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Mujeres embarazadas también sufrieron la represión tras el 18-O

Marco Valdés (@marco.valdespaillaqueo)

Desde el 18 de octubre, el INDH ha presentado cinco querellas por apremios ilegítimos y tortura contra mujeres embarazadas. Dos de ellas tuvieron abortos. Las vulneraciones incluyen golpes, patadas en el abdomen, heridas de perdigones, burlas y humillaciones, intoxicación con gas lacrimógeno y la decisión voluntaria de los responsables de no asistirlas incluso cuando estaban con síntomas de pérdidas. Documenta habló con algunas de las víctimas.

Daniela Mohor W.
21/10/2020

Eran pasadas las 18 horas y Jeniffer Montero —una mujer de 36 años, de baja estatura, melena castaño oscuro— iba camino a su casa en Rancagua.

Volvía de su oficina, una empresa de recursos humanos ubicada cerca de la Plaza de Armas de esa ciudad. Iba con la premura de llegar a ver a sus dos hijos de 14 y seis años. Solo se había detenido a comprar pan en un almacén de la calle Independencia.

Desde el inicio del estallido social, Jeniffer había renunciado a usar el transporte público, porque las protestas enlentecían mucho el tráfico; caminando no se demoraba más de 20 minutos en llegar a su casa. Ese 28 de octubre de 2019, como todos los días, enfiló por la calle Alameda. Se encontró con una marcha; parecía pacífica, lo que la alentó a seguir. Había ancianos, familias con niños, no se veían disturbios y, de todos modos, era el trayecto que debía seguir para alcanzar su destino.

Sorpresivamente, el ambiente cambió. Todo ocurrió muy rápido. La gente comenzó a correr y, al final de la columna de manifestantes, Jeniffer vio dos carros lanza-aguas y un zorrillo avanzar por la multitud. Desde un bus institucional, estacionado al otro lado del bandejón, se bajaron decenas de efectivos de Fuerza Especiales. Jeniffer sintió el aire cargarse de gas lacrimógeno, escuchó perdigones y gritos.

“De pronto, sentí algo en la espalda, como si alguien me hubiera empujado. Miré y no había nadie. No sentí dolor. En ese momento vi a un niño en la ciclovía que lloraba y su mamá pedía ayuda. Cuando me acerqué a ellos, me di cuenta de que yo tenía en la pierna izquierda un hoyo en el pantalón y que salía sangre. Me asusté y corrí hasta mi casa para revisarme”, dice.

A Jeniffer Montero la habían alcanzado cinco perdigones: uno en la zona escapular y tres en la parte lumbar de la espalda que no atravesaron su ropa, pero dejaron voluminosas marcas rojas. El quinto perdigón, en cambio, se alojó en la parte interna del muslo y ahí quedó. Lo que no sabía Jeniffer entonces es que estaba embarazada. Se enteraría dos días después, cuando tuvo que ser hospitalizada por un aborto producto de sus lesiones.

Las contusiones que dejaron dos de los cinco perdigones que recibió Jenniffer Montero.

En el último año, las repetidas vulneraciones de los derechos humanos cometidas por agentes del Estado desde el estallido social se han convertido en un hecho notorio. En este contexto, los casos de mujeres embarazadas que se enfrentaron a abuso policial son menos conocidos. De las 1.288 querellas presentadas por el INDH analizadas por Documenta, cinco corresponden a casos de mujeres embarazadas víctimas de tortura y apremios ilegítimos. Dos de ellos resultaron en la pérdida del hijo en gestación. A esos, sin embargo, se suman querellas interpuestas de manera particular y casos, como el de Jeniffer, que aún no han sido judicializados.

Todos dan cuenta de la brutalidad sin límites de las fuerzas policiales contra mujeres en estado de particular vulnerabilidad, de los procedimientos irregulares a los que recurren los funcionarios de Carabineros para protegerse, del prejuicio y de la revictimización a los que son sometidas estas mujeres a la hora de buscar atención médica y de las falencias de un sistema que les hace difícil contar con toda la información necesaria para acceder en tiempos debidos a la justicia.

De las querellas interpuestas por el INDH, tres son de la Región Metropolitana, una de la Región de Coquimbo y otra de la Región de Tarapacá. Son relatos de una violencia desmedida, como en el caso de una joven de 21 años detenida el 14 de enero de 2020 en una marcha en Iquique. Fue golpeada en el rostro, tomada desde el cuello y ahorcada al momento de la detención. Luego los oficiales la subieron con una patada en la espalda al furgón y la lanzaron con rabia contra el suelo. La víctima tenía 10 semanas de embarazo; no se le notaba, pero ella les advirtió a los carabineros, a lo que ellos respondieron: “Qué vas a estar embarazada tú, ser inculiable”. Dos de ellos la apuntaban con armas. La semana siguiente, la joven tuvo que acudir a urgencias por una hemorragia y se le informó que había sufrido un aborto. Aunque la fiscalía de Tarapacá aún está indagando “antecedentes que permitan vincular el aborto con los apremios ilegítimos denunciados”, cuesta no relacionar los dos hechos.

Otro caso, ocurrido en Coquimbo, destaca por el ensañamiento de Carabineros contra a un grupo de mujeres arrestadas en las protestas, el 23 de octubre de 2019. Una de ellas tenía tres meses de embarazo. Los policías las llevaron a la Segunda Comisaría, donde varias carabineras las obligaron —a distintas horas del día y por grupos de dos o tres— a desnudarse por completo, realizar sentadillas y otros gestos de connotación sexual. Esto, pese a que meses antes del 18-O, en marzo de 2019, Carabineros modificó su protocolo prohibiendo esta práctica.

Cerca de las 20:30 horas, las dejaron en un calabozo al que le tiraron gas lacrimógeno que les provocó náuseas y vómitos. La causa, como en la mayoría de los casos, sigue en proceso de investigación.

***

Karina Belmar tiene 34 años y hasta hace dos meses vivía en Recoleta, en la esquina de Bombero Núñez con Bellavista, al lado de la bomba de bencina Petrobras. Durante el estallido social, el lugar fue un punto neurálgico de las protestas que se iniciaban en Plaza Italia, y Karina estaba acostumbrada a que todos los días hubiera disturbios frente a su casa. Por eso, se preocupaba de salir cuando la multitud se había dispersado y el ambiente se notaba tranquilo. Estaba embarazada de 12 semanas.

Sus precauciones, sin embargo, no le permitieron salvarse de la violencia policial.

El 12 de diciembre, alrededor de las 20:45 horas, fue a comprar a un negocio cercano. Caminó de ida y de vuelta, sin apuro. Una vez en la tienda, pagó por el pan, el papel higiénico y otros productos que necesitaba, los guardó en bolsas y tomó rumbo a su casa. La calle estaba despejada, salvo por dos adolescentes sentados en la bencinera y una mujer que iba unos metros detrás de ella. Le faltaba poco para llegar cuando, de un minuto a otro, la esquina se llenó de carabineros.

“No sé de dónde aparecieron tantas patrullas, si no había nadie en ese momento. ¡Fue como si hubiesen caído de un árbol!”, recuerda.

Un funcionario se bajó de una motocicleta y se abalanzó sobre la mujer que caminaba detrás de Karina. Sin pensarlo, ella se acercó para ayudarla a pararse, pero entonces otro oficial se bajó de una radiopatrulla. Ni él ni el resto de los patrulleros llevaban puesto su nombre en el chaleco antibalas, asegura Karina. El hombre, que recuerda mayor y “cercano a jubilarse”, se le acercó de manera amenazante.

—¡Ándate pa’dentro!, ¡éntrate! — gritaba.

—No te acerques, estoy embarazada —alcanzó a decirle Karina, estirando los brazos hacia adelante para protegerse.

No sirvió.

El oficial le miró la cara, bajó la vista hacia su abdomen y le pegó una patada en la parte baja del vientre.

—Lo hizo con intención— se enrabia Karina.

La mujer no pudo levantarse del dolor. A esas alturas, a las patrullas se había sumado un contingente de Fuerzas Especiales y el operativo también había atraído a vecinos y transeúntes. El ambiente se caldeó.

Un video publicado en la página de Facebook de Identidades Gráficas, muestra los minutos que siguieron el ataque. Karina está choqueada, sollozando y preocupada por su guagua. Se la ve sentada en la acera, rodeada de gente que busca ayudarla o filmando con sus celulares. Más cerca de ella, paramédicos la atienden en espera de una ambulancia. En torno a este grupo se ve a cerca de diez oficiales de Fuerzas Especiales y dos furgones de esa unidad, los que reciben proyectiles de todo tipo y puntapiés. Se escuchan insultos contra los carabineros. Karina sigue llorando y quejándose, atónita.

Lo que no está documentado en el video es que, según cuenta hoy la víctima, el carabinero que la golpeó dejó la radiopatrulla abandonada en la calle y corrió a resguardarse entre la fuerza de élite.

“Ellos le decían ‘ándate para atrás no más, pasa’ y él se subió a uno de los furgones. Los Fuerzas Especiales me querían llevar al hospital San José, pero yo les dije que no. No me iba a subir, tenía miedo. ¿Y si después no volvía más? ¿Si desaparecía?”

Según cuenta Karina, la insistencia de la policía para llevarla al centro de salud fue persistente. El piquete incluso obstruyó el camino de la ambulancia para impedir su paso. Quizás por la creciente agresividad de los vecinos, quizás por la intervención de los paramédicos, finalmente desistieron de trasladarla.

En el hospital, el ginecólogo Gonzalo Rubio le hizo una ecografía y constató que el feto seguía vivo. El médico explica que tuvo suerte, porque durante el primer trimestre de gestación el útero aún se encuentra dentro de la pelvis y está más protegido. Las imágenes incluídas en la querella muestran, sin embargo, que Karina quedó con un hematoma ancho y largo de varios centímetros en la zona abdominal. El Cesfam de Recoleta, al que fue el día siguiente, consignó, además, la existencia de “un golpe traumático en zona posterior por caída a nivel”.

El moretón que dejó en el vientre de Karina Belmar la patada de un carabinero.

Karina tuvo a su hija el 22 de junio; la llamó Marita Eluney. No hubo complicaciones durante el embarazo ni durante el parto. Pero después del 12 de diciembre, Karina no salió de su casa, salvo para los controles médicos. A esas citas fue siempre acompañada. Tardó meses en vencer el miedo.

***

A casi un año de los hechos, la investigación del caso de Karina Belmar avanza muy lentamente, como la mayoría de las causas de violaciones a los derechos humanos. Los abogados explican el retraso debido a la pandemia, la falta de peritos expertos en este tipo de delitos y de suficientes fiscales para la cantidad de causas. Otros lo atribuyen también a la limitada colaboración por parte de Carabineros.

—Entregan la información gota a gota —indica una fuente cercana a la fiscalía—. Si uno les pide A y ellos ven que B también te sirve, no te lo van a entregar. O si, por error, alguien tipea “20 de octubre de 1919” en vez de “2019”, van a contestar que en esa fecha no existía Carabineros.

El caso de Karina Belmar ilustra con claridad esa dinámica, así como la existencia de ciertas irregularidades que hacen más difícil conseguir pruebas. Fuentes cercanas a la investigación indican que al inicio la fiscalía pidió información sobre las patrullas que habían estado en el lugar ese día y la institución policial no respondió. Tras revisar videos, se aportaron nuevos antecedentes, pero la Brigada de Derechos Humanos de la PDI y la fiscalía aún no han logrado definir qué funcionarios y qué dotaciones participaron de los hechos.

Esto podría deberse a que parece haber estado involucrado un nuevo tipo de unidades de control del orden público, creado para apoyar a las Fuerzas Especiales. Se trata de las llamadas “patrullas de reacción rápida”, desconocidas para la PDI y la fiscalía hasta hace pocas semanas. Estos grupos están a cargo de la prefectura y no de las unidades policiales de las comisarías, lo que dificulta también la identificación de quienes estuvieron presentes durante este y otros episodios de abuso policial.


CASOS RELACIONADOS

33
AÑOS

Mujer Chilena

Fecha del evento: 12-12-2019, 20:45 hrs.
Carabineros
Tortura
Recoleta
Se dirigía hacia su casa caminando por Bellavista cuando vio varios vehículos de Carabineros que se detuvieron en el lugar. Recuerda haber visto cómo un funcionario se abalanzó por la espalda sobre una mujer y la hizo caer al suelo, por lo que se acercó a asistirla cuando el mismo policía se interpuso en su camino. La denunciante, que en ese momento tenía 12 semanas de embarazo, trató de alejarse y le dijo que no se le acercara porque estaba embarazada. El policía le miró el rostro y el abdomen y le dijo "ándate pa adentro" y le dio un golpe con el pie en el abdomen, con lo que cayó al suelo. Las personas que estaban alrededor y otros policías se acercaron a ayudarla y el responsable se dio a la fuga. En la urgencia se constató que el feto se encontraba bien pese a que la víctima fue diagnosticada con una contusión abdominal.

AÑOS

Mujer Chilena

Fecha del evento: 30-10-2019, 21:00 hrs.
Carabineros
Lesiones graves
Providencia
Fue víctima de gases lacrimógenos lanzados por Carabineros cerca del lugar donde esperaba transporte, saliendo de su trabajo. Embarazada de 28 semanas, fue internada en el Hospital San Juan de Dios y tuvo un parto prematuro (33 semanas) por la inhalación de los gases.

22
AÑOS

Mujer Chilena

Fecha del evento: 14-01-2020, 1:30 hrs.
Carabineros
Apremios ilegítimos
Iquique
Mujer embarazada de diez semanas que se manifestaba junto a su madre en Héroes de la Concepción con Las Rosas cuando fue detenida por funcionarios de Carabineros. Los policías le pegaron en la cara con la palma abierta, la agarraron del cuello, la tironearon de la ropa y le pegaron una patada en la espalda para luego meterla a un furgón. Allí, la apuntaron con armas y la insultaron constantemente, y cuando la víctima les informó que estaba embarazada le dijeron: “cállate maraca culia”, “que vas a estar embarazada tú, ser inculiable”. Posteriormente fue trasladada a la 4° Comisaría de Iquique y fue a constatar lesiones al Hospital Regional. La dejaron en libertad horas después. A la semana siguiente la víctima sufrió la pérdida de su embarazo.

34
AÑOS

Mujer Chilena

Fecha del evento: 23-10-2019, 18:30 hrs.
Carabineros
Tortura
Coquimbo
Parte de un grupo de mujeres que fueron detenidas durante manifestaciones y que llegaron a la 2° Comisaría de Coquimbo, donde fueron obligadas a desnudarse por completo y hacer sentadillas. Además fueron rociadas con gas pimienta cuando las metieron al mismo calabozo. La víctima estaba embarazada de tres meses pero recibió el mismo trato de las otras, a excepción de que no tuvo que hacer sentadillas.

Por otro lado, a pesar de que existe una obligación de los funcionarios de Carabineros de usar una tecnología llamada Simcard —que permite identificar de inmediato a quienes detienen con un sistema de lectura de huellas digitales, saber qué oficial salió de qué comisaría y el trayecto que hace, gracias a un GPS— esta regla no se cumple.

“Fuerzas Especiales y Control de Orden Público no salen con Simcard. Nunca. Por lo tanto, si una víctima dice: ‘Me dieron vuelta dos horas antes de llevarme a la unidad policial, mientras yo me desangraba’, o si Carabineros dice que detuvieron a una persona en un lugar conflictivo, cuando en realidad ocurrió en la puerta de su casa, no tenemos cómo determinarlo”, señala una fuente cercana a la fiscalía.

***

El impacto psicológico de los abusos por parte de agentes del Estado es particularmente fuerte. No solo por la naturaleza de la agresión que ya en sí provoca un trauma, sino que también por la revictimización que muchas mujeres aseguran sufrir una vez que llegan a los servicios de salud. Varias de las embarazadas entrevistadas por Documenta relataron haber sido maltratadas por médicos y matronas. En dos de las querellas presentadas por el INDH, denunciaron “la brusquedad del procedimiento intrauterino por parte del personal médico” en un caso, y la “excesiva brusquedad tanto en (las) acciones, el modo y (el) tono” de la matrona, en el otro.

Jeniffer Montero, la mujer que recibió cinco perdigones en Rancagua, se demoró mucho tiempo en superar lo que había vivido:

“Esto me tuvo muy mal. Me sentí vulnerada, atacada, con miedo, rabia. Y lo más terrible es que en la salud pública, cuando fui a urgencias debido a mi hemorragia, me hicieron sentir como si yo fuera la delincuente”.

Al llegar a su casa, el día en que recibió los perdigones, Jeniffer se limpió las heridas con agua de colonia y se acostó. No quería preocupar a sus hijos. Pasó mala noche por el dolor, pero al día siguiente se levantó como siempre y fue a trabajar. Preocupados porque le costaba caminar, sus colegas la llevaron al Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), donde la examinaron, le tomaron una radiografía de la espalda, le indicaron curaciones en el muslo y medicamentos. Esa misma noche sintió mucho dolor en la zona lumbar y en los ovarios. Lo asoció al golpe de los balines, pero el miércoles 30 amaneció con una hemorragia vaginal.

Llegó al servicio de urgencia del hospital regional de Rancagua. La atención fue expedita y buena en un principio, hasta que Jeniffer contó lo que le había pasado. Entonces, el trato cambió. En el informe médico que le hizo en enero de este año el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, con fines de documentar su credibilidad en eventuales acciones judiciales, Jeniffer relató: “No me informaban de nada, me retaban porque tomaba agua, porque ensuciaba las sábanas. Me decían que cómo se me ocurría andar en la protesta, que por eso me habían baleado”.

Ahora, desde su oficina en Rancagua, dice que es primera vez que vuelve a hablar de esos días. Prefiere borrarlos. Después del 28 de octubre, comenzó a tener dificultades para dormir, ansiedad permanente por comer y pocas ganas de levantarse y seguir su rutina diaria. El informe médico le diagnosticó, entre otras cosas, “estrés postraumático”, registró que su nivel de concentración, su memoria y sus funciones cognitivas estaban “interferidas por la carga emocional presente” y que presentaba un ánimo “decaído”.

Esa día en el hospital, recuerda Jeniffer, preguntó una y otra vez por su diagnóstico. Pensó que podía estar embarazada, pero nadie se lo confirmó. Esa noche, la dejaron hospitalizada. El dolor en el muslo se había intensificado: la herida seguía supurando. Pero cuando pidió que le hicieran una curación, se negaron.

Ahora sabe que esa noche le aplicaron Misotrol para hacerle un raspaje la mañana siguiente. “Recién en el pabellón confirmé que estaba embarazada y que había perdido la guagua”, dice.

Tuvieron que pasar cuatro días más para que en un control en el IST le hicieran una ecografía para ver la evolución de la herida en el muslo.

“Ahí apareció el perdigón. Estaba incrustado”.

***

El doctor Enrique Morales, presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, divide el tiempo que su servicio lleva funcionando en dos períodos: el primero se extiende de 2011 al 18 de octubre de 2019; el segundo, desde esa fecha en adelante. En el marco de tres meses, afirma, el Colegio Médico atendió tres veces más casos de los que había visto en los 8 años anteriores. Y notó que los patrones se repetían.

“El perfil de vulneraciones que vimos venía de antes. Los daños provocados por balines, el impacto de bombas lacrimógenas a corta distancia, las golpizas, la violencia sexual y psicológica y los desnudamientos en las comisarías son vulneraciones que ya se daban, pero que se masificaron y se generalizaron a todas las regiones”, sostiene.

Los apremios ilegítimos y torturas contra embarazadas también existieron antes del 18 de octubre. El médico recuerda a una mujer que buscó defender a unos estudiantes que carabineros estaban golpeando, cerca de la estación de metro Universidad Católica. La detuvieron y llevaron a la comisaría donde, entre otras cosas, una carabinera le pegó de puntapié en la zona genital, mientras dos oficiales la sujetaban. El sangramiento fue inmediato, pero tuvo que esperar horas para que la llevaran al hospital, donde se comprobó que había sufrido un aborto.

Lorena Lizama, una feriante de 31 años, de Cerrillos, con un grado de discapacidad laboral producida por problemas psicológicos, vivió una experiencia similar, también antes del día del estallido. El 14 de octubre de 2019 cerca de las 10 de la mañana, iba saliendo de un control médico en el Hospital Barros Luco con su pareja, cuando una patrulla de Carabineros les pidió los documentos. Él tiene antecedentes por robo con intimidación y, a pesar de que había cumplido su condena, los oficiales los llevaron detenidos a la comisaría de San Miguel.

“Yo tenía cuatro meses de embarazo y se me notaba la guatita, pero ellos me redujeron, poniéndome una mano en el cuello y tirándome el otro brazo hacia atrás. Después me lanzaron con fuerza contra la parte delantera del auto policial, donde tienen esa barra de metal. Me pegaron en todas partes: la guata, el cuello, los brazos, las piernas, la espalda”.

Lorena sintió sangre correr entre sus piernas. Les dijo que estaba embarazada, pero los funcionarios no se inmutaron. Recuerda que se reían de ella: “No, si es mentira”. Y que la insultaban: “Maraca culiá, yo te puedo pegar igual, si soy la señora de un delincuente”. La dinámica se mantuvo en la comisaría también, durante largas horas. En la tarde, cerca de las seis, la pareja de Lorena fue liberada y ella llevada a constatar lesiones al Barros Luco. En ese momento seguía teniendo latidos fetales.

Ecografía de Lorena Lizama

De regreso en la comisaría, el dolor que sentía Lorena en el abdomen fue aumentando.

“Yo tenía la ropa manchada con sangre, pero ellos me veían y se reían. Les suplicaba que me llevaran de vuelta al Barros Lucos, y respondían: ‘Ya, si ya vienen a buscarte’, pero yo los escuchaba que decían: ‘No, si la vamos a dejar aquí’”, cuenta Lorena.

Eran cerca de las dos de la mañana cuando, finalmente, la trasladaron al servicio de urgencia. El trato no fue bueno.

—Qué tanto andai llorando si al final es normal que andís sangrando —le dijo la matrona que la atendió.

No hizo mucho más antes de mandarla de vuelta a la comisaría. Pasó el resto de la noche sangrando en el calabozo. Durmió en el suelo, junto a 10 personas más. Entre ellas había otra embarazada.

En la madrugada la llevaron a control de detención y de ahí se fue directamente al Hospital El Carmen. Pero era demasiado tarde.

“Me pusieron un ultrasonido y me dijeron altiro: ‘Parece que tu bebé está muerto’. Me tuvieron que abrir la cesárea que tenía y me lo sacaron. Por lo menos, me pude despedir”.

En los días que siguieron, Lorena recibió la visita de Irma Carrasco, una de las matronas que integró un grupo de voluntarias organizado por el Colegio de Matronas Regional Santiago para atender casos de violaciones a los derechos humanos.

Esa red fue creada por Katiuska Rojas, presidenta del colegio, justamente para hacerle frente a un problema que se hizo cada vez más evidente: un número creciente de mujeres vulneradas se negaba a acudir a los servicios de salud, debido al maltrato y la violencia obstétrica.

La idea de las voluntarias era apoyar a las víctimas, acompañarlas en el proceso de recuperación, y formar a las matronas en los protocolos internacionales a seguir en los casos de violaciones de los DD.HH. Además, apenas tomaban conocimiento de un caso, informaban al INDH y al Colegio Médico.

Lamentablemente, la iniciativa se quedó pronto sin financiamiento y muchas de las pacientes, Lorena incluida, se sintieron abandonadas.

Para ella, ese sentimiento se intensificó cuando se dio cuenta de que el INDH tampoco hizo un seguimiento de su caso. Desde octubre, Lorena Lizama ha llamado regularmente a la representante del instituto con quien habló la mañana del control de detención. Pero sus gestiones han sido infructuosas y su caso aún no ha sido judicializado.

“¿Sabes cuál es la respuesta que me dieron una vez: ‘Es que hay muchos casos, hay muchas personas a las que les mutilaron el ojo”’ —dice con voz acongojada—.

Yo lo tengo claro. Sé que están saturados, pero yo igual perdí un bebé”.

***

 El escaso contacto con el INDH es una queja recurrente entre las víctimas. Después de enviarle al instituto el informe del Colegio Médico, en enero pasado, Jeniffer Montero, de Rancagua, no recibió más noticias de la abogada con la cual estaba en contacto. En agosto, le escribió un mensaje por Whatsapp preguntándole si había novedades. La jurista le indicó: “Yo trabajo en nivel central en Santiago, y su causa fue derivada a la región de O’Higgings. Entiendo que profesionales deben contactarla en la medida que fiscalía avance en diligencias de la investigación”. Luego agregó: “Las investigaciones han avanzado muy lento porque fiscalía se llenó de denuncias y querellas”.

Bajo el nombre de Jeniffer Montero, sin embargo, no figura ninguna causa en el Juzgado de Rancagua y, consultada al respecto, la Unidad Jurídica Judicial del INDH confirmó que en “los casos ingresados por los formularios de denuncia y sistema integral de atención a la ciudadanía” no existen coincidencias con su nombre ni el de Lorena Lizama.

***

Karin Huber, de 33 años, madre de dos hijos de 12 años y 10 meses, y residente de la comuna de Estación Central, es una de las mujeres que optó por presentar una querella de manera particular. Lo hizo con la ayuda de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo(Codepu).

Karin tenía 28 semanas de embarazo el 29 de octubre del año pasado, cuando, cerca de las 21 horas, salió de su trabajo en un restaurante cerca de Canal 13, en Providencia. Desde el estallido, evitaba tomar el metro en la estación Salvador, porque era un sector crítico. Esa tarde, se dirigió hacia el paradero de la micro y sintió el aire más pesado que nunca por las bombas lacrimógenas.

“No pasaban micros, entonces estuve mucho rato esperando. Luego caminé hacia otros paraderos, pero las calles estaban cerradas”, relata.

Terminó pidiendo un taxi. Al llegar a su casa aún le picaba la garganta y le dolía la cabeza. Fue una noche “relajada”, en que comió en familia y se acostó. Los problemas empezaron al día siguiente, cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo líquido amniótico y partió al Hospital San Juan de Dios.

“Altiro me dijeron: ‘Te quedas acá’, porque era una rotura de membrana. Yo había ido a control poco antes y mis exámenes estaban impecables. Entonces, le pregunté al doctor si lo que me había pasado podía ser porque había estado muy expuesta al gas lacrimógeno y me dijo que sí”.

Distintos estudios, a nivel internacional, han vinculado la exposición a gases utilizados para controlar las protestas —en particular el clorobenzilideno malononitrilo, más conocido como gas CS— con partos prematuros y muerte fetal. Un peritaje realizado por el Centro de Equipo Mayor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, adjunto a la querella que Karin presentó, indica que “con el tiempo, el calor y la humedad” el gas CS termina generando “cianuro de hidrógeno, que es muy tóxico y, por encima de concentraciones tolerables, letal”.

“Hay trabajos que muestran que la exposición a algunos agentes lacrimógenos, y sobre todo el CS, pueden producir partos prematuros, mortinatos, abortos e incluso impedir la implantación del huevo fecundado”, confirma el doctor Andrei Tchernitchin, especialista en biología de la reproducción y en toxicidad ambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

Karin pasó cinco semanas hospitalizada para evitar un parto prematuro. Los pulmones de su hijo no se habían desarrollado lo suficiente y le pedían que se quedara en cama de manera permanente para darle tiempo. Fueron semanas pesadillescas.

“Fue una angustia tremenda. No sabía cómo iba a nacer mi hijo, tuve que dejar a Matías, el mayor, en la casa. Como mi pareja trabajaba, me tocó mandarlo solo a clases y del colegio me llamaban y pedían que fuera, aunque estuviera hospitalizada. Incluso amenazaron con mandar a Carabineros a la casa y dijeron que si estaba solo se lo llevarían por abandono. Fue terrible”.

Una prima de Karin pasó a ser la apoderada de Matías y lo recibía después de sus clases. El estrés fue tal que Karin tuvo que empezar a tomar antidepresivos durante el embarazo. Hasta el día de hoy sufre crisis de angustia, algo que nunca le había pasado antes. Su guagua nació de 33 semanas, ahogada. Tuvo que ser reanimada y conectada a un ventilador mecánico durante 24 horas antes de poder respirar con apoyo de oxígeno y, luego, sola.

Mariela Santana, abogada de la Codepu, presentó la querella de Karin Huber por lesiones graves el 15 de mayo de este año. Ya se iniciaron las primeras diligencias, pero la tramitación ha sido lenta. La jurista pretende hacer declarar al director general de Carabineros, Mario Rozas, por este y otros casos que lleva. Es algo que Karin también quiere:

“Yo espero que se encuentre a los principales responsables y que no se culpe a un carabinero o un cuadrante. Esto tiene que llegar mucho más arriba, porque son órdenes grandes las que permiten que estén envenenando las calles deliberadamente. ¿Qué gano yo con que un carabinero se vaya preso si se siguen cometiendo las mismas atrocidades?”

Karin llamó a su hijo Lobbo. El niño es sano, pero su madre no consigue dejar atrás lo ocurrido. Aún siente rabia.

“Ojalá, en algún momento, todas estas querellas se junten y lleguen a donde corresponde, para que todos nosotros nos quedemos tranquilos de que se hizo justicia de verdad. Para que algo cambie de verdad”.