Reportaje
Violencia sexual: el calvario de las víctimas agredidas durante el estallido
Al menos 476 personas han denunciado agresiones sexuales cometidas por agentes del Estado durante el estallido social: desnudamientos forzados, tocaciones y violaciones. Existen casos en todas las regiones del país. Una de las víctimas, que fue abusada por un grupo de carabineros en Rancagua, entrega su testimonio. Su caso es de los pocos que ha avanzado, gracias a los videos que registraron el ataque. Sin embargo, solo uno de los policías involucrados ha sido formalizado, un oficial que continúa en servicio activo.
Valparaíso, octubre de 2019. Viviana había llegado a la protesta callejera a través de la música. A sus 27 años, la vida giraba entorno a los carnavales del puerto, el baile, los instrumentos y las marchas que cada vez reunían a más personas. Comenzó como bailarina en una comparsa, hasta que se compró su primera trompeta. “Partí con una baratita, hasta que pude invertir en una más profesional”, recuerda. “Empezamos a ir a muchas actividades protestando con la música. Sentí la conexión con la música por la alegría que veía en las personas cuando yo tocaba. Era una bonita lucha”, relata. Pero la Viviana que habla ahora ya no es la de ese entonces.
El estallido del 18 de octubre de 2019 redujo su fuente de ingresos y la obligó a despedirse de la comparsa para regresar a su ciudad natal, Rancagua. Una vez allá, no abandonó las protestas. “Estaba emocionada. Nunca había visto una Rancagua tan despierta”, dice. Tomó su trompeta y durante la primera semana fue a todas las convocatorias. “Andaba sola, buscando con quién juntarme para hacer música. A veces me ponía a tocar sola. Hasta en la plaza de Rancagua terminé tocando un día, en la pérgola. Yo tocaba y la gente cantaba. Era muy emocionante y yo me sentía con mucha fuerza de luchar, no tenía miedo (…) Yo creo que ahí me fueron identificando”, explica la joven, recordando los días previos al ataque.
La noche del 15 de noviembre, Viviana caminaba junto a dos personas que había conocido en la marcha de esa tarde. La protesta ya había terminado. Se dirigían al auto que los llevaría de vuelta a casa cuando una patrulla de Carabineros pasó en sentido contrario. Viviana aún llevaba su trompeta en la mano y entonó una melodía. Alcanzaron a avanzar un par de cuadras, cuando la patrulla reapareció acelerando en reversa y varios uniformados se bajaron para perseguirlos.
—Yo corrí, porque no entendí. Los vi y de verdad no entendí esa actitud tan psicópata, porque nunca nos dijeron “¡alto!” o algo así, nada. Era como una cacería, nosotros éramos las presas y ellos iban cagados de la risa. Me pegaron una patada y volé con mi trompeta.
Cuando la levantaron del piso, la rodearon tres uniformados. “Hasta que te atrapamos, maraca”, le dijo uno, según el relato de Viviana. “Tú érai la pendeja que andaba tocando, ¿no te gustó andar hueveando?”. La tomaron de los brazos y comenzaron a empujarla al carro policial, pero la joven seguía sin entender por qué a ella y por qué así. “Yo lo único que les pedía era que no rompieran mi trompeta”, dice Viviana. Pero cuando llegaron junto al carro policial todo empeoró.
Se sumó otro policía y la agarraron entre cuatro uniformados. “Ahí empezaron las otras amenazas, de índole sexual. ‘Ahora vas a saber lo que es tocar la corneta’, decían. Y cosas así. Fueron segundos brígidos, muy… muy fuertes. Con una mano me tapaba el cuerpo, con la otra tapaba el instrumento. Ellos me pegaban en las manos para que botara la trompeta… y yo sentía sus manos por todo mi cuerpo. Yo no sé si de verdad me querían meter al carro o si solo me querían tocar. Me subieron la polera, me tocaron… mucho”, relata Viviana con la voz quebrada.
Su mano afirmaba con fuerza la trompeta para que no cayera al piso y su cuerpo, tenso, se retorcía para evitar que la metieran al carro. En medio de los forcejeos y las tocaciones, uno de los policías metió su mano entre las piernas de la joven y le apretó los genitales para doblegarla. Viviana dejó de luchar. Quedó en shock. “Yo me llegué hasta a orinar encima… lo único que quería era dejar de ser el trofeo que ellos me hacían sentir. Porque ellos me hacían sentir como lo peor, pero a la vez como un trofeo. Decían ‘mira la que atrapamos, mira, está buena’. Después solo me pegaban. Me empujaban. ‘Aah, estai’ toda meá’, decían, pero fue lo mejor que pudo haber pasado, para no seguir sintiendo sus manos asquerosas”, recuerda la joven.
Lo que no sabían, ni ella ni los uniformados, era que desde un departamento cercano una mujer había registrado con su celular todo lo que había ocurrido junto al carro policial. En la grabación, que se volvió viral al día siguiente, la testigo se quiebra y solloza en silencio mientras observa la brutal escena. “¡Mira cómo la tienen!”, se le escucha decir. También alcanzan a escucharse los primeros gritos de Viviana:
—Traté de gritar mi nombre, pero me hicieron una llave en el cuello, me movieron la tráquea para el lado, entonces no podía gritar. Yo pensé que de verdad… nadie me había escuchado, que nadie había visto lo que me hicieron.
Ver ese video, y otro que registró el momento en que la patean para tomarla detenida, le permitió entender el miedo que la acompañó persistentemente en los días posteriores: “Durante las primeras semanas sentía las manos en mi cuerpo cuando dormía. Me despertaba gritando”. Ha pasado un año y medio desde la noche de la agresión y Viviana explica que recién ahora ha podido verbalizar todo lo ocurrido.
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Desde el 17 de octubre de 2019, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha recogido los testimonios de al menos 476 víctimas de violencia sexual ejercida por policías y militares durante los días en que se desató la protesta social en Chile. Pasó en Iquique, San Felipe, Ovalle, Talca, Temuco, Curicó, Santiago, Viña del Mar, Coronel, Pucón, Copiapó, entre muchas otras ciudades. Las agresiones están documentadas a través de querellas en todas las regiones del país. En esas páginas que hoy investiga la justicia las escenas descritas son escalofriantes: mujeres golpeadas mientras son obligadas a desnudarse, otras forzadas a pasar la noche en el calabozo sin ropa, personas violentadas sexualmente con lumas e incluso víctimas abusadas por varios uniformados al mismo tiempo.
Entre las querellas del INDH hay 91 víctimas que denuncian tocaciones y 32 amenazas de violación. El delito más grave, la violación o introducción de objetos por vía vaginal, anal y/o bucal, fue denunciado por siete personas, incluyendo hombres y mujeres: cinco en la Región Metropolitana, una en la Región de Coquimbo y otra en la del Biobío. En esas querellas, el relato de las víctimas sostiene que el hecho de que los carabineros utilizaran objetos para penetrarlas no era algo fortuito: lo hacían para no dejar rastros que permitieran identificarlos posteriormente. En los documentos se indica incluso que los uniformados lo explicaban a viva voz durante la agresión, para disuadir a las víctimas de hacer la denuncia.
Además del INDH, la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem) también se ha dedicado a recibir este tipo de denuncias y patrocinar a las víctimas en las causas judiciales, enfocándose específicamente en mujeres, disidencias sexuales y menores de edad. Las abogadas de la organización están participando en 40 causas por agresiones sexuales a nivel nacional, pero aclaran que ese número es solo una parte del total de denuncias que recibieron durante el estallido. “Vimos alrededor de 200 denuncias, pero hay un 75% que no llegó a la justicia. Eso sucede por diversas razones, pero casi todas tienen en común una desconfianza en el sistema, una sensación de injusticia, de impunidad. Piensan, ¿para qué me voy a exponer si al final el sistema me va a dar un portazo?”, explica Danitza Pérez, directora ejecutiva de Abofem. Según la abogada, otra razón es el miedo, ya que muchas de las víctimas fueron amenazadas por sus agresores. Y pesa también el impacto psíquico, emocional y económico que implica iniciar juicios que pueden alargarse por años.
“También recogimos relatos de víctimas que no sabían que está prohibido que las obliguen a desnudarse durante las detenciones. Creían que era parte del procedimiento”, apunta Pérez. Según la abogada, esa prohibición existe hace muchos años, pero en marzo de 2019 tuvo que escribirse explícitamente en los protocolos de detención, porque Carabineros no la estaba cumpliendo. En la práctica es letra muerta. Desde octubre de 2019 el INDH ha llevado a la justicia más de 300 denuncias por desnudamientos forzados que ocurrieron durante esas jornadas de protesta. Un tipo de abuso al que también fue sometida Viviana en Rancagua.
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Tras la agresión sexual que sufrió en plena calle, los uniformados llevaron a Viviana a la comisaría. Según el relato de la joven, mientras la mantenían esposada, al menos dos carabineros la golpearon, dándole manotazos que la hicieron perder el equilibrio.
Luego la trasladaron al Cesfam N°1 Enrique Dintrans a constatar lesiones. En el centro de salud, acusa la joven, le inyectaron tranquilizantes contra su voluntad. “Uno de los carabineros entraba y decía ‘ya pues, apúrense que me la quiero llevar’, súper alterado. Yo lo único que le pedía a la enfermera era que por favor no me dejaran sola con él, que me ayudaran. Que por favor alguien me ayudara, que no me estaban escuchando, que me habían hecho daño. Que me vieran, porque estaba toda moreteada. Ellos me habían doblado la muñeca cuando me pegaron para hacerme soltar la trompeta y tenía el brazo hinchadísimo. Tenía rasguños en la espalda, porque me habían arrastrado, en las piernas, en los brazos. Ahí hubo gente que me escuchó, pero no pudieron hacer mucho”, explica Viviana.
La joven relata que constató sus lesiones en tres oportunidades, y solo en la tercera habría quedado registrado todo el daño, incluyendo un esguince en la muñeca que no fue constatado en ninguna de las revisiones previas. Ese chequeo médico completo pudo hacerlo recién 24 horas después de su detención, en el Hospital Regional de Rancagua, junto a funcionarios del INDH.
Tras su paso por el Cesfam, Viviana fue llevada nuevamente a la comisaría y el calvario continuó: “Lo que más recuerdo es que me desnudaron. Me hicieron entrar a una sala con la puerta abierta, que estaba al frente de los calabozos. Ahí una carabinera me dijo que me sacara la ropa”. Viviana le pidió a la uniformada que cerrara la puerta. Desde afuera, otros carabineros podían verla. “Me dijo ‘¡ah! Ahora te interesa taparte, mira cómo andái vestida’. Por andar con un peto y un pantalón me dijo eso. Y dejó la puerta abierta con intención, para que yo me sintiera más humillada”.
Nacida en democracia, con 27 años, Viviana vivía una experiencia absolutamente desconocida que le provocó terror. “Yo sentía miedo a tal nivel que no le podía decir ‘no quiero desnudarme, no lo voy a hacer’. No podía. Yo soy una mujer fuerte, pero tenía tanto, tanto miedo… de que me mataran. Yo sentía que en cualquier momento, si a ellos se les antojaba, me tomaban y me tiraban lejos, porque fue una de las amenazas que hicieron cuando me detuvieron”, sostiene Viviana.
Mientras se quitaba la ropa, la carabinera palpaba las prendas. Después la obligó a hacer sentadillas, agachándose, primero dándole la espalda y luego de frente. “Yo no entendía por qué me estaban haciendo eso”, recuerda Viviana. En ningún momento le dijeron por qué había sido detenida y tampoco la dejaron llamar a su madre. “Me sentía secuestrada”, recuerda.
Según su relato, el trato hacia los manifestantes era muy distinto al que la policía le daba al resto de los detenidos. En el calabozo pudo comprobar que a las otras presas no las habían tratado como a ella y tampoco las habían obligado a desnudarse: “Yo les pregunté, porque a mí me impresionó que me hicieran eso”.
Viviana recuerda que a una de las mujeres, que estaba detenida por robo, la dejaron salir de la celda para sentarse en una mesa con su esposo, además de pasarle comida y una frazada. “A mí no me dieron nada. Era como un castigo mental al manifestante. Era como si te quisieran dar el miedo más grande de tu vida, para que tú no vuelvas a salir a marchar”, asegura.
La joven cuenta que mientras estaba en el calabozo, cada cierto rato uno de los oficiales se acercaba a amenazarla. “Me decía que si hablaba me iba a ir peor”, recuerda. Su madre llegó a la comisaría cerca de las 2 de la mañana. Había sido alertada por un conocido. Tras una hora de espera, permitieron que entrara a visitarla, pero no como al resto de los detenidos. “Mi mamá me tuvo que ver entre los barrotes de la celda, con un carabinero al lado, pegado a ella, porque me tenían amenazada para que no hablara. Me costó tanto… Imagínate estar en una celda y que tu mamá vea que te hicieron daño y no poder decirle nada. Yo lo único que le repetía era ‘mamita, cuídate’”.
Otra de las detenidas le dijo a la madre de Viviana que no se preocupara. “Mamita, la están molestando, pero yo la voy a cuidar”, le prometió. Así lo recuerda la joven, mientras cubre su cara con las mangas del polerón que lleva puesto: “Ella me cuidó en la noche. Me refugió en una esquina de la celda, me tapó y se quedó al lado mío. Me dijo que si ellos me iban a buscar, ella no iba a dejar que me sacaran. Me sentí tan acompañada por ella. Mi mamá me había llevado una frazada y un chaleco, pero ellos no me pasaron nada. Nada. Esta niña se sacó de sus ropas para abrigarme. Me dio de su comida. Ese momento fue lo único bueno que me pasó ahí adentro”.
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En la comisaría, la madre de Viviana recibió la trompeta rota y su estuche, también inutilizado. Los carabineros lo habían destruido, rasgando todo el interior. La joven cuenta que su madre los interpeló, preguntándoles si acaso buscaban una metralleta o una bomba. Hace unos días ambas recordaron esos instantes: “Ella me decía que en ese momento estaban todos descontrolados en la comisaría. Que había carabineros gritando, como extasiados, enfermos”, dice Viviana.
La joven cuenta que en medio de los tormentos, pensó en todas las historias que alguna vez escuchó sobre las víctimas de la dictadura. “Todas las pesadillas, todo lo que hablaban de la dictadura… era real. Las amenazas, la denigración, fue todo así desde el momento en que me tomaron”, sostiene.
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Beatriz Bataszew (66) es una de las que sobrevivió a las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. En 1974 fue detenida y torturada en el centro denominado Venda Sexy. Allí, los agentes de la dictadura cometieron todo tipo de vejaciones sexuales, especialmente contra los cuerpos de las mujeres, mientras se les mantenía con la vista vendada. Algunas fueron violadas solo para lograr que sus parejas hablaran. Otras fueron sometidas con descargas eléctricas en sus genitales o incluso violadas por perros adiestrados.
Beatriz sobrevivió y ha dedicado su vida a buscar justicia y defender la memoria de las desaparecidas que fueron víctimas de tortura sexual. “Que te violen es muy distinto a que te peguen un golpe directo en el cuerpo. Te pasan cosas extremadamente distintas y nosotras las sobrevivientes nunca entendimos por qué trataban esto como si fuera un daño colateral de la tortura, como algo secundario”, dice Beatriz.
En el relato sobre lo vivido en 2019, Viviana llega a la misma conclusión: “Te juro que si ellos me hubieran pegado, no más, yo estaría más fuerte luchando. Pero ellos tocaron mi cuerpo, lo más sagrado, mis zonas íntimas. Me dejaron una huella que es como un iceberg. Se ve la puntita del dolor que yo siento internamente. Es una herida que no cicatriza con el tiempo, que está latente ahí”.
Beatriz aún carga con esa herida, después de 47 años. “Si alguien me preguntara qué se siente… es como si fueras una naranja y te sacaran un gajo, y después te vuelven a poner la cáscara. Pero el gajo nunca volvió. Es algo muy extraño, como una sensación física de que algo te sacaron”, explica. Y asegura que esa sensación de vulnerabilidad la acompaña hasta el día de hoy. “Tienes que aprender a vivir con eso, porque el cuerpo tiene memoria, no solo sensitiva, sino que también auditiva, entonces después te enfrentas a cualquier cosa parecida, semejante a eso que viviste y todos los pelos se te ponen de punta. Eso te va a pasar toda la vida”, relata.
Beatriz apunta a que lo que ella ha sufrido –y ahora sufren las víctimas del estallido– es violencia política sexual. “No es solo violencia sexual, también es política. Primero, porque es desarrollada por agentes del Estado, en recintos que son pagados por el Estado. Y es una práctica opresiva que está direccionada fundamentalmente hacia las mujeres y a lo que hoy día podemos llamar disidencias o cuerpos feminizados. Es una violencia que tiene cara de mujer. Y te lo voy a decir así bien crudo: no es que los tipos tengan un exabrupto o se calienten con nosotras, sino que esta es una política para doblegar, dominar, no solo a las mujeres, sino que al conjunto de la sociedad”.
Beatriz y otras sobrevivientes de Venda Sexy han llevado sus casos a la justicia en repetidas ocasiones, desde inicios de los 2000. Algunas de esas denuncias ni siquiera fueron acogidas y otras fueron sobreseídas, dice, porque los testimonios no bastaban y los responsables directos no estaban identificados. En la Venda Sexy las mujeres ni siquiera podían ver quién las violaba. “Es tan tremendo que cuando yo hice mi primera querella, el Servicio Médico Legal de esos tiempos me sometió a una inspección ginecológica para ver si yo tenía huellas, ¡30 años después! Para mí eso fue otra violación”, cuenta Beatriz.
En 2016, ella y otras cinco mujeres víctimas de la Venda Sexy volvieron a los tribunales para intentarlo una vez más. El fallo, a cargo del juez Mario Carroza, fue dado a conocer en noviembre de 2020 y condenó a tres exagentes de la DINA por secuestro calificado y tormentos con violencia sexual. Es el primer fallo con perspectiva de género por los crímenes de la dictadura (puedes ver el documento completo aquí). Sin embargo, el caso aún no se cierra. La defensa apeló y ahora la causa deberá ser revisada por la Corte Suprema.
El delito de tortura recién se tipificó en Chile el año 2016 –antes se invocaba el delito de apremios ilegítimos– y la primera condena por tortura sexual se conoció hace muy pocos días, el 19 de mayo. El Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a ocho años y seis meses de prisión a un técnico paramédico del Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz, por haber torturado sexualmente a una mujer que estaba internada en el recinto de salud mental. El fallo fue considerado por el INDH como “histórico para los derechos humanos en Chile”.
Beatriz Bataszew valora los avances, pero no celebra. “Esto ahora ocurre dentro de las comisarías o cuando las mujeres son trasladadas, sin testigos, y muchas veces ellas ni siquiera saben quién las está agrediendo. Pero tú sí sabes que esas personas están bajo el mando de alguien que sabe lo que hicieron, quiénes son, para dónde fueron. Sin embargo, esta justicia condena solo la responsabilidad inmediata, no la mediata y menos la política”, acusa.
En el caso de Viviana, en Rancagua, la existencia de los videos que registraron las agresiones ha sido clave para el avance de la investigación. Sin embargo, hasta ahora solo hay un carabinero procesado: el capitán Franz Bohmwald Zegers. El oficial fue formalizado por los delitos de abuso sexual y apremios ilegítimos, aunque la querella del INDH lo acusaba de tortura.
A pesar de la formalización, el uniformado sigue en funciones activas. La institución solo lo trasladó fuera de Rancagua, primero a Temuco y luego a Osorno. “Ahora lo van a volver a trasladar, pero consideramos que es algo completamente irregular. ¿Cómo alguien que está acusado de algo así puede seguir ejerciendo como carabinero? Puede haber otra protesta y él no ha tenido una sanción ejemplar por parte de la institución”, advierte Paula Peña, una de las abogadas de Abofem que participa en la causa.
La querella elaborada por el INDH describe la agresión sexual como si hubiera sido ejecutada solo por un funcionario, que es el que hoy está formalizado (vea aquí ese documento). En la investigación que lleva Fiscalía los otros carabineros involucrados están identificados. Hasta el momento a ninguno se le han imputado cargos, aunque se siguen periciando videos para determinar su participación en los hechos. Respecto a la carabinera que forzó a Viviana a desnudarse, solo ha sido sometida a un sumario administrativo dentro de la institución. “Yo me pregunto por qué fue todo llevado a una sola persona”, dice Viviana. “En el momento preciso de la detención, que fue el momento en que a mí más me tocaron, eran cuatro carabineros conmigo. Cuatro. Eran ocho manos tocándome. Yo siento que lo que sufrí fue un abuso múltiple, por varios hombres, como una manada. No entiendo por qué los demás no están siendo juzgados, ni la carabinera que me desnudó”.
La joven acusa también que a lo largo de la investigación su voz ha perdido relevancia. “Yo siempre dije que no podíamos culpar a uno solo, pero me han escuchado muy poco. El fiscal no me ha planteado nada de esto y yo siento que al final ellos deciden qué pasó, no la víctima”, reclama.
En entrevista con Documenta, Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad Jurídica del INDH, sostiene que en algunos casos la Fiscalía no ha actuado con la exhaustividad investigativa que requieren este tipo de causas y tampoco se ha considerado a los denunciantes como corresponde: “La participación de las víctimas también es un principio relevante de este tipo de investigaciones. Pero sabemos que hay fiscales, o bien otros operadores del sistema de justicia, que no tienen una adecuada formación en derechos humanos”, reconoce el funcionario.
Las abogadas de Abofem también critican el trabajo que ha hecho el Ministerio Público en este tipo de casos. Según ellas, los fiscales han actuado como si se tratara de delitos comunes y no violaciones a los derechos humanos. “La gran mayoría de las causas está en el aire, porque no hay un imputado identificado”, asegura Danitza Pérez, directora ejecutiva de la asociación. Y añade: “Eso sin considerar todas las dificultades propias que tiene la investigación en casos de violencia sexual y la prioridad que le dan dependiendo de cuál sea el hecho. Por eso las tocaciones y los desnudamientos, por ejemplo, van quedando al final de la lista al momento de realizar diligencias investigativas”.
Rodrigo Bustos indica que incluso existen fiscales que no están persiguiendo penalmente los desnudamientos forzados, porque el hecho específico no está tipificado como delito: “Ahí nosotros como INDH hemos planteado que estos hechos pueden constituir claramente un delito de tortura o de apremios ilegítimos, dependiendo de las circunstancias del hecho y también de las características especiales de la víctima”, apunta.
Por estos días, la Comisión de Derechos Humanos del Senado se encuentra debatiendo un proyecto que busca tipificar como delito el desnudamiento forzado y otras agresiones de índole sexual. Pero todavía faltan varios pasos para que esa iniciativa pueda transformarse en ley.
Mientras tanto, muchas víctimas han tenido que buscar por sus propios medios la ayuda psicológica para iniciar un camino de reparación. Las abogadas de Abofem indicaron a Documenta que le solicitaron apoyo al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) para apoyar a las víctimas, pero se les negó la ayuda.
“Nosotras les solicitamos que se hiciera un catastro desde la institucionalidad, para saber cuántas eran las víctimas y dónde están. Y en segundo lugar, que se evaluara la posibilidad de generar un programa especial que fuera de acogida para las víctimas de este tipo de violencia, que incluyera el patrocinio de la causa y la reparación al menos psicológica”, explica Danitza Pérez. La respuesta del SernamEG fue que no había presupuesto. Ni para el catastro, ni para el programa, y que además no tenían facultades para patrocinar este tipo de causas.
“Lo único que nos ofrecieron fue incorporar a las víctimas al programa de violencia sexual que ya tiene el SernamEG. Pero ese programa tiene solamente tres sedes: una en Biobío, una en Valparaíso y otra en Santiago. Además son programas que tienen una lista de espera importante y se enfocan en la violencia sexual a secas, no en la ejercida por agentes del Estado, que tiene otras características, otro impacto. Era una solución a todas luces insuficiente”, concluye la abogada.
En el caso de Viviana, fue el programa de reparación de víctimas de la Fiscalía el que le permitió acceder a la terapia psicológica. “Ese tratamiento me ha ayudado a superar cosas. Esto removió mi vida entera, aparecieron muchos dolores. Imagínate que yo dejé de ir a Valparaíso incluso. No volví más, porque hasta el día de hoy tengo miedo de movilizarme sola como lo hacía antes. Cerré mis redes sociales, cambié el número de mi teléfono, perdí amigos. Fue como que yo desaparecí del planeta. Incluso volver a tocar mi instrumento me genera dolor. Siento decepción… porque era una lucha que estábamos siguiendo todos y siento que los que la sufrimos, después quedamos solos y súper desamparados. Yo agradezco a mi familia. Si no hubiera sido por mi familia te juro que yo no estaría aquí. Porque se me pasaron por la cabeza ideas… fomes. Ideas que yo antes no tenía”.
Las abogadas de Abofem cuentan que hay muchas víctimas que han desistido luego de interponer las querellas. Hasta ahora, ninguna ha modificado su testimonio, pero el miedo las supera. Viviana también lo ha pensado: “Muchas veces me pasa que no quiero vivir el proceso legal. Siento rabia. A veces digo ‘no, es mejor olvidarlo y seguir’. Pero no puedo pasarlo por alto. Eso es. Yo no puedo seguir callándome esto, cerrar mis redes y hacer como que la Viviana que tocaba trompeta ya no existe”.
Ella está consciente de que su causa es una de las pocas que ha avanzado, pero incluso eso le da miedo. “Yo no sé hasta dónde llega el poder de ellos, porque hay amparo para esto. Hay mucho amparo. Tengo miedo de un día andar en la calle, que me hagan un control y me reconozcan. Me asusta, de verdad me asusta, porque siento que son una organización criminal. No todos, claramente, pero se amparan entre ellos. Porque así lo vi, lo viví en carne propia”, asegura.
Viviana sabe que a diferencia de ella, hay muchas víctimas que no se atreven a hablar, pero confía en que la historia se podrá escribir de una manera distinta esta vez: “Espero que no sigamos como fue en dictadura, con secretos que se guardan 30 años para que recién estallen. No. En algún momento vamos a poder hablarlo. Ojalá en una sociedad que quiera escuchar de verdad. Es súper liberador saber que te quieren escuchar”.