Reportaje
Colapso en el SML: La larga espera de cientos de víctimas de tortura que buscan constatar secuelas tras el 18-O
El Protocolo de Estambul es el peritaje clave para documentar las secuelas físicas y psicológicas en las víctimas de tortura o tratos crueles a manos de agentes del Estado. A pesar de que las masivas protestas que comenzaron en octubre de 2019 terminaron hace más de un año, el Servicio Médico Legal aún no da abasto frente a la cantidad de solicitudes que llegan desde la justicia. El INDH advierte sobre el riesgo de perder pruebas a causa de la demora (este reportaje fue actualizado, ver nota al final).
Según las querellas interpuestas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en Chile hay al menos 665 personas que acusan haber sido torturadas por agentes del Estado durante las protestas que partieron en octubre de 2019. La cifra incluye a hombres, mujeres y más de 160 menores de edad. A ellas se suman otros 332 menores de 18 años que denuncian apremios ilegítimos, el nombre que ocupa la ley para definir los tratos crueles que no alcanzan a constituir tortura. De acuerdo a La Tercera, en total hay cerca de 900 procedimientos pendientes.
El camino de esas víctimas en el sistema de justicia, de por sí tortuoso, hoy enfrenta un nudo crítico de difícil solución: el colapso del Servicio Médico Legal (SML), el organismo a cargo de realizar las pericias que acreditan y documentan el relato de las víctimas.
La comunidad de expertos en derechos humanos en Chile y a nivel internacional indica que el peritaje más importante para abordar los casos de tortura y tratos crueles es el Protocolo de Estambul: una guía publicada en el año 2000 por la ONU que contiene las directrices necesarias para constatar las secuelas físicas y psicólogicas en las personas violentadas por agentes del Estado. El Ministerio Público ha validado su importancia y existe una instrucción para realizarlo en todas las causas que investiguen tortura cometida por agentes del Estado, aunque lo deja a criterio del fiscal para los casos de apremios ilegítimos. Sin embargo, en los casos en que se investiga este último delito, el INDH ha defendido la postura de aplicar el protocolo al menos a las víctimas menores de edad.
Pero el SML no da abasto. Solo hay 79 funcionarios aplicando el Protocolo de Estambul a nivel nacional y la lista de espera para ese peritaje ya era de casi un año antes del estallido, cuestión que empeoró después del 18-O. Fue este cúmulo de protocolos pendientes lo que llevó al presidente Sebastián Piñera a anunciar una inyección de recursos urgente, durante la pasada cuenta pública: más de $513,8 millones que equivalen al 1% del presupuesto total de la institución.
Aplicar el Protocolo de Estambul toma tiempo y, según los funcionarios del servicio, el proceso es mucho más complejo si se compara con una constatación de lesiones normal, que usualmente toma alrededor de 10 minutos. El chequeo físico es exhaustivo y luego, a cargo de un segundo perito, debe realizarse un examen psicológico que no solo evalúa el relato de la víctima, sino que también su historia personal y familiar. Hasta la fecha, menos del 10% de las víctimas ha podido completar el peritaje y por lo menos 695 personas se mantienen en la lista de espera a nivel nacional. La cifra corresponde solo a las víctimas del estallido cuyas causas cuentan con el INDH como querellante, pero los protocolos pendientes podrían ser muchos más. Solo en 2019, el servicio realizó 621 de estos peritajes, todos por casos de torturas y tratos inhumanos anteriores al 18 de octubre.
Los problemas se concentran principalmente en la Región Metropolitana, donde el SML registra 19 funcionarios capacitados para una lista de espera de al menos 194 víctimas de tortura y apremios ilegítimos. De esos 19, solo tres se dedican a practicar el examen físico, mientras que el resto se encarga del psicológico. La demora se explica también porque además de involucrar a dos funcionarios, el hecho de que estén capacitados no implica que se dediquen exclusivamente a la aplicación del protocolo. Este es solo uno de los muchos tipos de peritajes que tienen que asumir diariamente. A eso se suman las restricciones de aforo impuestas por la pandemia, que provocan demoras en todos los procedimientos: “Al menos en Santiago, hoy están haciendo dos pericias de adultos y dos de infantojuvenil al día, por el espacio y los aforos”, explica a Documenta una persona que conoce el funcionamiento del servicio. La comunicación remota con las víctimas no es una opción en estos casos.
En otras regiones el escenario también es complejo. Las regiones de O’Higgins y Ñuble no cuentan con ningún funcionario para aplicar el examen físico y hay dos regiones -Arica y Parinacota y Atacama- que solo cuentan con dos peritos capacitados, uno por cada tipo de evaluación. En Valparaíso hay cinco funcionarios aplicando el protocolo para al menos 112 diligencias pendientes, mientras que en el Biobío los funcionarios capacitados son nueve para una lista de espera de 121 víctimas. En esta última región, Documenta rastreó el caso de Diego Luna, un joven de 22 años que, según la querella del INDH, en 2019 fue golpeado y amenazado de muerte por un grupo de carabineros tras ser detenido durante una manifestación.
Luna denunció a Carabineros por tortura con apoyo del INDH y entró a la lista de espera para que se le aplicara el Protocolo de Estambul, pero finalmente decidió abandonar la causa. “Cuando fui al Servicio Médico Legal me dijeron que la hora de atención estaba agendada en tres meses más. Justo después de eso me llegó una oferta laboral y preferí dejar hasta ahí el proceso, por temas de tiempo y porque ya después de tanto tiempo los moretones ni siquiera se iban a ver”, explica el joven.
Los tres meses pasaron y Luna solo recibió la llamada de un funcionario de la PDI, quien le preguntó si abandonaría definitivamente el caso. El joven le explicó que las heridas y contusiones provocadas por las golpizas que sufrió a manos de Carabineros ya habían desaparecido, entonces no valía la pena seguir. Nadie le explicó que eso no era un impedimento para que el Protocolo de Estambul constatara la agresión que había sufrido. Ni tampoco el hecho de que las lesiones físicas no son las únicas secuelas que deja la tortura.
Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad Jurídica Judicial del INDH, advierte, en todo caso, que la demora en la aplicación del protocolo podría implicar la pérdida de algunas pruebas concretas: “Hay que pensar que si los hechos investigados ocurrieron en los últimos meses de 2019, ya ha pasado por lo menos un año y medio, y probablemente el examen (la pericia) ya no va a arrojar lo que habría arrojado pocos meses después de ocurridos los hechos. Ahí ya hay un daño en la falta de diligencia del Estado que no sabemos si se va a poder, de alguna forma, reparar o solucionar”. Algo que se suma, dice, a la sensación de desconfianza entre los afectados.
Frente a los retrasos, las más perjudicadas son las víctimas, sostiene Enrique Morales, jefe del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico (Colmed): “Al final no hay a quién recurrir y la gente se aburre, ya no quiere saber nada más y dejan las causas, porque solo quieren olvidar”
Examen complejo y falta de capacitación
A pesar de que el SML es la institución pública mandatada para aplicar el protocolo en el marco de una causa judicial, existen otras organizaciones que acumulan experiencia en el uso de este manual. Una de ellas es el Colegio Médico, institución que tiene un convenio con el INDH para aplicar el Protocolo de Estambul a las víctimas que lo soliciten. Sin embargo, en el Departamento de Derechos Humanos del gremio también están desbordados. “Tenemos una lista de espera enorme y no damos abasto, porque son muchos casos. Tuvimos que hacer una especie de adaptación y ahora tenemos dos tipos de informe: uno médico-psicológico en el marco de los derechos humanos que es más breve, para casos donde vemos un daño más puntual, y para las causas más severas, el Protocolo de Estambul”, explica el doctor a cargo del departamento, Enrique Morales.
Tras el estallido, el Colegio Médico no solo ha recibido solicitudes para aplicar el Protocolo de Estambul por parte de los denunciantes o el INDH, sino que incluso desde Fiscalía, en un intento por descomprimir al SML. “El INDH hizo una petición tan grande, de Arica a Punta Arenas, que tuvimos que pedirles que eligieran los cinco casos más graves por región. Solo con eso ya tenemos 75 peticiones y siguen todas pendientes», indica el doctor Morales para ilustrar el descalabro.
Morales advierte que los voluntarios que están asumiendo ese trabajo en el Colmed deben hacerlo fuera de su horario laboral y cada informe puede tomar meses. Las entrevistas iniciales duran por lo menos tres o cuatro horas y a veces pueden alargarse por días si las personas no están en condiciones de hablar. Tras el examen médico y el psicológico, cada perito debe ordenar toda la información encontrada y además se generan discusiones para abordar los hechos dentro del equipo a cargo, ya que según el protocolo se deben incluir conclusiones y recomendaciones. Un proceso complejo, de alto estándar técnico, que también considera la historia personal de la víctima y su contexto.
“Hay muy poca gente capacitada en Chile para aplicar este protocolo con el estándar que se necesita”, sostiene Morales. «De hecho en Antofagasta nos pasó que el INDH dijo que contrataría a un médico por un mes para hacer 50 Protocolos de Estambul que estaban pendientes», cuenta. Pero en la sede regional del gremio no existía experiencia con el protocolo. “Nos pidieron que les mandáramos el formulario para llenarlo y hacer los 50 en un mes», cuenta el doctor Morales con una risa tragicómica. «Ahí tuvimos que explicarles que eso es absolutamente imposible, porque esto no es un formulario. Y además se requieren por lo menos dos profesionales en cada informe», dice.
CASOS RELACIONADOS
19
AÑOS
Hombre Chileno
Fecha del evento: 06-11-2019, 21:30 hrs.
15
AÑOS
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Fecha del evento: 08-11-2019, 21:00 hrs.
20
AÑOS
Hombre Chileno
Fecha del evento: 09-11-2019, 19:30 hrs.
Los expertos consultados por Documenta aseguran que la eficacia del protocolo se sostiene en la profundidad que deben tener ambos exámenes —físico y psicológico— y la retroalimentación entre ambos. Sin embargo, en el SML también existe el problema de los protocolos incompletos o diseccionados. Fuentes al interior del servicio indican que es normal que los exámenes se apliquen en fechas muy distantes entre sí e incluso existen casos en los que solo se envía una parte al tribunal y la otra nunca llega al expediente de la causa.
Jeannette Rosentreter, psicóloga y experta en derechos humanos, publicó en marzo de 2020 la única investigación que existe hasta ahora sobre la aplicación del Protocolo de Estambul en Chile. Según el estudio, llama la atención que entre 2016 y 2018 el SML haya realizado 639 evaluaciones físicas por Protocolo de Estambul, pero solo 589 en salud mental, ya que el manual exige que ambos informes conformen una sola unidad. “Eso ya no es Protocolo de Estambul, es simplemente una constatación de lesiones especializada. Desde el SML no ha existido un trabajo para que esto sea coordinado”, advierte la psicóloga. Todos los expertos consultados por Documenta coinciden en que esta situación ha empeorado tras el estallido y la pandemia.
En la mente del torturado
Francisca Pesse es psicóloga y su experiencia trabajando con víctimas de tortura es vasta. Fue parte de la Comisión Valech, el organismo creado para identificar a las víctimas de prisión política y tortura en la dictadura militar, donde entrevistó a más de 1.000 personas. Luego fue quien impulsó, desde 2007, la aplicación del Protocolo de Estambul dentro del Servicio Médico Legal. Según su experiencia, el sistema judicial chileno tiene una tarea pendiente a la hora de perseguir la tortura y comprender cómo funciona.
“Frente a una situación de amenaza, el cuerpo humano reacciona. Se activan distintas cosas con el objetivo de sobrevivir. Secretas más adrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca, se va toda la sangre a las extremidades para que los músculos reaccionen si quieres huir o defenderte, pero todo eso tiene una consecuencia”, asegura la profesional. En ese estado se altera la memoria y la concentración ya no funciona con normalidad, sino que es tubular. “Es como si estuvieras en un túnel. Entonces te fijas solo en el evento amenazante, para sobrevivir, y se te borra todo lo otro”, explica.
“Hay víctimas que cuando son entrevistadas (por abogados, policías, fiscales u otros actores del proceso judicial) todavía están en ese estado y efectivamente no recuerdan”, dice Pesse. Esto, explica, tiene un impacto negativo en la investigación de estos casos. “No se acuerdan del contexto, de quién estaba al lado, de qué hora era, dónde estaban parados, de qué color eran los ojos del carabinero que estaba agrediendo, y esas son justamente las cosas que preguntan los abogados”, argumenta.
La falsa memoria también es un efecto documentado en las víctimas con este tipo de trauma. “Si te están torturando, tú puedes ver a tu torturador como un gigante. Y quizás en realidad es súper bajo, pero es tu torturador. Entonces los abogados van a decir que estaba inventando, cuando en realidad la persona lo percibió así. La falsa memoria no quiere decir que la persona está mintiendo. Tiene que ver con un fenómeno más simbólico e inconsciente”, agrega la profesional.
Francisca Pesse incluso ha conocido historias de víctimas que se han “desdoblado” durante la tortura. “Personas que dicen ‘no sentí dolor, porque yo me salí de mi cuerpo, y veía desde afuera, desde la parte de arriba de la celda, cómo me torturaban’. Eso es una reacción psicótica desde el punto de vista clínico, pero eso no quiere decir que la persona sea psicótica. Es simplemente una reacción aguda”, ejemplifica.
Para la experta, quien además participa en la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos, estas características particulares de los casos de tortura sí pueden sopesarse correctamente gracias al Protocolo de Estambul. Pero en la práctica, hay jueces y fiscales que no están capacitados para esto y no logran ver las diferencias. “La pregunta es por qué los jueces y los abogados siguen insistiendo majaderamente en que un elemento de convicción, respecto al relato de la víctima, es que haya dicho siempre lo mismo. Eso lo ocupan en los fallos y lo citan en las sentencias, cuando lo que se espera es que una víctima de tortura no diga siempre lo mismo, y que se vaya acordando de detalles en el tiempo”, asegura.
En Chile, el protocolo también ha servido para documentar el impacto de la tortura en víctimas de la dictadura militar, incluso 40 años después de las agresiones vividas. Así lo han hecho los profesionales del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), institución que acompaña el proceso de reparación a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
Paula Godoy, la coordinadora nacional del programa, explica que el Protocolo de Estambul ha servido como guía clínica para orientar el trabajo de los equipos y apoyar a las víctimas en las causas judiciales que recientemente se han abierto en los tribunales civiles. A pesar de que lo sufrido por estas víctimas ha sido reconocido oficialmente por parte del Estado, los jueces solicitan que el daño sea acreditado de alguna forma en las causas y el PRAIS se ha basado en el protocolo para elaborar “informes de daño” que sirven para documentar el impacto de la tortura a pesar del paso del tiempo, a través de secuelas psicológicas y también físicas.
“El paciente PRAIS que debe ir al dentista, por ejemplo, lo más probable es que no logre sentarse en el sillón en la primera consulta. La situación de la luz, de que le abran la boca, que una persona que no conoce le meta las manos, el dolor, inmediatamente lo asocia a la experiencia vivida», explica Paula Godoy. A veces las personas llegan a la consulta, ven el sillón, al dentista, y se van. O necesitan tomarse toda la primera sesión solo para conocer al médico tratante.
“Ahora imagina dos señoras de 70 años con diabetes. Atendidas al mismo tiempo con el mismo nivel de calidad, con sus tratamientos y medicamentos al día. Hasta que llega el 11 de septiembre y a la señora PRAIS le sube el azúcar, le vienen dolores de cabeza y otros síntomas. Y resulta que va a su control de diabetes, pero no encuentra ahí la solución, porque lo que vive está relacionado con su experiencia y no con la enfermedad misma», explica la experta.
La postura de la Fiscalía
En 2015, la Fiscalía Nacional instruyó por primera vez la solicitud del protocolo entre las pericias de las causas por violencia institucional. En la última versión de esas instrucciones, publicada en enero de 2019 (ver documento), se indica que el Protocolo de Estambul debe ser una pericia obligatoria en todas las causas que investiguen tortura cometida por agentes del Estado, aunque lo deja a criterio del fiscal para los casos de apremios ilegítimos.
En entrevista con Documenta, Ymay Ortiz, directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, indica que las directrices del Protocolo de Estambul no son algo que los fiscales deban seguir obligatoriamente, sino que representan un conjunto de recomendaciones.
Ortiz reconoce que el protocolo es una herramienta importante para acreditar el sufrimiento grave de las víctimas, pero explica que tiene que sumarse a otras diligencias, ya que su objetivo no es determinar responsables. “El protocolo de Estambul no dice quién fue y para una imputación o un juicio oral lo relevante es acreditar los hechos”, explica. Para ilustrar la diferencia, lo compara con el caso de un robo: “En el hurto el ánimo de lucro no es algo que exista. Lo que existe es que alguien toma algo de otra persona y se lo lleva. Entonces acreditar los hechos es lo primero, lo que te va a permitir obtener una condena”, sostiene.
Para el doctor José Quiroga, chileno radicado en EE.UU. experto en la materia y maestro de muchos de los capacitados en Protocolo de Estambul en Chile, este punto es especialmente conflictivo. Según Quiroga, la imposibilidad de identificar a los culpables es algo muy común en los casos por violaciones a los derechos humanos y no puede ser la razón para que las causas terminen sin condena. Para el experto, el solo hecho de tener tantas víctimas de trauma ocular o de tortura es un indicador relevante que debe ser considerado, pues refleja un patrón de conducta: “Eso quiere decir que las normas no se están cumpliendo. Y en eso el responsable es el Estado, que en estos casos sería Carabineros”, sostiene. Allí, el Protocolo de Estambul sí adquiere una importancia vital para acreditar el delito.
El camino por delante
Los expertos consultados para este reportaje coinciden en que es clave que más personas se capaciten en Chile para aplicar el protocolo y que surjan nuevas organizaciones en la sociedad civil que puedan aportar con pericias independientes. Ese es el objetivo del doctor Quiroga, quien se encuentra preparando nuevos cursos para darle forma a esas iniciativas.
A pesar de vivir en EE.UU. su historia de vida lo ata a Chile. Fue uno de los médicos de Salvador Allende y estuvo con él en La Moneda cuando fue bombardeada el 11 de septiembre de 1973. Él es uno de los sobrevivientes. En 1977 se mudó a Estados Unidos junto a su familia y en 1980 fundó el primer Programa para Víctimas de Tortura del país norteamericano. Desde 2009 ha participado activamente en la capacitación de peritos en Chile. En el sistema público se sumó al trabajo iniciado por la psicóloga Francisca Pesse dentro del SML y de manera paralela participó en las capacitaciones que levantó la psicóloga Ruth Vargas para documentar la tortura que sufría el pueblo mapuche. Esos son los dos caminos que le dieron vida al Protocolo de Estambul en Chile, casi 10 años después de que fuera publicado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el año 2000.
Muchos apuntan a la urgencia de reforzar el Servicio Médico Legal, donde la falta de personal y recursos se ha mantenido, a pesar de toda la carga extra que implicó la reforma procesal penal de 2005. El SML no fue parte de las instituciones consideradas en la modernización que vivió el sistema de justicia por esos años. Antes de esa reforma, las causas en Chile duraban entre 10 y 15 años, por ende la demora de los peritos no implicaba mayores contratiempos. Pero eso cambió diametralmente.
“La reforma implicó que en un corto periodo de tiempo al SML de Santiago se le quintuplicaron los requerimientos, pero sin recibir un peso extra para acoplarse a las nuevas exigencias. Ese es el origen de los atrasos que arrastra el servicio hasta hoy”, explica Francisca Pesse.
Hasta el momento no se ha aclarado cómo se utilizarán los $513,8 millones que entraron al servicio tras el anuncio presidencial, ni en qué medida eso resuelve los problemas acumulados hace tantos años.
Dentro del aparato estatal existen otras instituciones que tienen experiencia trabajando con víctimas y que podrían apoyar al SML al momento de aplicar el Protocolo de Estambul, como el Sename, el Centro de Asistencia para Víctimas de Atentados Sexuales (Cavas) de la PDI, los Centros de Atención a Víctimas (CAVI) del Ministerio de Justicia y el Programa de Apoyo a Víctimas dependiente del Ministerio del Interior. Al menos en esas reparticiones, dicen los expertos, los funcionarios tienen una experiencia que serviría de base. «Sobre todo los que trabajan con víctimas de violencia sexual. No partirían de cero, porque hay muchas similitudes entre esas víctimas y las de la tortura», asegura Pesse.
Considerando la experiencia y su trabajo inédito, los profesiones del PRAIS también podrían asomarse como una alternativa, pero su coordinadora nacional, Paula Godoy, es enfática al asegurar que el programa no puede hacerse cargo de las víctimas recientes de tortura. En primer lugar, tendría que cambiar la ley que los norma, ya que esta solo los autoriza a trabajar con víctimas de la dictadura. Pero la principal razón, explica Godoy, es que ellos también han resentido el impacto del 18 de octubre: “El estallido ha provocado una ola de solicitudes de víctimas que están reviviendo el trauma. Si tenemos un helicóptero permanente, toque de queda, militares en la calle, todo eso agrava la situación de la población PRAIS. Y los recursos que tenemos disponibles no se han actualizado. Entonces yo no puedo aceptar que se sigan sumando personas a la lista de espera. Ya está probado que la atención que no es oportuna, cronifica, retraumatiza y agudiza la desconfianza. Y eso no lo podemos hacer».
Nota de la redacción: La primera versión de este reportaje, publicada el 24 de junio, señalaba que había 139 del SML capacitados para realizar el protocolo de Estambul. La información fue entregada por la oficina de Comunicaciones del organismo y detallaba que la región con más peritos (44) era la Metropolitana y la con menos (3) era la Región de Ñuble. Veintiocho días después, Documenta recibió la respuesta del SML a una solicitud por Ley de Transparencia, donde se indicó un número mucho más bajo de peritos aplicando el protocolo a nivel nacional: 79. Esto implica 60 profesionales menos respecto a lo que se contestó en un principio. Las diferencias más grandes están en la Región Metropolitana, donde inicialmente se informó que había 44 peritos, cuando en realidad eran 19, y en la Región de Los Lagos, donde se reportaron 12 profesionales, cuando eran solo 3. Los datos fueron actualizados el 8 de agosto de 2021.