Reportaje
Las historias de los adolescentes agredidos durante el estallido social
El 2 de octubre de 2020, un funcionario de Carabineros empujó a un joven de 16 años por la baranda del puente Pío Nono en Santiago. La violencia ejercida en su contra no constituye un hecho aislado. Según un análisis de Documenta, desde el 18 de octubre de 2019, al menos 230 niños, niñas y adolescentes denunciaron haber sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Acusan mayoritariamente a Carabineros de desnudarlos, golpearlos y herirlos con perdigones. Aquí se recopilan algunos de sus testimonios.
En el living de su casa en una villa de Puente Alto, un joven de 17 años se sienta en un sillón y mira fijamente la mesa de centro que tiene frente a él. A su lado derecho están su papá y su mamá. El adolescente viste con una polera blanca que tiene una foto de Salvador Allende y la bandera de Chile de fondo. Tiene pelo negro, un aro en la oreja izquierda y mide 1.85 metros.. Al hablar de política y poesía, su expresión cambia. Muestra entusiasmo y cuenta que le gusta leer a Roque Dalton y Nicanor Parra. También escribe. Su deporte favorito es el básquetbol, jugó de base en el club Cordillera. Como aún es menor de edad, reservaremos su nombre real y lo llamaremos Camilo.
Fue el sábado 11 de enero de 2020 cuando, con 16 años, un grupo de carabineros lo llevó detenido cerca de la Plaza Puente Alto. Ese día, andaba con un amigo por el sector y asegura que sólo se detuvo a observar las manifestaciones del lugar. No era algo ajeno para él, pues había participado en algunas antes. Luego, producto de la represión de Carabineros, se refugió en un local comercial en las cercanías del lugar. Cuando salió, un grupo de personas comenzó a correr en su dirección para escapar de la policía. Camilo les siguió el paso, pero fue alcanzado por dos furgones, de los que se bajaron unos 10 carabineros. Fue el único al que se llevaron. “Me subieron al furgón y me pegaron un combo altiro. Después me empezaron a pegar más y me caí, recibí patadas en la cara y en el cuerpo”, describe.
El adolescente se queda en silencio varios segundos antes de continuar con su relato. Recuerda que lo levantaron del suelo y seis carabineros se pusieron en una fila para pegarle “charchazos”. Luego, lo volvieron a tirar. Le dijeron que se tapara los ojos y le bajaron el pantalón. Sintió que le pegaron en las nalgas varias veces con un cable grueso. Camilo se orinó y se puso a llorar, mientras los carabineros que lo apresaron se reían de él. Sintió que le ponían las botas en la cara y le saltaban arriba. “Te vamos a disparar hueón y te vamos a matar, culiao”, escuchó decir a un policía. En su desesperación, mintió: dijo que era hijo de un carabinero, lo que provocó que la golpiza continuara. Minutos más tarde, le pusieron una polera que no era suya en la cara, abrieron la puerta del furgón y lo tiraron. El adolescente calcula que estuvo 15 minutos arriba del vehículo y no supo identificar dónde lo tiraron. En realidad estaba a sólo 2 kilómetros de donde lo detuvieron, en calle Ramón Núñez con Federico García Lorca.
El golpe de su caída del furgón se escuchó fuerte en el sector, por lo que tres mujeres salieron de sus casas y lo recogieron. Camilo se dio cuenta de que ya no tenía su celular ni una cadena que llevaba colgada con las fotos de sus dos abuelas fallecidas. Las personas que lo recogieron lo limpiaron, le dieron bebida y lo llevaron al SAPU Alejandro del Río, desde donde se pusieron en contacto con su mamá.
El caso de Camilo corresponde a una de las 1.288 querellas patrocinadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entre el 18 de octubre de 2019 y el 30 de junio de 2020, que fueron analizadas por Documenta, un proyecto de LaBot. También es uno de los 230 niños, niñas y adolescentes que en ese periodo denunciaron violaciones a sus derechos humanos, según ese conteo. De hecho, los jóvenes de 16 años aparecen como los más afectados, ya que representan el 32% de los casos.
El INDH se querelló por el caso de Camilo el 7 de febrero de 2020 por el delito de tortura, el segundo más recurrente entre menores de edad (77 casos). En la lista de las acciones judiciales presentadas en contra de agentes del Estado, lo más común son las denuncias por apremios ilegítimos, con un total de 114 posibles menores de edad afectados.
Según la constatación de lesiones del consultorio, Camilo quedó con moretones en todo el cuerpo. También presentaba dificultades para mover el brazo izquierdo y un fuerte dolor en la mandíbula. En sus glúteos se registró una marca de 30 centímetros. Además tenía heridas en los codos y rodillas. Para descartar una fractura en su brazo izquierdo, fue derivado al Hospital Sótero del Río.
Además de la vecina que lo acompañaba, en el SAPU se encontraba Alina Sandoval, presidenta de la Asociación Nacional de Derechos Humanos 18 de Octubre, agrupación creada por dirigentes sociales de la provincia de Cordillera, que se instaló en consultorios, hospitales y plazas para recopilar denuncias por violaciones de los derechos humanos tras el estallido social.
Sandoval recuerda que acompañaron al adolescente en el Hospital Sótero del Río. Además de verlo muy golpeado, dice que Camilo no dejaba de llorar. Posteriormente con la ayuda de la organización, el joven presentó una querella particular por apremios ilegítimos, secuestro y tortura. Camilo también dio su testimonio en una sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
Ninguna de las dos querellas presentadas por el caso de Camilo ha mostrado avances. La Fiscalía de Puente Alto comunicó a Documenta que “está pendiente un informe de la Brigada de DDHH de la PDI para definir [el] curso procesal del caso”. Su madre, Daniela (no es su nombre real), dice que no la han llamado para dar ninguna declaración. Sí ha intentado recoger antecedentes de lo sucedido por su propia cuenta, los que están adjuntos en la querella particular. Además de las fotos de las heridas de su hijo y las constataciones de lesiones en ambos centros médicos, Daniela dice que tanto Camilo como las mujeres que lo recogieron identificaron el furgón desde donde lo tiraron. Su patente sería Z5860 y por esa fecha habría estado manchado con pintura roja, según se aprecia en una foto que adjuntaron a la querella. Daniela cree que también debería haber grabaciones del lugar donde lo detuvieron ya que hay cámaras en el sector, pero que ella sepa no se han hecho diligencias para conseguirlas.
Para la madre de Camilo la personalidad del adolescente cambió después de la golpiza. Pese a que no quedó con secuelas físicas después de mantenerse unas semanas en reposo y con dificultades para comer, nota que su hijo está más retraído. Sigue haciendo deporte, escribiendo poesía y estudiando: ahora está leyendo a Lenin. Hace un par de semanas volvió a jugar básquetbol, luego de que su mamá lo dejó ir a lanzar a la multicancha de su villa. Ahí hay un mural grande con fondo blanco y letras negras que dice “Revolución”.
Los datos analizados por Documenta muestran que Puente Alto es la segunda comuna de la Región Metropolitana con más denuncias por posibles violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, siendo superada sólo por Santiago. En la lista también destacan La Cisterna y Maipú.
Para las expertas consultadas, la violencia policial contra menores de edad no es un tema nuevo. Ester Valenzuela, abogada especializada en infancia, explica que el alto nivel de violencia policial contra menores tiene que ver con su protagonismo en las protestas. “Ellos son la punta de lanza de esta enorme demanda social (…) también hubo violencia policial en 2011 y 2012, que fue el peak de las manifestaciones estudiantiles”.
Otra característica común entre muchas de las víctimas habla del nivel de vulnerabilidad de los jóvenes que estaban protestando. La Defensoría de la Niñez tomó conocimiento de 822 casos y presentó nueve querellas en nombres de niños, niñas y adolescentes (NNA) en el contexto del estallido social. La defensora Patricia Muñoz dice que “casi un 50% de las denuncias se relacionan a jóvenes vinculados a la red proteccional”. Especifica que no se trata sólo de casos de residencias del Sename, sino que también de programas ambulatorios o de protección.
Muñoz además identifica ciertos patrones en los casos que afectan a este grupo. “Hay un comportamiento de la policía que es muy brutal, que tiene que ver con algo instalado en orden a la posibilidad de dañar sin sentido en el ejercicio de la función. Hay tratos degradantes, garabatos, golpes. La típica patada o palmazo en la cabeza para subirlos a los carros. Se les insulta y amenaza; les dicen que los van a mandar al Sename”. De hecho, Documenta detectó al menos siete casos en donde los menores de edad sufrieron ese tipo de amenaza.
Según Valenzuela, quien también es la encargada del capítulo de infancia del Informe de Derechos Humanos de la UDP, hay una práctica que se intensificó después del 18 de octubre: los desnudamientos. “En 2011 (en el contexto de las manifestaciones estudiantiles), por ejemplo, no existen datos de que [esto] ocurriera de forma sistemática como sucedió luego del estallido social”. Es más, el 4 de marzo de 2019 se habían modificado los protocolos de Carabineros, prohibiendo estrictamente “desnudar a las personas sometidas al registro”. Pese a ello, se volvió una práctica recurrente.
Sola y desnudada en Maipú
Dos adolescentes caminan cerca de la Plaza de Maipú. Es martes 5 de noviembre de 2019 y hay varios manifestantes en el lugar. Cerca de las 18:00 hrs, aparece un grupo de carabineros en moto y las personas comienzan a tirarles piedras. Catalina (cuyo nombre fue cambiado para proteger su identidad), de 15 años, comienza a ser perseguida por los policías.
Se esconde detrás de un kiosko, pero es acorralada por tres carabineros que le empiezan a pegar. Entonces, asegura, uno de ellos le da lumazo en los genitales. Intenta huir, pasa por el Mc Donalds de Avenida Pajaritos, donde uno de sus perseguidores resbala por los vidrios rotos que hay en el suelo y la alcanza a agarrar del sostén, rompiéndolo. Catalina, que viste peto y falda, es tironeada hacia un vehículo policial y detenida. Producto del forcejeo tiene que afirmarse los pechos para no quedar semidesnuda.
Luego es llevada a constatar lesiones al Cesfam de Maipú. Durante su revisión médica es acompañada todo el tiempo por Carabineros. Se siente hiperventilada, no puede respirar bien, uno de los funcionarios que la acompaña se burla de ella por eso. Según el Documento de Atención de Urgencia, presenta irritaciones en la pierna izquierda y contusiones en sus brazos. El golpe en sus genitales no queda constatado.
La adolescente es trasladada a la 25º Comisaría de Maipú. La dejan parada junto a otros menores de edad, varios golpeados. Uno le amarra el sostén, lo que la hace sentirse más segura. Después de un tiempo de pie, una carabinera le dice que para entrar al calabozo tiene que desnudarse y ser revisada. No quiere hacerlo, pero la policía le advierte que le va a sacar la ropa igual. Según el testimonio de Catalina, luego de quitarse la ropa en un baño sin puerta y a la vista de quien pasara por ahí, la meten al calabozo de mujeres. Está sola.
CASOS RELACIONADOS
16
AÑOS
Hombre Chileno
Fecha del evento: 11-11-2019, 18:00 hrs.
16
AÑOS
Hombre Chileno
Fecha del evento: 11-01-2020, 17:00 hrs.
15
AÑOS
Mujer Chilena
Fecha del evento: 05-11-2019, 18:00 hrs.
El INDH se querelló el 6 de noviembre por tortura por el caso de Catalina. De las 77 víctimas que registran denuncias por ese delito, casi la mitad (47%) acusó desnudamientos por parte de agentes del Estado.
Si bien los desnudamientos no están tipificados en el Código Penal, son considerados como una forma de tortura de acuerdo al Protocolo de Estambul.
“El pilar de los derechos humanos tiene que ver con la dignidad del otro. Una tortura es la vulneracion de la integridad física o psíquica del otro. Desnudar al otro es provocar vergüenza, minimizarlo. También hay un tema con el abuso sexual. Aún si no se toca a la persona pero se le mira libidinosamente, se está abusando sexualmente de ella”, enfatiza Ester Valenzuela.
Patricia Muñoz agrega que en muchos casos de desnudamiento “no sólo te desnudan, sino que te hacen hacer sentadillas, te observan. Hay una cosa lasciva desde esa perspectiva y eso tiene una connotación distinta y es que condiciona otro elemento identitario personal que es precisamente el ámbito sexual”.
Según los datos analizados por Documenta esta práctica afectó a adolescentes entre 14 y 17 años. Predominaron los casos de jóvenes de género masculino con 22 denuncias de desnudamientos, mientras que para el género femenino la cifra llegó a 15.
Catalina recuerda que mientras estaba en el calabozo de la 25º Comisaría de Maipú sentía hambre y frío y preguntaba por qué no llamaban a su mamá. “Literalmente (los carabineros) me ignoraban. Me di cuenta quién era la que en verdad mandaba, que era una carabinera y le dije ¿van a llamar a mi mamá? Soy la única mujer, en el calabozo de al lado hay como 40 personas y yo estoy sola. Me están gritando cosas”, cuenta en entrevista telefónica.
Recién dos horas después de su detención, se comunicaron con su madre, Angélica (su nombre fue cambiado), quien fue a buscarla.
En el lugar se encontró con más familiares de otros detenidos fuera del recinto policial. Relata que la hicieron firmar varios papeles y que el carabinero que había detenido a su hija le dijo que estaba bien. Al mismo tiempo, un funcionario del INDH, que estaba en labores de observación en la comisaría, tomó el testimonio de Catalina. Más tarde le comunicó a Angélica que su hija estaba toda moreteada y que le habían pegado mucho. La madre pudo entrar a la comisaría y encaró a los funcionarios, que negaron los golpes contra la adolescente. Luego fue sacada del lugar y continuó esperando hasta que le comunicaron que iban a liberar a su hija.
Según la querella del INDH, la adolescente estuvo retenida en el recinto policial durante al menos tres horas sin que le informaran del motivo. El 12 de diciembre, de acuerdo con registros del Poder Judicial, el Ministerio Público decidió abstenerse de iniciar una investigación en su contra por tirar piedras debido a que no la encontraron responsable de dicho acto.
Cuando Angélica se la pudo llevar vio que tenía el pómulo derecho inflamado y morado. “Tuve sentimientos encontrados. Rabia por cómo la habían dejado. Pena por no entender cómo podíamos estar viviendo una situación así. Y me sentía aliviada porque por lo menos no le faltaba un ojo como a otros niños, no quedó ciega, o no la quemaron con una lacrimógena. Estaba viva y yo me la podía traer”, explica.
Catalina y Angélica cuentan que los días posteriores a la detención fueron difíciles. La adolescente fue llevada al doctor y estuvo varios días con molestias y vómitos. Tardó unas semanas en volver al colegio, pero su mamá ya no deja que vaya cuando hay manifestaciones. También estuvo con tratamiento psicológico durante dos meses.
Angélica siguió las diligencias del proceso judicial y comenzó a decepcionarse del sistema.
Angélica dice que tuvo acceso a la declaración de la carabinera que habría obligado a su hija a desnudarse. Según cuenta, la policía dijo que la adolescente lo hizo por iniciativa propia. “Esa declaración estaba llena de mentiras”, acusa.
Relata que tiempo después un detective de la PDI llegó a tomarles una declaración a su casa. Le dijo que él iba a salir de vacaciones y que quería ver en qué iba a quedar su caso. Preguntó si tenía grabaciones o fotos de lo sucedido y le advirtió que sin ese tipo de pruebas la causa no avanzaría. También dice que la llamaron a declarar a una comisaría en Pedro Aguirre Cerda, donde Angélica comunicó que no quería seguir con el proceso porque sabía que no iba a llegar a nada y encontraba incorrecto que fuesen carabineros los encargados de recoger su testimonio.
El 17 de agosto de 2020 el Ministerio Público comunicó al 9° Juzgado de Garantía de Santiago que no iba perseverar en el procedimiento. La decisión fue concedida por el tribunal y apelada por el INDH, pero la Corte de Apelaciones de Santiago mantuvo su resolución. En la audiencia, el Ministerio Público sostuvo que la víctima se había retirado del proceso en enero de 2020 y que había agotado todas las diligencias para investigar solicitadas por el INDH. El tribunal determinó que si el INDH obtiene nuevos antecedentes, como una declaración de la víctima, se podrá reabrir la investigación que la fiscalía cerró.
La mamá de Catalina dice que sintió tanta vergüenza por lo que pasó que no le contó a nadie. “Mi mamá se enteró como dos meses y medio después porque le echaba la culpa a los cabros de estar haciendo leseras y un día le conté lo que le habían hecho a su nieta. Y ahí le dio pena”, cuenta Angélica. Luego de desistir de colaborar con la investigación judicial mucha gente le dijo que podría haber ayudado para que lo que le sucedió a Catalina no le pasara a otro. “Si alguien me hubiese dado un empujoncito en ese momento, hubiese seguido con la investigación”, concluye Angélica.
El optimismo de Pedro
Sentado en el patio de la casa de unos familiares en Maipú, Pedro (su nombre real ha sido cambiado para proteger su identidad) recuerda lo que le pasó hace casi un año en la Plaza las Américas de Coquimbo. Tiene tez morena y pelo corto negro. Usa jockey, una polera negra y pantalones verdes. Es risueño y mueve insistentemente las manos al hablar. Cuando se refiere a cosas que le dan tristeza, baja el volumen de su voz para que su familia no lo escuche.
Pese a que el 11 de noviembre de 2019, cuando tenía 16 años, perdió la visión de un ojo por un perdigón disparado por Carabineros, dice que no le guarda rencor a la institución y está más preocupado de trabajar y aportar ingresos a su familia.
Según el análisis de Documenta, al igual que Pedro, al menos 45 menores de edad mencionados en las querellas del INDH resultaron heridos con perdigones que en habrían sido disparados principalmente por Carabineros. Esa institución también es la que acumula mayor cantidad de denuncias, con el 93% de las causas que los mencionan como posibles autores. El 7% restante corresponde a acusaciones contra efectivos del Ejército, Gendarmería y la Policía de Investigaciones.
Pedro relata que salió a manifestarse con dos primos mayores que él, algo que ya se había hecho costumbre desde el 18 de octubre. En la plaza se conmemoraba la muerte de Kevin Gómez (23), quien recibió un balazo de un funcionario del Ejército el 24 de octubre. Después de estar en una asamblea y cuando ya llevaban cuatro horas en el lugar, los tres se separaron. Carabineros, que llevaba tiempo apostado en el lugar, comenzó a disparar lacrimógenas y perdigones para dispersar a los manifestantes.
Pedro se escondió detrás de una palmera, podía sentir el efecto de los gases y oír el sonido de las escopetas antidisturbios. Unos segundos después decidió asomar la cabeza, momento en que fue impactado por un perdigón en su ojo derecho. El disparo lo tiró al suelo, pero no le dolió. Describe lo que sintió como el estiramiento de un resorte en el ojo. Cuando se levantó, otro manifestante se acercó a ayudarlo y le preguntó qué le había pasado. Se sentía como si estuviera borracho y hablaba mal. “Le dije hermano, mi ojo, mi ojo. Me tocaba y lo único que veía era sangre y en mi mente decía: me van a retar en la casa”.
El joven que estaba con él trató de sacarlo del lugar, pero cuando llegaron a las vías del tren, a un costado de la plaza, Pedro le dijo que lo dejara ahí y evitara ser detenido por los policías. Momentos después escuchó que alguien le decía “quédate ahí y tírate al suelo”. Confundido, no hizo caso. De inmediato, alguien lo botó de una patada. Era un carabinero. Lo inmovilizaron, pisándole la cabeza por el lado del ojo herido. Luego lo metieron a un furgón y él empezó a contar cuántos policías veía con su ojo bueno: 13, todos sin identificación.
El adolescente sintió alivio porque pensó que lo llevarían al Hospital de Coquimbo, que se encuentra a cinco minutos en auto desde donde estaba, pero demoró casi media hora en llegar al centro médico. Durante el viaje fue golpeado en diferentes partes del cuerpo por los carabineros. “¿Qué hacemos con este hueón? ¿Lo matamos, lo violamos o lo dejamos botao?”, recuerda que decían.
Pedro relata que el único policía que no le pegó se puso guantes y con la linterna de un celular revisó su ojo. “Ya cagaste”, le comentó. Los carabineros usaron ese mismo teléfono para grabarlo. Querían que confesara que le había llegado un piedrazo y no un perdigón de la policía. Pedro se negó dos veces y le pegaron en la cara en ambas ocasiones. A la tercera, cansado por los golpes, accedió y para que lo llevaran al hospital dijo lo que le pedían ante la cámara del celular: su lesión era producto de un piedrazo.
Dos carabineros entraron con él a la urgencia y una neuróloga lo atendió con la supervisión de uno de ellos. Le hicieron un scanner donde se veía el perdigón incrustado en su ojo. Aunque la doctora trató de despachar a uno de los carabineros que no se le despegaba, él se negaba y decía que el joven estaba drogado y borracho. Por la gravedad de la lesión, Pedro fue trasladado al Hospital de La Serena. Ahí, dice que peritos de Carabineros le tomaron las huellas digitales, pues estaban investigando un ataque con fuegos artificiales. Según cuenta, finalmente se determinó que no tenía responsabilidad en el caso.
Su diagnóstico ya estaba confirmado: Pedro perdió por completo la visión de su ojo derecho por el impacto del perdigón. Fue sometido a una cirugía y estuvo más de una semana en el hospital. Recuerda que sentía mucho dolor, que tenía dificultades para ver por un solo ojo y los últimos días lloraba para volver a su casa.
Junto con la querella presentada por el INDH, el caso de Pedro tiene al menos otras dos acciones judiciales en curso. Sin formalizados, ni avances judiciales hasta la fecha, desde la Fiscalía de Coquimbo sólo informaron que continúan con la investigación. Parte de las diligencias que se solicitaron son recuperar el perdigón que se encuentra en Hospital de la Serena y tomar declaraciones de médicos que lo atendieron y familiares. El joven ya entregó su testimonio. Del video grabado por Carabineros no supo más.
Once meses después de los hechos, Pedro llegó a vivir a Santiago temporalmente. Trabaja recogiendo metal en distintas partes de la ciudad y no está yendo al colegio porque mantiene su matrícula en Coquimbo. Cuando le preguntan sobre su vista, dice que lo que le pasó fue un cambio minúsculo. Incluso hace bromas: cuando no quiere hacer cosas en la casa, dice que no puede por su lesión ocular. Aunque al principio no era capaz de distinguir dimensiones o de tomar un vaso, ahora no tiene problemas. De hecho, en el verano trabajó vendiendo cuchuflíes —actividad que hace desde los 13 años— en una de las playas de Coquimbo y quiere volver a hacerlo para esta temporada.
“El cabro [Gustavo] Gatica perdió los dos ojos, eso sí que es un cambio del cielo a la tierra, es un cambio en 180 grados. Acostumbrarse a andar con un bastón, depender de alguien, ya no volver a ver los colores. Encuentro que es un cambio más grande que el que tuve yo, porque yo sigo viendo los colores, los objetos, sigo sintiendo, yo estoy feliz por eso, porque fue uno nomás, porque podrían haber sido los dos”, concluye.