Reportaje
Gobierno ha ignorado partida presupuestaria que permite indemnizar a víctimas del estallido
Durante la tramitación del presupuesto 2021 el Congreso aprobó una glosa de más de $52 mil millones que permitiría reparar económicamente a víctimas de violaciones a los DDHH que hayan visto afectada su capacidad de trabajar. Todos creyeron que la había eliminado el Tribunal Constitucional, pero la glosa sigue ahí, sin que nadie le haya avisado a personas como Fabiola Campillai –quien perdió la vista en ambos ojos–que pueden optar al beneficio.
En el presupuesto 2021 del Tesoro Público se esconde una posibilidad hasta ahora desconocida para reparar económicamente a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante el estallido: más de $52.500 millones destinados a jubilaciones y pensiones de gracia, a las que podrían optar las víctimas que “a causa de sus lesiones sufran un menoscabo permanente, completo o parcial de su capacidad de trabajo”, según reza el texto incluido en la Ley de Presupuesto.
De acuerdo a esa glosa —una especie de nota al pie que va asociada a la partida presupuestaria— los únicos requisitos para optar a esta posibilidad son que la persona sea acreditada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y que sus lesiones hayan ocurrido desde el 18 de octubre de 2019 en adelante. Esto significa que las víctimas de casos emblemáticos como Fabiola Campillai, Mario Acuña o Gustavo Gatica, podrían acceder a este beneficio, el que ha sido largamente demandado por las agrupaciones de derechos humanos y familiares de las personas agredidas. Sin embargo, nadie lo ha recibido hasta el momento.
En una respuesta por escrito a Documenta, la Subsecretaría del Interior indicó que “como toda ley, rige desde su publicación en el Diario Oficial y no se puede alegar ignorancia de ella (…) La glosa establece que podrán postular a esas pensiones quienes hayan sido víctimas de violaciones a los derechos humanos, condición que debe ser acreditada por el Instituto Nacional de DDHH. Hasta la fecha, ninguna persona que haya presentado una solicitud ante el Departamento de Acción Social de esta Subsecretaría, lo ha hecho arguyendo dicha condición”.
La razón por la que nadie ha solicitado el beneficio hasta el momento es clara: nadie sabe que existe. Consultados por Documenta, desde el INDH respondieron que no han recibido ninguna solicitud y que ni siquiera estaban al tanto de que existía esta posibilidad. La misma sorpresa surgió en el Congreso. Daniel Núñez (PC), el diputado que propuso la glosa durante la discusión parlamentaria, tampoco estaba enterado de la vigencia del beneficio.
Tras la publicación de la Ley de Presupuesto 2021, el gobierno presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) que cuestionó la legalidad de varias glosas. En la bancada del Partido Comunista pensaron que la propuesta había muerto ahí, ya que el TC acogió la solicitud del Ejecutivo, pero lo cierto es que, contra todo pronóstico, la glosa no estuvo dentro de los puntos que reclamó el gobierno ante el tribunal.
En la práctica la posibilidad existe, pero hasta ahora es letra muerta, ya que las víctimas no han sido informadas y el gobierno tampoco lo ha mencionado en las diversas instancias de diálogo que han existido sobre el tema.
EL ORIGEN DE LA INICIATIVA
El 19 de noviembre de 2020, cuando la Ley de Presupuesto aún se discutía en la Cámara de Diputadas y Diputados, el comunista Daniel Núñez propuso la indicación que dio origen a la glosa. Su objetivo era incluir a las víctimas del estallido entre los beneficiarios de la asignación de “Jubilaciones, Pensiones y Montepíos” en la partida presupuestaria del Tesoro Público. Esos fondos, que este año superan los $52.500 millones, están destinados a financiar 1.054 nuevas pensiones de gracia otorgadas por el Presidente de la República, además de la cantidad que se haya extinguido durante 2020.
Núñez propuso agregar un párrafo para que las víctimas de violaciones a los derechos humanos con secuelas graves también pudieran optar a esas pensiones de gracia. Inicialmente la indicación fue declarada inadmisible, ya que una propuesta de esas características debía originarse por mandato presidencial, no a través de una indicación parlamentaria. Pero Núñez reclamó y pidió la palabra:
—Este tema se lo hemos planteado reiteradamente al gobierno, al mismo ministro que se está riendo ahí, al fondo de la sala— alegó en ese momento, refiriéndose a Cristián Monckeberg, quien por esos días lideraba la Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Núñez pidió ante la sala que se aprobara la indicación como una señal política, con el objetivo de presionar al gobierno para que propusiera alguna ayuda monetaria para las víctimas. “No queremos que Fabiola Campillai, que Rolando Robledo, que Mario Acuña vivan de la caridad, sino que tengan una vida digna y que puedan enfrentar la situación dramática que viven”, cerró el diputado. Tras su intervención, la glosa fue aprobada con 58 votos a favor, 39 en contra y 4 abstenciones (vea aquí quiénes y cómo votaron).
El presupuesto siguió su camino legislativo y una vez en el Senado, la glosa propuesta por Núñez fue eliminada. Documenta no logró identificar menciones posteriores sobre este párrafo, ni en los informes del Senado ni en los de la Comisión Mixta que se constituyó después para zanjar las diferencias que aún existían entre ambas cámaras. Sin embargo, la glosa sí quedó plasmada en el documento final que luego se transformó en ley. Lo que no está claro es en qué momento se repuso, tras su eliminación en el Senado.
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A pesar de ese vacío de información, lo cierto es que lo que partió como una “señal política” con sus días contados, no terminó en el Tribunal Constitucional como todos creyeron que sucedería. El 3 de diciembre el gobierno ingresó un requerimiento al TC para echar por tierra varias glosas, pero no incluyó la que fue propuesta por el diputado Núñez. De haberlo hecho, habría sido declarada inconstitucional.
La glosa quedó así en el número 12 de la partida presupuestaria del Tesoro Público (vea aquí ese documento). Señala textualmente lo siguiente: “Con cargo a estos recursos se podrá considerar como beneficiarios a aquellas víctimas de violaciones a los derechos humanos acreditadas por el Instituto de Derechos Humanos que a causa de sus lesiones sufran un menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo desde el 18 de octubre de 2019 en adelante.»
Desde la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda indicaron a Documenta que el párrafo está vigente en la ley. Por ende, está abierta la posibilidad de que las víctimas se acerquen al INDH para solicitar la acreditación y así acceder al beneficio. Sin embargo, nadie parece estar al tanto de la existencia de esta glosa. El INDH no ha recibido ninguna notificación por parte del gobierno, a pesar de que dicen haber hecho “numerosos llamados al Ejecutivo y Legislativo para la creación de un mecanismo de reparación para las víctimas”, según indicaron en la respuesta enviada a Documenta.
LA REALIDAD DE LAS VÍCTIMAS
El camino que han recorrido las personas que fueron brutalmente agredidas por agentes del Estado tras el 18-O ha sido relatado en diversos medios y entrevistas. En todas esas historias hay un patrón claro: las víctimas y sus familiares han logrado sostenerse gracias a la ayuda de redes de apoyo formadas por amigos, vecinos e incluso desconocidos que han querido aportar para su recuperación y subsistencia. Remedios, implementos médicos, terapia, dinero, todo ha llegado gracias a la red de solidaridad que se ha formado en torno a sus historias.
Así ocurrió en el caso de Fabiola Campillai, quien perdió la visión, el olfato y el gusto tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en pleno rostro mientras se dirigía a su trabajo. Ese último detalle le permitió acceder a la cobertura en salud del Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), ya que al ocurrir en el trayecto a su empleo, el hecho calificaba como un “accidente laboral”. Fuera de eso, el apoyo ha llegado a través de familiares, conocidos, voluntarios y privados. “La ayuda más importante ha sido la de la gente. Aquí no ha venido nadie del Estado ni del gobierno a ofrecernos ningún tipo de ayuda”, sostiene Campillai.
Sobre la posibilidad de acceder a esta pensión de gracia, Fabiola Campillai se muestra sorprendida. “Ni siquiera sabíamos que esto existía. La verdad es que el INDH deja mucho que desear, porque ellos deberían saberlo. Esto debió haberse dicho, porque hay mucha, mucha gente que necesita dinero para poder seguir viviendo. Gente como Mario Acuña, que necesita insumos todos los días y solo los costea con las donaciones de la gente”, agrega.
Mario Acuña es un hombre de 44 años que quedó con muerte cerebral tras ser brutalmente golpeado por tres carabineros el 23 de octubre de 2019. En su caso, la red de apoyo que menciona Fabiola Campillai también ha sido clave. Las máquinas que lo mantienen con vida, los pañales y toallas húmedas que ocupa cada día, el colchón e incluso la pieza que sus familiares debieron construir a pulso para recibirlo, se han costeado con rifas, donaciones, venta de colaciones y campañas en redes sociales, además de un aporte puntual que consiguieron en el municipio de Buin, según consigna un reportaje de Vergara 240.
—El apoyo importante lo hemos recibido de la gente, personas que han venido a dejarle cosas a Mario, guantes, jabones, toallas húmedas, toalla nova —relató a ese medio Paola, la tía que lo cuida día y noche desde que salió del hospital.
En muchos casos las víctimas de trauma ocular también han debido enfrentar la premura económica al perder su fuente de trabajo producto de las lesiones. Felipe Riquelme (42) es una de ellas. El 22 de noviembre de 2019, el impacto de una bomba lacrimógena en su rostro lo dañó severamente. Perdió la visión completa de su ojo izquierdo y la capacidad de percibir la profundidad. “Yo era soldador y trabajaba en la minería, pero ahora soy un riesgo. Nadie me da pega como soldador”, dice Riquelme en entrevista con Documenta. “Yo ahora me tengo que reinventar y ese es un gran tema para todas las víctimas de trauma ocular”, explica.
Según Felipe Riquelme, sólo se les ofreció la posibilidad de pedir el carnet de invalidez ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), pero cuando comenzaron a hacer más preguntas, terminaron decepcionados.
—La respuesta del COMPIN fue que con un ojo tú podías hacer tu vida normal. Nosotros quedamos así como… ¿cómo? Ahí fue cuando preguntamos si nos iban a capacitar u orientar para saber dónde podíamos trabajar, pero nos dijeron “nosotros les damos el carnet de discapacidad y ahí ustedes se las arreglan”. (…) Tampoco tenemos apoyo psicológico y eso también afecta. Psicológicamente no estás estable como para estar frente a un jefe. Hay días culiaos en los que no salís de la cama. Es una cosa terrible. Me dan ataques de angustia, ataques de pánico, y eso le pasa a todos los que conozco. ¿Qué hago si estoy en un trabajo y me da eso? Puedo ocasionar un accidente. Nosotros queremos seguir adelante con nuestras vidas, pero el Estado no ha hecho lo que tiene que hacer.
Mientras tanto, en el Congreso se debate un proyecto de ley que propone crear un procedimiento judicial especial para establecer la responsabilidad del Estado en este tipo de hechos y así agilizar la entrega de una indemnización a las víctimas. La propuesta fue ingresada en octubre de 2020 por un grupo de parlamentarios de oposición.
La iniciativa pretende beneficiar a todas las personas que hayan sufrido, a manos de agentes del Estado, lesiones físicas o psíquicas, mutilaciones, tortura, apremios ilegítimos, vejaciones, violencia sexual o la muerte de un familiar directo durante las movilizaciones sociales, desde el 7 de octubre de 2019 en adelante (vea aquí la iniciativa completa).
El proyecto fue despachado al Senado el pasado 20 de julio, tras ser aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados. Sin embargo, el diputado Juan Antonio Coloma, jefe de bancada de la UDI, ya advirtió que recurrirán al Tribunal Constitucional para frenar la propuesta.