Reportaje
Trauma ocular: la compleja historia del programa estatal de reparación
La cifra total de víctimas aún es incierta. El Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO) acumula 384 pacientes, aunque en el Minsal el catastro supera las 449 personas. Durante 2021 tres profesionales claves renunciaron al programa, mientras los pacientes reclamaban por largas esperas, maltrato y problemas de infraestructura. Aún así, en 2020 sólo se utilizó el 32% de su presupuesto. Desde el hospital señalan que no fue necesario gastar más.
A casi dos años del estallido, las víctimas de trauma ocular son parte de la población que aún carga con las secuelas de la violencia que se vivió en esos días. Están los casos emblemáticos como el de Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, quienes perdieron ambos ojos por los disparos de la policía, pero junto a ellos hay muchos más. La cifra de víctimas fue tan abrumadora que el propio gobierno decidió crear un programa especial para hacerse cargo de las secuelas físicas y psicológicas de ese tipo de trauma: el Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO).
Desde noviembre de 2019 hasta julio de este año, el PIRO ha atendido a 384 personas, quienes sufrieron lesiones oculares o la pérdida de uno o ambos ojos a causa del disparo de balines, perdigones, bombas lacrimógenas y el uso de gases y líquidos tóxicos por parte de agentes del Estado.
La cifra refleja cuán extendido llegó a ser el mal uso de las escopetas antidisturbios, con disparos a la altura del cuerpo y el rostro de los manifestantes. Sin embargo, el número total de víctimas es mayor: hasta agosto de este año, el Ministerio de Salud había identificado 449 pacientes con trauma ocular atendidos a nivel nacional. Y faltan en ese catastro las víctimas que se atendieron en el sector privado y también las que nunca acudieron a algún servicio de salud.
Desde el Hospital del Salvador, donde está radicado el PIRO, informaron a Documenta que hay 55 pacientes que requirieron una prótesis, porque perdieron sus ojos. Según la directora del recinto, Victoria Pinto, 45 de ellos ya se sometieron al implante, cinco lo rechazaron y en agosto los cinco restantes estaban a la espera de la confección de sus prótesis.
Junto al tratamiento de las lesiones oculares, el programa también ha entregado cobertura en salud mental y ha derivado a los pacientes a otras especialidades para tratar los problemas colaterales al trauma ocular: pérdida de dientes, daño neurológico y auditivo, entre otros.
Sin embargo, las dos organizaciones vinculadas a buena parte de las víctimas que se atienden en el PIRO tienen una evaluación negativa sobre el programa. La Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular (CVTO) –que reúne a alrededor de 100 personas de distintas regiones del país– y la fundación Los Ojos de Chile –que ha atendido a más de 100 afectados–, apuntan a la escasez de profesionales que provoca lentitud en las atenciones; al maltrato de los pacientes por falta de capacitación en atención a víctimas de violaciones a los derechos humanos; y a problemas de infraestructura.
En 2020, el presupuesto disponible para este programa fue de $2.203 millones, pero solo se ocupó el 32%: $718 millones. Desde el hospital indicaron a Documenta que no fue necesario hacer más gastos, pero los antecedentes reunidos por Documenta muestran que podría haberse invertido más en profesionales e infraestructura.
EL COLAPSO DE LOS PROFESIONALES
En el pasado mes de julio, a más de un año y medio de la creación del PIRO, renunciaron dos profesionales claves para el funcionamiento del programa: Álvaro Rodríguez, el único oftalmólogo, y Camila Urrea, quien entre 2019 y 2020 fue la única psicóloga.
En el caso de Rodríguez no están claras las razones de su partida y ante las consultas de Documenta sólo indicó que no quería hablar del tema. Él fue uno de los autores del artículo publicado por la revista Eye en agosto de 2020 que situó a Chile como el país con más casos de traumas oculares producidos por perdigones disparados por la policía. El texto se basó en las 259 víctimas que atendieron los profesionales de la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital del Salvador entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019, incluyendo 180 pacientes que habrían sido impactados por perdigones.
La renuncia del oftalmólogo golpeó fuerte en el ánimo de los pacientes del PIRO. Todos los entrevistados por Documenta coinciden en que la atención del profesional siempre fue cercana y de calidad. Álvaro Silva, integrante de la coordinadora y víctima de trauma ocular, fue uno de los que lamentó su partida y afirma que las quejas nunca fueron contra él, sino que contra el programa: “El diagnóstico que él me hizo fue muy preciso. Me han servido mucho esos lentes. Pero tuve que esperar casi tres meses para que me los entregaran y después de una semana de uso se rompieron, porque son de mala calidad”, relata Silva.
El concurso público para llenar ese cupo sigue en proceso, pero la directora del recinto explicó que, mientras eso se concreta, cuentan con un oftalmólogo del hospital que tiene horas exclusivas para el PIRO.
En el caso de la psicóloga Camila Urrea, los pacientes entrevistados por este medio indicaron que su partida se debió a la sobrecarga laboral que sufría: Urrea debió asumir las atenciones psicológicas de todos los pacientes del PIRO entre 2019 y 2020, que en el momento peak fueron más de 300. En enero de este año la profesional dejó de atender pacientes y concretó su renuncia en julio.
En el intertanto, el hospital contrató a otra profesional, quien actualmente está a cargo de brindar terapia psicológica a 120 pacientes. “Estamos en búsqueda de un segundo psicólogo para cumplir el compromiso de tener dos”, indica la directora del hospital, Victoria Pinto, en entrevista con este medio. “Hoy, la verdad es que incluso con un psicólogo, estamos con horas disponibles, por lo tanto teniendo dos, la idea es potenciar algunas estrategias que no se hicieron inicialmente, como el trabajo con las familias”, asegura. Sin embargo, esa lectura no es compartida por los pacientes entrevistados, quienes aseguran que el proceso para agendar horas es muy lento y que nunca se ha cumplido el escenario ideal de tener una sesión a la semana.
EL CONFLICTO CON LOS PSIQUIATRAS
La falta de un psiquiatra para cubrir los problemas de salud mental de las víctimas también fue motivo de protesta entre los pacientes. En un principio el hospital optó por solucionar esa necesidad a través de los profesionales del mismo recinto, pero la experiencia no fue buena.
“Un psiquiatra una vez le dijo a uno de los chicos que los carabineros estaban cansados y que por eso había pasado lo que pasó. Que tenían que entenderlos. ¡Un psiquiatra del hospital! ¿Qué ganas te van a dar de ir a un espacio así?”, explica Amanda Henríquez, encargada del área social de la fundación Los Ojos de Chile, donde llegan a atenderse muchos de los pacientes que han pasado por el PIRO.
“El tema es que todas esas palabras, todas esas vivencias, van pasando de chico en chico, porque ellos hablan de todo esto y ahí se genera la rabia y la desconfianza”, explica Henríquez.
Desde el hospital, la directora Victoria Pinto asegura que como institución reaccionaron ante estas quejas. “(Ellos) en alguna medida dejaron entrever su postura frente al contexto en que ocurrió el daño y tuvimos que empezar a generar una lista de los psiquiatras del hospital que no podían atender y otros que sí podían”, reconoce Pinto, aunque sólo indicó que se apartó a los psiquiatras que eran objeto de los reclamos, sin aclarar cuántos fueron.
Para solucionar el conflicto, el hospital decidió buscar a un psiquiatra con dedicación exclusiva, pero el proceso tomó tiempo y la persona contratada terminó renunciando. “Nos costó alrededor de tres meses encontrar a alguien que quisiera trabajar en la temática, porque no es fácil, requiere de una voluntad de reparación distinta. Finalmente llegó una psiquiatra que estuvo dos meses con nosotros y por motivos personales decidió que no podía continuar”, explica Victoria Pinto. Tras esta nueva renuncia, la molestia creció entre las víctimas. El tratamiento no funciona, dicen, si el médico que los atiende cambia constantemente.
Como solución definitiva, en julio de este año, la dirección del Salvador finalmente decidió dejar la tarea en manos de una psiquiatra del mismo hospital. La profesional, que hasta ese momento se desempeñaba fuera de la unidad de Psiquiatría, ahora se dedica exclusivamente a los pacientes del programa.
AGOBIO MENTAL: IMPOTENCIA, AGRESIVIDAD Y DROGAS
Álvaro Silva recibió el impacto de una bomba lacrimógena en su rostro el mismo día que Gustavo Gatica perdió ambos ojos. “Los pacos jugaban a los patitos con nosotros”, dice, haciendo la analogía con los juegos de puntería para describir lo que pasaba ese día en las inmediaciones de Plaza Italia. “A la cabeza que se asomaba por sobre los escudos, le disparaban. Así caí yo, pero gracias a mis lentes me salvé de perder un ojo”, afirma.
De igual forma, el daño fue importante. Sufrió cuatro laceraciones en una de sus córneas y ya no puede enfocar con ese ojo. Pero son las secuelas psicológicas del trauma las que más le pesan hasta hoy.
“Ese día llegué a las 4:30 de la mañana a mi casa. Estaba solo, lleno de sangre y con mucho dolor. Desde ese día hasta hace poco me despertaba siempre a las 4:30 de la mañana, con la misma rabia y la misma pena. A veces gritaba. Otras veces intentaba volver a quedarme dormido sin poder conseguirlo”, dice, escupiendo la rabia.
Silva acusa que el tratamiento psicológico que le ofreció el PIRO lo hizo enojar más. “Yo necesitaba ayuda, pero siempre había algún problema. Los profesionales ni siquiera tenían un espacio donde atendernos como corresponde”, explica.
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El Hospital del Salvador está en reconstrucción hace al menos cinco años. En 2016 la zona donde siempre estuvo Oftalmología fue demolida y reubicada en containers en los estacionamientos del recinto, sin espacio para recibir al PIRO cuando fue creado. Luego, cuando llegó la pandemia, esa parte se transformó en la urgencia no respiratoria y por ende todos los espacios se achicaron. “Un día atendíamos en un box y al día siguiente en el otro. Después eso terminó y volvimos a la localización previa, entonces es cierto que ellos han estado en una situación de no tener un lugar estable y definitivo”, reconoce la directora del hospital.
Un día, recuerda Álvaro Silva, perdió la paciencia. Iba atrasado a un control médico y al llegar a la oficina donde lo atendían, le avisaron que el doctor había sido reubicado nuevamente. “¡Este programa vale callampa!”, gritó a los funcionarios en medio de la frustración. En su siguiente consulta psicológica la profesional le hizo una advertencia: “Ese trato no corresponde. Te aviso que estás con tarjeta amarilla”. Silva quedó desconcertado. “El Estado me dejó así ¡y ahora ellos me ponen tarjeta amarilla! Le dije que no se preocupara, que la tarjeta roja se las ponía yo y no volví más”, explica.
Varios de los pacientes entrevistados por Documenta reconocen que se han vuelto más agresivos, que explotan con facilidad y no pueden controlar la rabia. “Estoy esperando hace más de un mes que me den una hora con la psicóloga, pero no pasa nada, así que ahora estoy buscando terapia por otro lado, porque la necesito”, cuenta José Amaro, quien a sus 53 años perdió el ojo derecho durante las protestas. “Estoy demasiado agresivo y me doy cuenta. Mi pareja también me lo dice. Se me nota hasta cuando hablo, pero no es odio, es impotencia lo que uno lleva adentro”, asegura.
También hay víctimas que señalan que su válvula de escape ha sido permanecer en las manifestaciones y botar su rabia en el enfrentamiento con la policía. “Necesito zanjar lo que siento de alguna manera y la única manera que encuentro es salir a la calle y tirarme contra carabineros”, asegura otro de los pacientes del programa.
Los problemas psicológicos del trauma también han llevado a muchas víctimas a consumir drogas o alcohol, buscando formas de evadir la realidad. “La dependencia y el consumo de alcohol y drogas han crecido, porque nuestras penas y nuestras depresiones han crecido, no tenemos cómo neutralizar esto que estamos sintiendo”, enfatiza otro de los pacientes entrevistados.
A muchos de ellos les hace mal toparse con carabineros o militares. Algunos reaccionan con miedo y angustia, y otros se desbordan, perdiendo el control de sus emociones. Esto también generó problemas dentro del PIRO debido a la constante presencia policial en la entrada del hospital.
En diciembre de 2020, José Amaro, uno de los pacientes entrevistados para este reportaje, se enfrascó en una discusión con una de las guardias del recinto, tras salir de un control médico. “Mientras hablábamos llegó una patrulla y se bajó un paco. Justo en ese momento la señora alza la voz, el paco entra y me empuja. Ahí me di vuelta y quedó la embarrada”, relata Amaro.
El hombre encaró verbalmente al carabinero y terminó con un ataque de pánico, esposado y reducido por dos policías en la entrada del hospital. “Les dije que era víctima de trauma ocular y que la iban a pagar. Ahí me dijeron que en la (comisaría) 19° me iban a sacar la cresta y que me iban a desaparecer”, asegura Amaro. Ahora está imputado por amenazas a carabineros, esperando la próxima audiencia, que fue aplazada para diciembre.
Desde su experiencia en la fundación Los Ojos de Chile, Amanda Henríquez apunta a que una deficiencia clave es que en el Hospital del Salvador los pacientes no son atendidos como víctimas de violaciones a los derechos humanos. “El PIRO lo que hace es cubrir una patología GES que reconoce la lesión, como si te hubiera caído una piedra o se te hubiera enterrado un lápiz o una esquirla, pero no hay un reconocimiento al contexto en que ese trauma ocurrió”, explica la trabajadora social.
Desde la dirección del hospital, Victoria Pinto asegura que, a raíz de la retroalimentación que han recibido, los profesionales del PIRO, las jefaturas de servicio e incluso los guardias han participado en capacitaciones sobre el respeto a los derechos humanos de los pacientes. Aunque reconoce que en el caso de estos últimos, al ser trabajadores subcontratados, el avance muchas veces se pierde por la alta rotatividad que hay en los puestos.
LOS MALES DE LA SALUD PÚBLICA AQUÍ PESAN EL DOBLE
Según el relato de las víctimas, muchas operaciones ya agendadas se han retrasado por horas, días e incluso semanas, porque los profesionales están atendiendo emergencias que coinciden con las citas previamente acordadas.
“Hay compañeros que han llegado en ayuno, con cita para una intervención en la mañana y les dan las tres de la tarde en la sala de espera, pero nadie les entrega una explicación”, relata José Amaro, también integrante de la coordinadora, quien en esa ocasión se comunicó por teléfono con la directora del recinto para exigir que atendieran al paciente.
El conflicto se agudiza cuando los afectados viven regiones. El programa, radicado en Santiago, cubre los traslados cuando las víctimas viven fuera de la Región Metropolitana, pero según la coordinadora muchas horas se han perdido, porque el hospital no gestiona los pasajes y no reembolsa los traslados pagados por los propios pacientes. Además, la compra de pasajes no soluciona los problemas que surgen si la persona debe permanecer en la capital mientras espera que le vuelvan a agendar una hora. “Tuvimos el caso de un compañero de Iquique que viajó a operarse y cuando llegó le dijeron que no podían atenderlo, porque se había echado a perder una máquina”, cuenta César Galloso, también parte de la coordinadora.
La cantidad de casos en pocas manos también ha hecho difícil el seguimiento a los pacientes que dejan de asistir. “Nosotros le informamos al PIRO de un compañero que llevaba un mes internado en el psiquiátrico y ellos no tenían idea, siendo paciente del programa”, ilustra César Galloso.
Desde el hospital, Victoria Pinto explica que el programa ya cuenta con dos trabajadores sociales que estarán a cargo de gestionar los traslados, la agenda de horas y de hacer un seguimiento más activo a los pacientes. “Queremos generar una búsqueda activa y no solo esperar que ellos vengan y pidan hora. Me imagino que algunos habrán dejado de asistir por desconocimiento, otros por dificultades económicas, otros porque tuvieron una mala experiencia inicial, pero la idea es poder darles una respuesta más oportuna a aquellos que dejaron de usar el programa”, asegura la directora del hospital.
LAS DUDAS SOBRE EL PRESUPUESTO: “NO SE NECESITÓ MÁS”
En entrevista con Documenta, la directora Victoria Pinto defendió la ejecución presupuestaria del PIRO, a pesar de que en 2020 se utilizó solo el 32% de los $2.203 millones que estaban disponibles para el programa.
“Si nosotros hubiéramos requerido $2.200 millones, hubiéramos podido utilizarlos, pero lo que ocurre es que como hospital y como servicio de salud lo que rendimos es lo que recibimos. No es que me dieron 100 y yo gasté 50, sino que yo gasté 50, los rendí y me dieron 50”, aclara Pinto.
La directora explica que la “fase aguda” del programa ya pasó y no hace falta un presupuesto tan abultado para la cantidad de víctimas que atienden hoy. “No hemos tenido ningún paciente PIRO hospitalizado desde enero y tampoco hemos tenido que invertir en más prótesis, porque de los 55 pacientes que requerían una, en agosto sólo cinco aún estaban en proceso de confección”, resume.
Victoria Pinto también destaca la habilitación de un recinto exclusivo para atender a los pacientes del programa. Una de las demandas más sentidas por las víctimas. “Desde fines de julio establecimos un nuevo lugar para atenderlos. Arrendamos un espacio y hoy tienen una dependencia que es exclusiva para los pacientes del PIRO, aunque lógicamente las cirugías y la infraestructura más especializada sigue estando en el hospital”, explica la directora.
El pasado jueves 2 de septiembre un grupo de víctimas de trauma ocular se manifestó frente a estas nuevas dependencias. “PIRO: Carente de respuesta estatal. Exigimos reparación integral”, rezaba el lienzo que desplegaron a lo largo del frontis.
NO SABEMOS CUÁNTAS VÍCTIMAS SON
A casi dos años de las jornadas de protesta, la cantidad de heridos oculares aún es incierta. Las organizaciones de víctimas aseguran que hay más de 500, y hasta marzo de 2020 los registros del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se acercaban a esa cifra, con 460 casos pesquisados en hospitales (vea ese registro). Sin embargo, en octubre de 2020, al cumplirse un año del estallido, el INDH cambió el criterio para contabilizarlos, considerando sólo a las víctimas cuyos casos fueron judicializados, con el instituto como querellante. Bajo esos términos, la estadística bajó a 183 personas (vea el último reporte).
En el PIRO, desde su creación en 2019 hasta julio de este año, se han atendido 384 pacientes con trauma ocular. Pero en las oficinas del Ministerio de Salud existe un catastro con al menos 449 heridos durante las manifestaciones a nivel nacional. Ese registro comenzó a ser elaborado por funcionarios de la cartera en marzo de 2020, rastreando casos de personas atendidas por trauma ocular en la red de salud pública.
“Hay personas heridas en las poblaciones que ni siquiera llegaron a atenderse a un centro de salud”, aseguran desde la coordinadora de víctimas. César Alfaro (28), otro de sus integrantes, cuenta que en dos ocasiones se le han acercado personas en situación de calle que también perdieron un ojo por disparos de Carabineros. “Hay gente como ellos que ni siquiera saben que existe el PIRO. Y también hay gente que ni siquiera quiere saber, porque esto les generó un daño tan grande en sus vidas, que no lo pueden enfrentar”, concluye el joven.