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Radiografía a la Zona Cero: Así fueron las agresiones de agentes del estado en el epicentro del estallido

Ilustración: Marco Valdés (Los puntos del mapa no son una representación precisa de la realidad, lo que sí puede apreciarse en el mapa que está en el texto))

A dos años del 18-O, Documenta analizó y mapeó las denuncias por violaciones a los DDHH que tuvieron lugar en torno a Plaza Italia. Más de 900 perdigones recibieron los manifestantes de la Zona Cero, algunos con graves consecuencias que perduran hasta hoy. Incluso el uso del carro lanza aguas dejó víctimas. Los datos duros y los testimonios configuran un escenario más parecido a una guerra civil que a protestas masivas.

Por Ignacia Velasco
15/10/2021

El 8 de noviembre de 2019, cerca de las seis de la tarde, Felipe Neira (28) llegó a Baquedano para unirse a las manifestaciones que en esos días se realizaban diariamente en la llamada “zona cero”.  El ambiente ya estaba tenso, carabineros arrojaban bombas lacrimógenas desde Vicuña Mackenna hacia la Alameda, y los manifestantes comenzaron a correr. Felipe se perdió entre una masa de gente, no logró  encontrar al compañero de trabajo con el que andaba y decidió unirse a una marcha junto a unas personas que llevaban un lienzo con los colores de la bandera de la región de Magallanes. Todos caminaron hasta la intersección de calle Carabineros de Chile con Avenida Vicuña Mackenna, donde estaban instalados ocho funcionarios de Fuerzas Especiales con escopetas antidisturbios.

Mientras los carabineros observaban a los manifestantes, un grupo de jóvenes armó una barricada con escudos y otros objetos. Felipe estaba cerca y tomó una tabla del suelo para ayudar a tapar un hoyo en la improvisada pared. Nadie levantaba la cabeza pues ya sabían  del riesgo de ser impactados por perdigones: de hecho, ese día, Felipe andaba con casco, antiparras y una pañoleta que le cubría el rostro para protegerse.

Comenzaron a sentir el sonido de disparos, cada vez más cerca: los carabineros llegaron a 5 o 6 metros de distancia de donde estaban los manifestantes, y varios empezaron a correr rompiendo la barrera. Unos segundos después, Felipe sintió un piedrazo muy fuerte en el muslo: eran perdigones disparados por un carabinero. Parte de la situación fue registrada por un vecino del sector. Aunque el video es borroso, se ve a Felipe al costado derecho de la barricada cuando carabineros se acercan disparando.

El joven trató de huir, pero además de tener el muslo herido el suelo estaba lleno de piedras y palos y había poca visibilidad por el humo de las bombas lacrimógenas. No logró avanzar muchos metros y sintió un tirón en el casco y la mochila. Era un carabinero. Para zafar, Felipe soltó su mochila y siguió escapando, pero entonces volvió a sentir disparos de perdigones.

En entrevista con Documenta, Felipe, ingeniero en marketing y diseñador gráfico, cuenta que en esos momentos “estaba con la adrenalina muy alta, entonces esos disparos no los sentí tan fuertes. Lo que sí noté es que después me costó mucho respirar. Sentía que estaba corriendo por mi vida”. Producto de ese impulso, logró llegar hasta Vicuña Mackenna con Almirante Simpson, donde divisó a un grupo de personas que ayudaba a otros heridos.

A raíz de la abundante sangre que corría por su brazo y su pierna derecha, los voluntarios de salud le pidieron a una persona que venía saliendo de un condominio del sector que los dejara refugiarse en el patio para revisar a Felipe. Le preguntaron dónde sentía dolor y él sólo supo decir que en todos lados. Al levantarle la polera, quienes lo ayudaban también notaron mucha sangre en su espalda. “Estái para la cagada”, le dijeron, y decidieron llevarlo a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), a cinco cuadras de donde estaban.

En la sede de la FECh atendían a pacientes en el patio, pero, por su gravedad, a Felipe lo tendieron en una camilla al interior del recinto. Ahí comenzó a transpirar helado y pensó que iba a desmayarse, por lo que pidió que llamaran a su polola. Luego, una ambulancia lo recogió y trasladó hasta la ex Posta Central. “Podía respirar poco, estaba concentrado en no desmayarme, no sabía a dónde había llegado y el brazo no lo podía mover por completo. Me acuerdo que le pregunté la hora a alguien que me acompañó desde la federación, eran como las 19:15”, comenta. Felipe también notó que había muchos heridos en el lugar y que algunos incluso estaban en el suelo.

Cerca de las 2 de la mañana y después de ser sometido a varios exámenes, Felipe se quedó hospitalizado para observación. Su diagnóstico fue de heridas por múltiples perdigones incrustados en varias partes de su cuerpo: cuatro perdigones en el muslo derecho, uno en el codo, otro en la axila derecha y tres en su espalda. Las radiografías mostraron, además, que otro proyectil había quedado alojado en la parte posterior y superior de su hígado. “No podía comer ni tomar nada porque no sabían qué tan peligroso era el daño”, explica Felipe.

Según la base de datos de Documenta, 319 personas fueron heridas con 943 perdigones y/o balines disparados entre octubre de 2019 y diciembre de 2020 en Plaza Italia y sus alrededores, en el área ubicada entre los metros Santa Lucía y Salvador, y desde Santa María a Barón Pierre de Coubertin. La información proviene de 510 querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). En su último balance de la crisis social, el organismo registró que 1.645 víctimas denunciaron al menos un hecho de disparos. Esto quiere decir que aproximadamente el 19% de los heridos por perdigones de todo el país se concentró en la zona analizada.

En la mayoría de los casos revisados por Documenta, las personas heridas recibieron el impacto de uno o dos proyectiles. Sin embargo, hay otras víctimas que denunciaron disparos de hasta 18 perdigones en una sola ocasión. Aunque las secuelas de los traumas oculares por esos proyectiles están bien documentadas, no se sabe tanto sobre quiénes fueron heridos en otras partes del cuerpo. Las querellas muestran que muchas veces los médicos esperan a que el cuerpo expulse los perdigones de manera natural, no intervienen para que no se encapsulen o recomiendan dejarlos de por vida por el riesgo que implica removerlos.

El 8 de noviembre de 2019, día en que Felipe fue herido, es el segundo con más denuncias de violaciones a los derechos humanos entre 2019 y diciembre de 2020 en la zona cero y sus alrededores: 38 víctimas denunciaron agresiones por parte de Carabineros, de las cuales 33 estuvieron directamente relacionadas con disparos de perdigones u otros tipos de proyectiles.

 

 

Las secuelas

Felipe estuvo hospitalizado durante tres noches y cuatro días, periodo en el que no le extrajeron ninguno de los perdigones que tenía incrustados. “Si se complicaba (el del hígado) lo iban a sacar, pero si no podía ser más peligroso que se abriera y que mi organismo sufriera una contaminación externa”, explica. Recuerda que el médico también le advirtió que por el proyectil corría más riesgo de contraer hepatitis y que podía encapsularse y generar un quiste o un tumor. Esa advertencia le generó una preocupación que mantiene a casi dos años desde que le dispararon. De su paso por la ex Posta Central también reclama que pese a su estado salud, le costó que le dieran una licencia para presentar ante su empleador, donde realizaba un trabajo que implicaba hacer esfuerzo físico.

Casi un mes después de la agresión, el joven decidió buscar otras alternativas para que le extrajeran algunos de los perdigones que se veían más superficiales. Así llegó al Cesfam Doctor José Symon Ojeda, donde, según explica, un médico accedió a atenderlo pese a que el recinto de salud se encontraba en paro. Ahí Felipe se sometió a un procedimiento donde le removieron los perdigones de la espalda y uno de los que se alojó en su muslo. Eso representó un gran alivio, ya que producto de los perdigones en su espalda no dormía bien porque “era como tener piedras incrustadas”.

Después de que le extrajeron los perdigones nuevamente estuvo con licencias médicas y por sugerencia del doctor que lo atendió decidió visitar a otro especialista en diciembre de 2019 para intentar que le removieran los otros proyectiles, pero ante el riesgo de encapsulamiento le insistieron en que era más conveniente dejar los perdigones donde estaban. Esa fue la última vez que Felipe recibió atención médica por los proyectiles, quedándose con seis incrustados en el cuerpo hasta la actualidad: uno en su brazo derecho, uno en la axila derecha, uno en la parte posterior y superior de su hígado y tres en el muslo derecho.

Además de ser descuidado para ir al doctor, la pandemia, el posible costo económico de otra cirugía y el miedo a que le digan que está peor, han repercutido en que Felipe no ha vuelto a control médico, pese a que algunas de las heridas le molestan hasta la actualidad. “En el del codo hay días en que toco algún nervio cuando estoy durmiendo y amanezco hinchado o como con tendinitis. Pegarte o pasarte a llevar en el codo con eso adentro duele más de lo normal”, señala. Las heridas también le provocan mucha picazón, pero su miedo más grande tiene que ver con el proyectil que se encuentra en la parte superior trasera de su hígado, ya que cuando come ciertos alimentos o toma algunos líquidos siente dolores y una gran hinchazón.

Desde el punto de vista de su salud mental, también considera que el incidente lo dejó con secuelas. “Tuve hartas pesadillas de morir y crisis de pánico, yo ya sufría de eso desde antes y tuve un tratamiento con medicamentos, pero después de esa fecha me siguen dando. En mis pesadillas moría de disparos. No es recordar lo que pasó, pero son situaciones en las que iba caminando y sonaba una balacera. Aunque ahora es más aislado, quedas con miedo a la muerte, yo pienso mucho en lo del hígado”, afirma.

Chorro del guanaco y bombas lacrimógenas

El 26 de noviembre de 2019, a las cuatro y media de la tarde y después de salir del Instituto AIEP en Grajales, Daniela Contreras (19) caminó para buscar locomoción con seis amigos de la universidad. Después de recorrer varias cuadras porque el metro estaba cerrado, llegaron a la esquina de la Alameda con Ramón Corvalán donde se encontraron con un grupo de manifestantes corriendo en dirección contraria. También había un carro lanza aguas y carabineros persiguiendo a quienes se encontraban en lugar. No era su primera experiencia en protestas. Desde el estallido, su papá, que es chofer de ambulancia y bombero, había trabajado como voluntario de la Cruz Roja atendiendo a los heridos de la zona, y ella lo había acompañado en varias de estas ocasiones.

Daniela y sus amigos se asustaron, por lo que corrieron en distintas direcciones. La joven se quedó con un amigo, Nicolás, quien la tomó del brazo y la guió por Ramón Corvalán a un espacio cerca de un edificio donde ambos pudieron desaparecer de la vista de los uniformados. El escondite duró poco tiempo, porque otra persona corrió directo a meterse en donde estaban, revelando su ubicación a los policías que se acercaron para golpearlos. Nicolás y el manifestante alcanzaron a huir, pero Daniela se quedó atrás y comenzó a ser golpeada con lumas por al menos ocho carabineros. “Ni siquiera estaba atacándolos. Yo me arrodillé y les dije que por favor pararan. Como estaba en el suelo, me puse en posición fetal mientras me pegaban. Tenía tanto miedo que no sentía ningún golpe”, explica la joven, quien actualmente tiene 21 años, es estudiante de turismo y sacó un título de técnico en enfermería en la enseñanza media.

Daniela comenta que después de recibir varios lumazos de pies a cabeza por el lado derecho de su cuerpo, uno de los funcionarios la amenazó diciéndole que corriera o le seguirían pegando. Con dificultad se levantó y corrió. Le tiritaba el cuerpo y no lograba moverse con facilidad. Pensando que lo peor ya había pasado, miró que a un lado de la calle había un carro lanza aguas, mientras que al otro costado había más funcionarios de Carabineros. Para evitar otra confrontación, corrió directo al vehículo y aunque no había aglomeraciones ni otros manifestantes, desde el carro un funcionario lanzó un chorro de agua directo hacia ella, que golpeó su coxis y la arrojó varios metros hacia el suelo. Tanto Daniela como su amigo coinciden en que el carro tenía el número 44.

Ramón Corvalán es una de las calles que más se repite en las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Plaza Italia y sus alrededores, de acuerdo con los datos analizados por Documenta. La calle, generalmente en las intercepciones con la Alameda o Carabineros de Chile, fue mencionada por al menos 118 víctimas -además de Daniela- en las querellas interpuestas por el INDH. Otros de los lugares con más denuncias son Alameda con Vicuña Mackenna y el centro de Plaza Italia. (Puedes ver la visualización interactiva aquí). Daniela también es parte del grupo de edad, entre los 18 y 25 años, con mayor cantidad de casos, con un total de 218.


Para la visualización se consideraron zonas que registraron más de un tipo de agresión. Los puntos del mapa corresponden a ubicaciones aproximadas agrupadas de acuerdo al sector en donde ocurrieron las agresiones.

“Cuando caí no pensé nada, lo primero que me preocupó fueron mis dientes, me pasé la lengua y me tranquilicé porque tenía todo. Me intenté parar pero estaba tiesa, recién ahí caché que me había caído y no podía respirar bien”, recuerda Daniela.

La estudiante de turismo agrega que, en ese momento, unos jóvenes de la denominada “primera línea” la tomaron y la llevaron a un puesto de salud de la Cruz Roja, cuya ubicación precisa no recuerda. A ratos sentía que perdía la conciencia, pero sí tiene imágenes de estar en el suelo rodeada de voluntarios mientras todavía sentía que le llegaba agua del guanaco. En esos instantes tenía mucho sueño y no sentía dolor. Incluso dice que en su cabeza vio pasar parte de su vida y pensó en que no podía dejar a su familia. “Nunca había tenido un momento tan tranquilo como ese porque yo creo que me estaba muriendo”, dice con la voz quebrada.

Posteriormente fue trasladada en ambulancia al Hospital San José. “Mi camilla estaba llena de enfermeros corriendo conmigo como en las películas, pero yo no sentía dolor. Me escanearon y recuerdo que decían ‘yo no sé cómo está viva’. Esos primeros exámenes arrojaron varias lesiones que quedaron registradas en su informe médico de urgencia: policontusiones, una fractura lumbar de tres vértebras, laceraciones renales y una laceración en el hígado de grado IV. Por la gravedad de las heridas, la joven después se enteró de que llamaron a sus familiares temiendo que tuvieran que despedirse de ella.

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Para que un especialista revisara sus lesiones, Daniela fue trasladada al Hospital Clínico de la Universidad Católica la noche del 27 de noviembre. No recuerda mucho de la primera semana ahí, salvo que ya preguntaba cuándo la iban a dar el alta, sin entender el estado en el que se encontraba. También relata que un día en que despertó vio a su mamá, su papá y su padrino mirándola a un costado de la cama. “Mi mamá me dijo que nunca más me despidiera de ella. Yo estaba con metadona o morfina, quizás por eso no me acuerdo de lo que le dije (…). Los remedios eran muy fuertes, a veces podía estar hablando y luego me quedaba dormida”.

Al igual que Daniela, al menos otras 39 personas sufrieron fracturas fruto de la represión en la zona cero y sus alrededores. El análisis de Documenta arroja que además de los disparos de perdigones, que predominaron en el área, varias resultaron lesionadas por el impacto de las bombas lacrimógenas o el carro lanza aguas.

En al menos 90 de los casos analizados las víctimas sufrieron golpes con lacrimógenas, mientras que en 92 causas se identifican agresiones físicas o psicológicas en el contexto de detenciones o encuentros directos con Carabineros. En cuanto a la gravedad de algunas de las lesiones, al menos diez personas sufrieron traumatismos encefalocraneanos. Las acciones judiciales muestran que algunos estuvieron en riesgo vital. Las fracturas se dieron en distintas partes del cuerpo, repitiéndose sobre todo en los dedos o manos, zona maxilar y la nariz de las personas afectadas. Otras de las lesiones que se registraron fueron contusiones y esguinces y algunos casos de quemaduras por el chorro del guanaco.

 

 

Daniela se frustra pensando que los días en que estuvo internada pasaron muy lento y sentía que no se recuperaba. La hospitalización duró un poco menos de un mes. Los médicos determinaron que tanto la fractura en su columna como su laceración en el hígado se curaran sin cirugía. Durante el proceso le conectaron un tubo a la espalda con el que recibía medicamentos para aliviar el dolor. Por la lesión en el hígado le tuvieron que insertar hasta tres catéteres de drenaje. Fruto del tratamiento, recibió pinchazos constantemente para realizar diferentes exámenes. Las cicatrices se notan en sus brazos y muñecas. En el recinto de salud, además, tuvo sesiones de kinesiología para volver a caminar y desde el 6 de diciembre de 2019 estuvo en evaluación y seguimiento en la Unidad de Psiquiatría de la UC por un trauma agudo.

Aunque fue dada de alta unos días antes de la Navidad, el proceso de recuperación continuó en su casa. “Cuando salí del hospital estuve como un mes en reposo, en silla de ruedas. Me tenían que bañar y proteger las zonas de los catéteres para que no se mojaran”, indica. Poco a poco pudo comenzar a hacer una vida más normal. En febrero de 2020, cuando ya habían pasado más de dos meses de la agresión, empezó a caminar sin subir escaleras y para marzo ya se movía sin dificultad.

Daniela dice que lo sucedido todavía le afecta. “Tuve que cambiar mi dieta por completo. A veces me dan puntadas donde tenía los drenajes. Me duele cuando, por ejemplo, me voy a comer un McDonald’s o cualquier fritura. El dolor de espalda no se me quitó nunca. Si subo un par de kilos, los huesos se me aprietan”, añade. El estado actual del hígado no lo conoce porque producto de la pandemia no ha vuelto a controlarse, sin embargo, lo que se espera es que la laceración en la zona se haya regenerado sola.

Actualmente, la familia de Daniela debe más de $20 millones por su hospitalización y  la joven tuvo problemas para pagar parte de sus estudios, pues ella misma los costea trabajando. Todavía le cuesta mucho hablar de lo que pasó. “A veces siento que no lo he superado en nada”, enfatiza. Si bien estuvo un tiempo en terapia, no pudo continuarla debido a la distancia de las sesiones y el dolor que le generaba moverse con sus lesiones. Aun así, Daniela se considera agradecida: “Ese día (el de su agresión) pasó lo de Fabiola Campillai. Yo después recé mucho agradeciendo que no me había pasado así, que no me habían dejado tan mal”, dice.

Lenta investigación

Los casos de Daniela y Felipe tienen algunos aspectos en común. Ambos fueron heridos en la zona cero del estallido y sus agresiones tuvieron consecuencias que los afectan hasta hoy. A la vez, ambos comparten un sentimiento de impotencia porque las investigaciones de sus casos no avanzan tan rápido como quisieran.

Felipe envió evidencias a Fiscalía, como los perdigones que le removieron y el video en el que aparece dónde estaba en el momento en el que fue agredido. Por su caso, el INDH interpuso dos querellas, una por el delito de violencia innecesaria con resultado de lesiones graves, el 30 de julio de 2020, y otra por apremios ilegítimos, dos meses después de esa fecha. Hasta el momento, la causa se mantiene vigente sin formalizaciones. La Policía de Investigaciones (PDI) le tomó declaración a Felipe a fines de 2019, cuando también lo llamaron a dar su testimonio para el caso de Gustavo Gatica, ya que ocurrió el mismo día en la misma zona.

El delito de violencia innecesaria es el segundo más recurrente en la zona cero después de las denuncias por apremios ilegítimos. Esta tendencia es propia de Plaza Italia y sus alrededores, ya que las cifras de las querellas del INDH a nivel nacional muestran que el segundo delito más recurrente suelen ser las torturas.

 

 

La acción judicial por el caso de Daniela está vigente desde el 12 de diciembre de 2019, cuando el INDH presentó una querella por tortura agravada. Mientras estuvo hospitalizada, su familia realizó varias campañas pidiéndole a quienes estuvieron en el lugar que les enviaran videos, fotos o que pudieran entregar testimonios para su causa, pero, según la joven, no lograron encontrar imágenes de su agresión.

Daniela también detalla que ha tenido dos contactos con la investigación: uno fue un formulario que le envió la PDI entre abril y mayo del año pasado, donde debía responder preguntas específicas de lo que le pasó ese día. Meses después de enviada la respuesta, un funcionario la llamó para decirle que su declaración nunca llegó, por lo que tuvo que volver a enviarla. Además de ese contacto, también ha recibido llamadas de una psicóloga de la Unidad de Atención a las Víctimas y Testigos de la Fiscalía que se ha preocupado de preguntarle cómo se siente pese a no llevar una terapia formal.

Cuando han pasado dos años desde el comienzo del estallido social, la mayoría de las querellas de la zona cero y sus alrededores registran pocos avances al igual que los casos de Felipe y Daniela. Según la base de datos de Documenta, el 94% de las querellas fueron admitidas, pero no registran mayores avances. El 4% no perseveró -es decir, están cerradas hasta que se encuentre nueva evidencia- y sólo en el 1% hay agentes del Estado formalizados. El número restante corresponde a querellas inadmisibles o  en las que se declaró incompetencia por parte del tribunal.

Respecto a los agentes de Estado involucrados en los casos, un 99% de las investigaciones involucra a Carabineros y en sólo cinco querellas se menciona a funcionarios del Ejército como los presuntos responsables de los hechos.

Para este reportaje se consultó a la Fiscalía Centro Norte sobre el estado de las causas de Daniela y Felipe. Desde el organismo confirmaron que ambos casos están abiertos y con diligencias pendientes en las que está trabajando la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones.