Una noche de pesadilla en la comisaría de Peñalolén

J.E.G.A.(22) ya estaba detenido en la comisaría un poco antes de la medianoche del 20 de octubre de 2019. Mientras se encontraba esposado con las dos manos atadas a un fierro ubicado en el pasillo del recinto policial, el cabo segundo Juan Pablo Leiva Puga lo golpeó con la mano abierta en el rostro y azotó su cabeza contra la pared provocando que se cayera. En paralelo, según la Fiscalía, el policía le dijo “cállate conchetumare, no hablís guacho culiao, qué derecho vas a tener vos”.

Toda la escena fue presenciada por el carabinero Sebastián González Faúndez (23), quien 15 minutos después se acercó al joven, sacó un polvo tipo lacrimógeno de un bolso verde y lo puso dos veces en el rostro de la víctima provocándole irritación y problemas para respirar.

Jaime Vásquez (31) y M.M.B. se encontraban en el Sapu Carol Urzúa, ubicado a sólo dos minutos de la comisaría, cuando fueron detenidos cerca de la medianoche del 20 de octubre de 2019. Después de ser trasladados a una sala en el recinto policial, el cabo segundo Carlos Fuenzalida Gajardo (26) le ordenó a Vásquez ponerse de rodillas y lo cacheteó. El carabinero, que también tenía polvo disuasivo, se lo pasó por la cara en más de una ocasión y, según la Fiscalía,  le dijo “llevo tres días con el mismo uniforme, contigo me desquito”. Durante su declaración para la investigación, Vásquez detalló que “en el momento que me ponía este polvo le pedía que dejara, porque me costaba respirar y me ahogaba, fue como una tortura, porque yo le pedía que parara y me decía con tono burlesco que me gustaba”.

Luego vino el turno de M.M.B., quien fue reprendido por Fuenzalida cuando se sentó en una silla de la habitación. “Estai cómodo hueón”, le preguntó mientras le pegaba una cachetada que lo botó al piso y le pegó varias patadas. A M.M.B. también le restregó el polvo en la cara y cuando se quejó de que no podía respirar, Fuenzalida le dio vuelta  toda la sustancia en la cabeza y le mojó la cara, lo que intensificó el efecto del químico.

Posteriormente, cerca de la 1 de la madrugada, Fuenzalida también le echaría la misma sustancia a Francisco Veloso (33), otro de los detenidos esa noche. Veloso conversó con Documenta y explicó que esta situación se repitió con otras cinco personas con las que se encontraba detenido. “Era un carabinero alto, moreno, andaba vestido de Gope [Grupo de Operaciones Especiales] y llevaba un bolsito verde donde metía las manos y nos la pasó por la cara, era como de lacrimógena (…) El tipo nos echó ese polvo hasta dejarnos sin poder ver ni respirar ya que era demasiado picante y ardía como una quemazón”, detalla.

Las agresiones que sufrieron estos cuatro adultos y adolescentes fueron narradas por la Fiscalía Oriente durante la reformalización de los tres funcionarios policiales. En total se contabilizaron cuatro hechos: tortura de González Faúndez y Leiva Puga en contra de J.E.G.A; tortura de Leiva Puga por las agresiones contra los cuatro adolescentes (Luciano, Carlos, Pedro y Daniel) y apremios ilegítimos y tortura de Fuenzalida Gajardo por las agresiones en contra de Veloso y M.M.B. Junto con la formalización, la Fiscalía solicitó un aumento de plazo de investigación de 60 días para que se cumplan diligencias pendientes del caso, como la toma de protocolos de Estambul, diligencia fundamental para acreditar torturas, y que Carabineros entregue los sumarios de los funcionarios formalizados, lo que fue solicitado por el Consejo de Defensa del Estado, que se querelló por el caso en marzo de este año.

Actualmente los tres uniformados se encuentran cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Leiva Puga y González Faúndez estuvieron 10 días en prisión preventiva cuando fueron formalizados por primera vez, en diciembre de 2020). Sin embargo, la Corte de Apelaciones redujo la medida cautelar a la que mantienen actualmente.

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Las primeras acusaciones contra la 43ª Comisaría de Peñalolén se conocieron el 22 de octubre de 2019, cuando el INDH presentó una querella por torturas en contra de tres adultos y un adolescente de 14 años. La denuncia se centró en una “crucifixión” en la estructura metálica de la antena de la comisaría. Los afectados también acusaron haber sido golpeados y que les restregaron una sustancia que les ardió en la cara mientras se encontraban esposados. Todo surgió a partir de su detención cerca del Unimarc de avenida Las Parcelas, en Peñalolén, durante el toque de queda.

Durante la investigación la Fiscalía solicitó revisar las cámaras de seguridad, y en respuesta a esos requerimientos, los carabineros de la misma comisaría realizaron una denuncia a la Justicia Militar después de observar que parte del personal policial había entrado al calabozo golpeando a adolescentes detenidos, situación que se repitió en los pasillos de la comisaría. La indagatoria descartó las acusaciones de crucifixión, aunque sí se pudieron acreditar las agresiones contra uno de los detenidos, Francisco Veloso, por lo que la investigación derivó en la segunda causa que hasta el momento involucra a los tres carabineros por delitos en contra de los cuatro adolescentes y otros tres adultos.

Una de las primeras conclusiones de la investigación fue que la palabra “crucifixión” sólo había sido mencionada en la querella, pero los denunciantes no mencionaron ese concepto en sus declaraciones. Sí relataron haber sido esposados entre ellos y a la antena de la comisaría, mientras podían tocar el suelo con los pies. Esta versión fue corroborada por Documenta, que conversó con dos de los acusadores: Francisco Veloso y Felipe Pereira (31), quien fue detenido esa noche junto a sus familiares, incluido su sobrino Alejandro, el niño que fue golpeado por Luciano y Carlos en el calabozo. También fue lo que relató el fiscal Miguel Orellana durante una audiencia de sobreseimiento por el caso el 23 de octubre de 2020.

Junto con las declaraciones de las víctimas, la brigada de DDHH de la PDI realizó un peritaje científico de residuos químicos de la antena porque las muñecas de quienes fueron esposados no presentaban marcas. Esa investigación determinó que existían indicios de que la antena había sido utilizada para mantener amarrados a algunos detenidos en un cambio de guardia, pero la altura del esposamiento (112 cm del suelo) no habría vulnerado los protocolos de control de detenidos.

En la audiencia también se expuso que aunque las víctimas declararon que estaban participando en una manifestación, la PDI determinó que en realidad fueron detenidos por robo, lo que a juicio del Ministerio Público es relevante por el contexto y la credibilidad de los relatos que originaron la querella. Por ese delito, Veloso fue condenado en un juicio abreviado y Pereira y sus familiares pasaron por una suspensión del procedimiento luego de admitir su responsabilidad en los hechos. Ambos dijeron a Documenta que la admisión de los delitos fue sólo para terminar con el proceso lo antes posible y que en realidad no estaban robando.

Ambos también tienen versiones bastante similares sobre lo que ocurrió en el recinto policial: estuvieron en un pasillo donde pese a estar inmovilizados les echaron un polvo que les irritó la cara y les dificultó respirar. Fueron ingresados en el calabozo y luego, cerca de las 4 de la mañana, los esposaron a la antena de la comisaría y los molestaron con frases como “son los hueones que vienen a arreglar la antena”.

Pese a que el Ministerio Público buscó que la causa se sobreseyera definitivamente, el juez Eduardo Gallardo, quien dirigió la audiencia, manifestó que ni siquiera podía descartar del todo que aquello que sí sucedió en la antena sea irrelevante desde el punto de vista penal, por lo que el sobreseimiento sólo se acogió parcialmente respecto de las acusaciones de crucifixión.

Como querellante del caso, el INDH presentó una apelación en contra de la decisión, argumentando diligencias pendientes, como el Protocolo de Estambul, respecto de tres víctimas, y una reconstitución de escena . El organismo resaltó la importancia de agotar todas las diligencias investigativas frente a casos de torturas, argumento compartido por la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), que también es querellante en la causa. El 29 de diciembre de 2020, la Corte de Apelaciones confirmó la resolución del magistrado Gallardo. La causa no ha presentado movimientos desde entonces y se mantiene admisible sin agentes del Estado formalizados.

*Todos los nombres de los menores de edad mencionados en este reportaje fueron modificados para proteger su identidad, salvo Luciano, quien ahora tiene más de 18 años y accedió a que se publicara su nombre real. Se mantiene en reserva con iniciales la identidad de las víctimas que no han sido mencionadas en otras publicaciones periodísticas y que no fueron contactadas por Documenta.