Estallido social: quiénes son las víctimas de la violencia institucional

Delitos y formalizados

Para el 63% de los denunciantes, el INDH presentó querellas por apremios ilegítimos, lo que lo convierte en el delito más recurrente en los datos analizados. Este ocurre cuando un funcionario público abusa de su autoridad aplicando tratos crueles que no alcanzan a constituir tortura de acuerdo al Código Penal. Las penas van entre 541 días y cinco años. La sanción también debería imponerse si otro funcionario conoce de estas conductas y no las impide o detiene.

Entre los delitos por los que están siendo investigados agentes del Estado también destacan las torturas, con 361 afectados. Según el Código Penal, se entiende por tortura todo acto en donde se le inflinja daño intencionalmente a una persona con dolores físicos, sexuales o psíquicos, ya sea para lograr una confesión, castigo o por discriminación por las creencias de las víctimas o de su identidad.

Los resultados además muestran más de 100 denuncias de delitos por violencia innecesaria en diferentes grados, 33 homicidios frustrados y siete consumados (dos cuasidelitos).

Hay hechos de violencia que suelen asociarse a cada tipo de delito. Las heridas por perdigones, por ejemplo, se denunciaron mayoritariamente como apremios ilegítimos. Los traumas oculares, por los cuales el INDH ha presentado 169 querellas hasta el 15 de septiembre, también entraron en esta categoría, junto con lesiones graves y violencia innecesaria. En las querellas presentadas hasta junio de 2020, Documenta encontró que en al menos 155 casos los denunciantes terminaron con fracturas en alguna parte del cuerpo.

En las torturas, por otro lado, predominan los desnudamientos en 181 casos, 68 contra mujeres y 113 hombres. Según las querellas, los desnudamientos tuvieron lugar en al menos 50 comisarías repartidas en todas las regiones analizadas, pese a que el 4 de marzo de 2019 se habían modificado los protocolos de Carabineros, prohibiendo estrictamente “desnudar a las personas sometidas al registro”. También se identificó esta práctica en 24 calabozos de diferentes Juzgados de Garantía, bajo custodia de Gendarmería.

Según cifras del INDH hasta el 12 de junio, 355 personas denuncian que fueron víctimas de tortura sexual. En el análisis de Documenta, la cifra está subestimada porque la mayoría de las querellas relacionadas con delitos sexuales están reservadas y su información no está disponible en el Poder Judicial.  Aún así, se encontraron al menos seis testimonios que acusan tocaciones (cuatro de mujeres y dos de hombres) por parte de los funcionarios policiales.

En las querellas se mencionan acusaciones mayoritariamente en contra de Carabineros, con 1.193 causas de un total de 1.288 . De hecho, a mediados de septiembre de 2020, la Contraloría formuló cargos contra siete generales del alto mando de la institución por sus presuntas responsabilidades en el actuar de la policía durante el estallido social. El Ejército, por su parte, está acusado en 62 causas. El resto de las denuncias se reparten entre la Policía de Investigaciones, Gendarmería y la Armada, con menos de 20 querellas por institución. Además, en las acciones judiciales se identificó un total de 631 cuarteles o comisarías presuntamente involucradas en los hechos.

Según el análisis de Documenta, sólo 24 causas están formalizadas, 1.194 han sido declaradas admisibles, es decir que están válidas para ser investigadas, y en al menos 35 la Fiscalía ha decidido no perseverar. También hay casos que se han reabierto (10), sobreseído (2) o se han declarado inadmisibles (10), entre otros cambios de estado.

Las cifras de las instituciones encargadas de denunciar e investigar estas violaciones a los derechos humanos entregan otros resultados. Según el último balance publicado por el INDH, al 15 de septiembre contabilizaron un total de 2.499 querellas en todo el país, de las cuales 2.329 están dirigidas a Carabineros, 126 a militares, 22 a la PDI y una a Gendarmería. En total, el organismo de derechos humanos cifra en 28 la cantidad de causas formalizadas, en las que hay 68 agentes del Estado involucrados.

El Ministerio Público registra un total de 8.575 denuncias, 66 formalizados y sólo tres acusados. Al igual que en el INDH, la mayoría apunta a Carabineros. Según cifras entregadas a Documenta por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, el 45% de las denuncias (3.894) ya ha llegado a término.

De todas las investigaciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos en el estallido social, hasta la fecha sólo hay un agente del Estado condenado. Se trata de un carabinero que disparó una bomba lacrimógena contra la cabeza de un hombre de 31 años el 13 de diciembre en Rancagua. El uniformado fue sentenciado a cinco años de presidio menor, pero logró sustituir la pena de cárcel por libertad vigilada intensiva.

La directora de la Unidad de Derechos Humanos, Ymay Ortiz explica que uno de los motivos por los que hay tanta distancia entre el volumen de denuncias realizadas y el reducido número de investigaciones que ha llegado a puerto, es que muchas de las denuncias no fueron hechas por las víctimas y cuando fueron notificadas no quisieron participar del proceso.

Según la Fiscalía, otras razones se suman para explicar por qué casi la mitad de los casos cerraron. Ortiz señala que recibieron denuncias de parte de establecimientos de salud que carecían de detalles fundamentales como el tipo de lesión, el lugar donde ocurrió el hecho o cómo la víctima fue lesionada.

Por último hay casos en que se ha justificado el uso legítimo de la fuerza por parte de los agentes del Estado. “Cuando alguien está gritando, no parece muy necesario reducirlo de manera violenta, pero si alguien está a punto de tirar una molotov o parece que tuviera un arma, sí puede llegar a serlo. Tiene que ser idóneo y proporcional”, agrega Ortiz.

Beatriz Contreras, jefa del INDH en la Región Metropolitana, coincide en que varios de los casos en que el organismo se querelló no han podido avanzar debido a que no cuentan con la participación de las víctimas. “En general están muy decepcionadas del sistema. Son personas que incluso previo a ser víctimas ya estaban decepcionadas, por algo estaban manifestándose por un cambio en el país (…) Eso ha provocado que muchas no sigan adelante en los procesos”, afirma. En ese sentido, critica que la Fiscalía no siempre se contacta de manera adecuada con los afectados: “En este contexto de pandemia se les está tomando declaración por teléfono, que es absolutamente poco adecuada; o se han demorado mucho en contactarlos para tomar una declaración, entonces ven una demora que no tiene mucha justificación”.

Rodrigo Bustos, director de la Unidad Jurídica del mismo organismo, reconoce que el INDH también ha tenido dificultades para mantener contacto con las víctimas, aunque enfatiza en que la responsabilidad principal la tiene la Fiscalía. “Es posible que no se esté logrando tener un contacto continuo y permanente como quisiéramos con todas las víctimas. Queremos tratar de reforzar eso. Pero la verdad tenemos equipos que están absolutamente sobrevendidos con todo el trabajo, porque además estos mismos abogados y abogadas que trabajan en las causas judiciales, tienen que estar yendo a las comisarías cada vez que hay manifestaciones, ir a ver a las personas detenidas e incluso a veces trabajar en otros temas que tengan que ver con la visita a cárceles cuando hay denuncias”, detalla.

Demora para encontrar responsables

Sobre los 66 agentes de Estado formalizados hasta ahora, tanto la Fiscalía como el INDH identifican varios factores que explican un número que parece bajo en relación a la cantidad de causas. Ambos organismos coinciden en que la cantidad de denuncias que ha ingresado es significativamente mayor a lo que venían viendo en años anteriores. Esa masividad estaría afectando los tiempos de investigación, a lo que suma las dificultades para avanzar fruto de la pandemia.

Contreras agrega que desde el INDH han detectado una falta de uniformidad en cómo investiga la Fiscalía. “Tenemos los casos de Fabiola Campillay y Gustavo Gatica (que también tienen abogados particulares). En ambos, las fiscalías hicieron un trabajo bastante impresionante en cuanto al estándar de la investigación, pero no hemos visto el mismo tratamiento en muchos otros casos (…) Cada fiscalía procede de la manera que le parece”. Para la abogada, esta falta de uniformidad se relaciona con un problema de capacitación de los fiscales en temas de derechos humanos, crítica en la que incluye al Poder Judicial. “Nos hemos encontrado con casos de jueces que denotan una absoluta falta de cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos”, enfatiza.

Desde la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, Ortiz dice que hay criterios de actuación que tienden a unificar el diseño, pero que cada fiscalía regional tiene autonomía. “También es difícil uniformar porque la esencia de la justicia es que haya interpretaciones distintas en cada caso porque se lo entregas a personas, no a máquinas”. Agrega que en base a las investigaciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte —que lleva el caso de Gustavo Gatica, entre muchos otros—, se hicieron reuniones entre ese equipo y otras fiscalías con el propósito de compartir experiencias y metodologías de trabajo. En esas reuniones, recalca, fiscalías regionales hicieron presente la diferencia de recursos investigativos que tenían en relación a la Región Metropolitana.

Para Ortiz, esta disparidad entre la capital y otras regiones tiene otra arista que también contribuye a la dificultad de investigar casos de violaciones de derechos humanos: la falta de policía especializada. “La Brigada de Derechos Humanos solo está en la Región Metropolitana, no hay en otra parte”, dice. Esto lleva a que muchas fiscalías regionales tengan que trabajar con brigadas que no tienen el nivel de conocimiento que sí existe en Santiago para casos de esta magnitud. Si bien se contactó a la PDI para conocer su labor en investigaciones de derechos humanos, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Rodrigo Bustos, director de la Unidad Jurídica del INDH, identifica otro problema: que el Servicio Médico Legal también ha sufrido retrasos en las pericias vinculadas a las investigaciones. “El Servicio Médico Legal tiene que hacer un tipo de examen sobre todos los casos de tortura que se llama Protocolo de Estambul y tiene poco personal también para eso. Hay una demora muy grande, y eso también ocurría antes del estallido social”, explica. El abogado menciona que la pandemia ha retrasado aún más las diligencias: el SML no realizó pericias para estos delitos por algunos meses debido a que estuvieron enfocados sólo en los casos de coronavirus.

Algunas instituciones querellantes en causas relacionadas con el estallido social mencionan que otro factor que incide en el retraso de las investigaciones y la complejidad en encontrar posibles responsables es la poca colaboración de Carabineros.

La Defensoría de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, que nació como una iniciativa de los alumnos de la Escuela de Derecho, recibió más de dos mil denuncias tras el estallido. De esas, 970 fueron derivadas al Ministerio Público y en trece decidieron querellarse por cuenta propia, con profesores de la universidad tomando los casos.

Patricio Soto, ayudante del departamento, explica que los docentes han identificado que Carabineros “no colaboran mucho y no envían al Ministerio Público los sumarios administrativos que están usando internamente, cuando no hay impedimento legal para ello”. Soto explica que la institución policial no contesta las peticiones o señala que por estar en plena investigación, no puede enviarla a Fiscalía. Esta entrega de información, dice, “es sumamente vital para continuar con las diligencias”.

Desde el INDH, Bustos agrega que Carabineros ha cumplido en ocasiones con su obligación de responder las solicitudes de Fiscalía, aunque a veces lo hace con información incompleta. “Eso requiere que se vuelva a solicitar (la información), lo que dificulta la tramitación rápida de las investigaciones (…) De las 8.575 causas que está investigando la fiscalía, alrededor del 90% tienen que ver con Carabineros, y sin embargo la institución ha hecho investigaciones administrativas o sumarios en aproximadamente 1.200 casos”, analiza.

El director de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego, comenta que de acuerdo a la experiencia de la unidad —que lleva 23 años operando— es “determinante la colaboración de las policías. Algunos oficiales van a declarar, otros no van, otros mienten. Hay de todo, pero no hay que descartar que en algunos casos sí colaboran”. Sin embargo, el abogado admite que “dentro del estallido social no nos ha tocado (que ayuden en las investigaciones)”.

“En general, las causas de violación de derechos humanos no son una carrera de cien metros. Para que se esclarezcan los hechos o haya una sentencia condenatoria, pueden pasar dos años o tres años”, advierte Rodrigo Bustos, del INDH. Sin embargo, su percepción del avance de las causas no es alentadora: “Es un escenario de investigaciones que avanzan muy lentamente, porque también el Estado chileno no adoptó medidas para reforzar. Después de todos los informes internacionales, de las miles de denuncias de violaciones a derechos humanos, claramente había que tener equipos reforzados para trabajar en las investigaciones de esas causas, en fiscalía, en la PDI, en el Servicio Médico Legal, eso no se hizo”.