “con el tiempo, el calor y la humedad” el gas CS termina generando “cianuro de hidrógeno, que es muy tóxico y, por encima de concentraciones tolerables, letal”.

“Hay trabajos que muestran que la exposición a algunos agentes lacrimógenos, y sobre todo el CS, pueden producir partos prematuros, mortinatos, abortos e incluso impedir la implantación del huevo fecundado”, confirma el doctor Andrei Tchernitchin, especialista en biología de la reproducción y en toxicidad ambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

Karin pasó cinco semanas hospitalizada para evitar un parto prematuro. Los pulmones de su hijo no se habían desarrollado lo suficiente y le pedían que se quedara en cama de manera permanente para darle tiempo. Fueron semanas pesadillescas.

“Fue una angustia tremenda. No sabía cómo iba a nacer mi hijo, tuve que dejar a Matías, el mayor, en la casa. Como mi pareja trabajaba, me tocó mandarlo solo a clases y del colegio me llamaban y pedían que fuera, aunque estuviera hospitalizada. Incluso amenazaron con mandar a Carabineros a la casa y dijeron que si estaba solo se lo llevarían por abandono. Fue terrible”.

Una prima de Karin pasó a ser la apoderada de Matías y lo recibía después de sus clases. El estrés fue tal que Karin tuvo que empezar a tomar antidepresivos durante el embarazo. Hasta el día de hoy sufre crisis de angustia, algo que nunca le había pasado antes. Su guagua nació de 33 semanas, ahogada. Tuvo que ser reanimada y conectada a un ventilador mecánico durante 24 horas antes de poder respirar con apoyo de oxígeno y, luego, sola.

Mariela Santana, abogada de la Codepu, presentó la querella de Karin Huber por lesiones graves el 15 de mayo de este año. Ya se iniciaron las primeras diligencias, pero la tramitación ha sido lenta. La jurista pretende hacer declarar al director general de Carabineros, Mario Rozas, por este y otros casos que lleva. Es algo que Karin también quiere:

“Yo espero que se encuentre a los principales responsables y que no se culpe a un carabinero o un cuadrante. Esto tiene que llegar mucho más arriba, porque son órdenes grandes las que permiten que estén envenenando las calles deliberadamente. ¿Qué gano yo con que un carabinero se vaya preso si se siguen cometiendo las mismas atrocidades?”

Karin llamó a su hijo Lobbo. El niño es sano, pero su madre no consigue dejar atrás lo ocurrido. Aún siente rabia.

“Ojalá, en algún momento, todas estas querellas se junten y lleguen a donde corresponde, para que todos nosotros nos quedemos tranquilos de que se hizo justicia de verdad. Para que algo cambie de verdad”.