En 40 fallos condenatorios, el 88% de los responsables pertenece a Carabineros. La mayoría cumple penas sustitutivas en libertad y la Ley Nain Retamal permitió una rebaja en un caso.

Responsabilidad en violaciones a los Derechos Humanos, participación en robos y desórdenes y en las manifestaciones son algunas de las razones que motivaron las desvinculaciones entre octubre de 2019 y mediados de este año.

La crisis institucional más grave en la historia del INDH bajo la lupa. Cuoteo político, informes archivados por años, despidos que terminan en tribunales y críticas a la responsabilidad de un director cuestionado desde el momento de su elección.

Los equipos perdieron más de la mitad de los profesionales para la atención jurídica y psicosocial de miles de víctimas de violaciones a los DD.HH. hasta que se resuelvan los concursos públicos.

Es la condena más dura hasta ahora entre las causas por violaciones a los DD.HH. protagonizadas por Carabineros. Su ejecución está pendiente, ya que las defensas apelaron al fallo.

El candidato presidencial José Antonio Kast aseguró que “todavía no se puede comprobar” si el daño sufrido por Fabiola Campillai fue provocado por una lacrimógena o un objeto “lanzado por manifestantes”, pero las pericias judiciales demuestran que esa afirmación es falsa.

Documenta recopiló 11 casos en que Carabineros intentó ocultar su responsabilidad, manipulando y omitiendo información clave. Al menos 31 policías vinculados a esos casos están procesados por la justicia. 26 permanecen en servicio activo y sólo uno ha sido desvinculado.

En ese sector los manifestantes recibieron más de 900 perdigones. Bombas lacrimógenas y golpes con el chorro del carro lanza aguas fueron otros de los métodos de represión que dejaron a personas con lesiones graves.

El Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO) ya ha atendido a 384 personas. En 2020 se utilizó sólo el 32% del presupuesto disponible, mientras entre sus pacientes denuncian falta de profesionales, lentitud, maltrato y problemas de infraestructura.

El INDH entregó las primeras 7 acreditaciones. Defiende el proceso como un reconocimiento a las violaciones a los DD.HH., pero advierte que la entrega de pensiones depende del Presidente.

Gobierno asegura que será decisión del Presidente de la República y desestima rol del INDH, mientras el instituto rechaza la idea de condicionar la ayuda a requisitos distintos a los estipulados inicialmente.

Tras conocerse la existencia de un fondo de más de $52 mil millones que permitiría entregar pensiones de gracia a víctimas agredidas por agentes del Estado, el INDH trabaja contrarreloj para definir los criterios para acreditarlas.

Existe un fondo de $52 mil millones para indemnizar a algunas víctimas de violaciones a los DDHH cometidas por agentes del Estado desde el 18-O. Nadie le ha avisado a los afectados.

Golpes y aplicación de polvos lacrimógenos en el rostro de detenidos esposados son parte de las acusaciones que se repiten en el recinto durante la madrugada del 21 de octubre de 2019. Ya hay tres carabineros formalizados: sus agresiones fueron captadas por las cámaras del lugar.

El Protocolo de Estambul es el peritaje clave para documentar las secuelas físicas y psicológicas en las víctimas de tortura. El Servicio Médico Legal aún no da abasto frente a la cantidad de solicitudes que llegan desde el estallido social de 2019.

Viviana es una de las cientos de personas que denunciaron agresiones sexuales de agentes del Estado tras el estallido social. Sufrió tocaciones, violencia y fue obligada a desnudarse. Aunque hay un oficial formalizado, este sigue en servicio activo.

Menos del 1% de las causas que lleva el Ministerio Público tiene formalizados. Involucran a 113 funcionarios de Carabineros, 4 del Ejército y 1 de la Armada.

Las agresiones incluyen golpes, patadas en el abdomen, heridas de perdigones, burlas y humillaciones, intoxicación con gas lacrimógeno y la decisión voluntaria de los responsables de no asistirlas incluso cuando estaban con síntomas de pérdidas.

Desde el 18 de octubre de 2019, al menos 230 niños, niñas y adolescentes denunciaron haber sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Acusan mayoritariamente a Carabineros de desnudarlos, golpearlos y herirlos con perdigones.

Documenta analizó 1.288 querellas presentadas por el INDH que registran los abusos sufridos por cientos de hombres, mujeres y niños después del 18-O. Sólo hay 24 casos formalizados y la mayoría de las denuncias apunta a Carabineros.

Desde comienzos del estallido social, funcionarios de Carabineros reprimieron a quienes registraron con cámaras fotográficas o teléfonos imágenes de manifestaciones callejeras o de violencia policial. Golpizas, perdigones y lacrimógenas fueron parte de los castigos. Son decenas de casos.

Existe el riesgo de que las violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 18-O queden sin castigo. Documenta se propone aportar en la investigación y seguimiento de estos casos, y en el escrutinio de las instituciones responsables de denunciarlos e investigarlos.