Reportaje
INDH: El impacto de la drástica reducción temporal del programa que atiende a víctimas del estallido
La no renovación de contrato al 55% de los trabajadores del programa dejó a los equipos con sólo 29 profesionales con exclusividad para la atención jurídica y psicosocial de miles de víctimas registradas en querellas por violaciones a los DD.HH. presentadas por el INDH luego del 18-O. En varias regiones de Chile el personal se redujo a la mitad. Desde el instituto aseguran que volverán a llenar los cupos a través de concursos públicos, pero hay preocupación por el efecto que esto tendrá en los procesos judiciales y en la relación con las víctimas.
El 21 de diciembre de 2021, un comunicado de los jefes regionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) reveló que los contratos de 48 trabajadores del programa de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición para las víctimas del estallido social no serían renovados para el 2022. Un programa formado por abogados, psicólogos y asistentes sociales cuya función es prestar apoyo judicial y psicosocial a las víctimas que el INDH registra en las 3.084 querellas por violaciones a los derechos humanos presentadas desde el 18 de octubre de 2019. De acuerdo con documentación interna del instituto, a noviembre de 2021, 243 de esas causas ya concluyeron: tres por condena y 240 que terminaron sin formalizados. Esto deja un total de más de 2.800 querellas en tramitación.
La decisión de no renovar los contratos de estos trabajadores se dio a conocer el mismo día en que el INDH anunció en su página web un aumento de presupuesto para reforzar este programa de apoyo con la contratación de profesionales a través de concurso público.
Después del anuncio, los jefes regionales del INDH reclamaron en el mismo comunicado que considerando el presupuesto 2022 para el programa ($1.874 millones), “el monto total de la continuidad del apoyo es de $1.378 millones, quedando incluso disponible un saldo de $495 millones (26%) para la generación de estructuras de apoyo”.
Sin embargo, desde la dirección del INDH respondieron que era necesario cortar los contratos de esos profesionales por una razón administrativa: después de dos contratos a plazo fijo, muchos de los trabajadores del programa debían pasar a contrato indefinido, pero la dirección quiso evitar esa modalidad, argumentando que no existían recursos permanentes para financiarla. Sin embargo, el 25 de enero, un mes después del anuncio de los términos de contrato, la dirección se retractó de parte de la decisión y volvió a incorporar a 12 trabajadores, quienes pasaron a contrato indefinido. Tras esta decisión, son 36 los profesionales que perdió el programa, es decir, el 55% del total (originalmente era el 70%).
Aunque se espera que parte del resto de los ex trabajadores postulen para reincorporarse al programa a través de los concursos públicos, según fuentes del organismo el proceso podría demorar entre tres y cuatro meses o incluso más.
Documenta accedió a la lista de profesionales a los que no se les renovó el contrato y la cruzó con la información disponible en la web de Transparencia del instituto, para analizar cómo se modificaron los equipos a la espera de las nuevas contrataciones.
Los datos muestran que el programa de acompañamiento está funcionando actualmente con 29 profesionales con dedicación exclusiva para miles de víctimas: 18 abogados y 11 psicólogos en todo el país, lo que equivale al 45% del personal registrado antes de los términos de contrato. La remoción de las trabajadoras sociales fue completa (9 en total).
Documenta conversó con funcionarios en las distintas sedes regionales y con ex trabajadores del programa, y todos comparten la misma preocupación: las dificultades de los equipos para abordar la falta de personal y el efecto que tendrá la decisión en las víctimas que ya tenían un vínculo de confianza con los funcionarios cuyos contratos no fueron renovados.
En varias regiones los equipos de acompañamiento perdieron a la mitad o más de sus miembros o se quedaron con sólo un profesional, salvo por Magallanes, donde el INDH registra 35 víctimas en querellas por violaciones a los DD.HH.. En esa zona se desvinculó a la única psicóloga que conformaba el equipo. Las dos regiones que no sufrieron modificaciones son Aysén, que mantiene a una psicóloga contratada, y Ñuble, que no cuenta con profesionales asociados a la iniciativa, a pesar de tener 52 querellas con 58 víctimas.
En Antofagasta, que registra 120 querellas con 151 víctimas, el programa estaba compuesto por un profesional de cada área, sin embargo sólo se le renovó a la psicóloga. La Araucanía contaba con dos abogados que debían realizar el seguimiento judicial en una zona que registra 160 causas y una psicóloga encargada del acompañamiento a las víctimas (173), pero sólo se determinó la continuación del abogado. Al igual que en estas sedes, en más de la mitad de las regiones se optó por la renovación de sólo abogados o sólo psicólogas.
Otras de las zonas más afectadas son Valparaíso y Los Ríos, con la pérdida del 83% y 75% de los miembros de sus equipos de acompañamiento. En Valparaíso, donde el INDH registra 293 querellas y 355 víctimas, el programa de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición pasó de contar con un equipo de seis personas a la continuidad de sólo una abogada. Los Ríos registraba dos abogadas, una psicóloga y una trabajadora social para 171 víctimas de 161 querellas presentadas en la zona, pero con las no renovaciones sólo se mantiene una abogada.
En la RM, que acumula más de 1.443 víctimas y 1.283 querellas, el equipo de acompañamiento estaba compuesto por un total de 17 profesionales: 11 abogadas y abogados, tres psicólogas y tres trabajadoras sociales. La resolución de no renovar los contratos redujo inicialmente al equipo a dos abogadas y dos psicólogos. Sin embargo, la reciente reincorporación de profesionales permitió que volvieran cinco abogados y una psicóloga.
La continuidad de esos contratos, según explican fuentes del INDH, es el resultado de sugerencias realizadas desde la Unidad de Personas a la dirección para no debilitar las sedes y evitar demandas laborales que tendrían alta probabilidad de perder, además de sugerencias realizadas por al menos uno de los abogados externos del Instituto.
En el caso de las trabajadoras sociales, a ninguna se le renovó el contrato, lo que podría implicar problemas que van más allá de este programa: “Las asistentes sociales estaban haciendo un trabajo brillante en la acreditación de víctimas para postular a la glosa de pensiones de gracia, pero todas fueron desvinculadas y no se están abriendo concursos para llenar esos puestos. Eso implica un retroceso en la multidisciplinariedad que se estaba forjando en el INDH, para volver ahora a los trabajadores polifuncionales, porque ya no estarán las asistentes sociales haciendo ese trabajo», explica Luis Guerrero, presidente de la Asociación Nacional de Defensores de los Derechos Humanos (ANDEDH) que representa a parte de los funcionarios del instituto y ha sido un duro opositor a la gestión que lidera Sergio Micco.
Desde la dirección confirmaron que no se encuentra considerada la recontratación de trabajadores y trabajadoras sociales para el programa. Sobre la acreditación de las víctimas para pensiones de gracia señalaron que “las tareas de acreditación de víctimas están a cargo de los equipos regionales en general y de un equipo del nivel central que continúa realizando dichas gestiones”. Desde que Documenta reveló en julio pasado que existía una glosa para pensiones de gracia a víctimas de violaciones a los derechos humanos, el INDH ha acreditado a 208 personas para que puedan postular.
LAS CONSECUENCIAS PARA LAS VÍCTIMAS
Funcionarios de distintas sedes regionales y ex integrantes del programa manifiestan que estos cambios dentro de los equipos de trabajo pueden tener consecuencias negativas para las víctimas, quienes ya tenían vínculos de confianza con los profesionales. De acuerdo con información del INDH, el programa le ha otorgado apoyo a más de 3 mil personas.
La molestia partió desde las jefaturas regionales, que firmaron un comunicado expresando que, pese a la existencia de concursos públicos para llenar los cargos y a que puede que algunos profesionales retomen sus funciones con ese mecanismo, desmantelar los equipos disminuye las posibilidades de atender psicológica y jurídicamente las necesidades de las víctimas, sobre todo de aquellas más vulnerables.
Según una de las psicólogas desvinculadas entrevistada por Documenta, quien pidió reserva de su identidad, “que entren personas nuevas en este proceso implica que tienen que conectarse con toda la historia de la víctima, volver a preguntarles lo que pasó. Eso genera revictimización”.
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Agrega que es un trabajo complejo llegar a generar una relación de confianza, y que no se trata sólo de mantener contacto para que las víctimas no desistan de los procesos judiciales, sino que acompañar en diligencias o momentos de crisis que experimentan con sólo revivir detalles de sus casos.
“Muchas veces nos llaman con ideación suicida y viajamos a donde estén para una contención express, para que no se sientan desamparados. La noticia de tener que hacer trámites es fuerte para las víctimas y en ese sentido los psicólogos tienen una llegada que es distinta”, explica uno de los jefes regionales del INDH.
Desde el punto de vista jurídico, algunos de los abogados desvinculados del programa consideran que trabajar en este tipo de causas requiere de meses de preparación, por lo que desmantelar los equipos, esperar nuevas contrataciones y que logren adaptarse, también pone en peligro la motivación de las víctimas para continuar con los procesos judiciales.
“No es llegar y ver una minuta. Hay que interiorizarse con las causas, el perfil de las víctimas y qué es lo que cada una necesita. Yo creo que uno no se demora menos de 3 ó 4 meses en eso”, comenta uno de los abogados desvinculados en el norte del país, quien también solicitó la reserva de su identidad. El profesional considera que además hay que pensar que por lo extensos que son algunos de los procesos investigativos, las víctimas no tienen expectativas de que se resuelvan sus casos. “Muchos ya sentían que era un proceso abandonado y para algunos este cambio fue una confirmación de que eso iba a quedar así”, afirma.
Lo mismo piensa una ex trabajadora social que participó en el programa y prefirió no revelar su nombre. En su caso, parte de la labor era derivar y hacer seguimiento a las víctimas para que se integraran a la red pública de salud para tratamiento contra perdigones que mantienen incrustados desde el estallido social o para atención psicológica. Según la profesional, ya era difícil mantener a parte de estas víctimas involucradas, debido a su resistencia frente a todos los servicios públicos y su molestia con el Estado. «Vienen con la decepción de que hay una mala comunicación, que los procesos se retrasan por la alta demanda o listas de espera. En este sentido es importante acompañarlos para mantenerlos insertados en las redes de apoyo”, explica.
Otro de los aspectos que genera preocupación es que no hubo una política de notificación para las víctimas. Según Soledad Molinet, presidenta de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del INDH (AFFINDH), “se desvinculó a las personas con 10 días de anticipación y no se bajó ninguna instrucción de cómo hacer el cierre del trabajo. Eso quedó a criterio de cada profesional. Algunos tomaron contacto, otros dejaron correo, fueron múltiples las formas”.
“Eso igual fue desolador, porque finalmente no están pensando en las víctimas. Se genera vínculo con ellas y muchas hasta el día de hoy me siguen hablando y me cuentan sus cosas, piden ayuda”, comenta una de las psicólogas que tuvo que salir del programa.
Lo mismo está pasando con algunos de los abogados que no fueron renovados. Un profesional cuenta que “para no dejar las causas botadas dejé todo ordenado y llamé a las víctimas que necesitaban atención más delicada y les indiqué correos y teléfonos de quienes podían contactar. Hubo gente que lo entendió y también víctimas preocupadas que me siguieron contactando, buscando información o tratando de ver las últimas gestiones”.
En el caso de las trabajadoras sociales, la profesional entrevistada por Documenta cuenta que a raíz de la no renovación de su contrato tuvo que especificarle a algunas víctimas qué hacer porque se quedaron en la mitad de la tramitación para la glosa de pensiones de gracia. “Si hubiera un cambio planificado el impacto sería menor, pero no saber quién te va a atender, quién va a seguir, es la inquietud e incertidumbre que se le genera a las víctimas”, enfatiza.
REDISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO
Para lidiar con los cambios, las sedes regionales del instituto están modificando las cargas de los trabajadores de planta y buscando el apoyo de abogados a honorarios.
Según Soledad Molinet, presidenta de la AFFINDH , “los equipos han tenido que hacer malabares para cumplir con las audiencias y atender los requerimientos de las víctimas”.
La socióloga, quien también es parte de la sede regional de La Araucanía, cuenta que pese a que en esta época hay funcionarios que comenzaron a hacer uso de su feriado legal, “hay un nivel de compromiso que está haciendo que algunos posterguen sus vacaciones, porque éticamente no es posible dejar esto abandonado”.
Otra alternativa que se está evaluando en algunos sectores es la coordinación con otras unidades del INDH para enfocar los esfuerzos en las causas que estén teniendo más movimiento y certeza para llegar a juicio, sin que esto signifique que el resto se deje de tramitar.
Los puntos de vista de los jefes de las sedes regionales son variados. En algunas regiones con menos volumen de querellas piensan que con los equipos base sí será posible continuar el trabajo realizado. “El mayor obstáculo está en las regiones grandes y con más causas. Requieren de más profesionales de jornada completa realizando las tareas”, comenta una de las jefas regionales. Sin embargo, también preocupa el desgaste que esto puede generar en los equipos, especialmente en los que ya tienen una carga de trabajo importante debido a la situación migratoria, el conflicto en la Araucanía y otras labores permanentes del instituto en materia de derechos humanos.
La continuidad del programa de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición ya había sido un tema discutido dentro del INDH. En agosto de 2021 fue una de las demandas por las que la AFFINDH estuvo en paro durante 41 días, el que finalizó tras acordar con la dirección la instalación del programa de manera permanente en el INDH y garantizar la continuidad de los trabajadores hasta fines de 2021 con previa evaluación de las jefaturas.
Documenta pudo comprobar que antes de que se tomara la decisión de no renovar a los profesionales hubo discusiones dentro del consejo del INDH. El tema generó debate, porque hubo consejeros partidarios de asumir los contratos indefinidos para evitar el vacío, pero la decisión final le correspondió exclusivamente al director, Sergio Micco.
En entrevista con este medio, el consejero Eduardo Saffirio apoyó la decisión, argumentando que «era completamente irresponsable renovar esos contratos, porque se crea un vínculo laboral permanente y no hay certeza de que los dineros que se consiguieron para este año vayan a ser renovados en el futuro. Se nos ha dicho que van a cumplir sin problemas mientras se hacen los llamados a concurso, pero no nos han dado detalles, porque hasta donde entiendo nadie los ha pedido».
Según los funcionarios consultados por Documenta, la convocatoria del instituto para volver a contratar trabajadores para el programa considera menos personas que las que partieron, y en algunos casos no soluciona el problema que dio origen al conflicto: “Hay personas que volverán a postular para los mismos cargos. Eso implica que si ahora esas personas, que fueron desvinculadas para evitar un contrato indefinido, se ganan un nuevo contrato por tres meses, deberán pasar a indefinido de igual forma, porque la ley también considera los contratos discontinuos. Es una tontera desde el punto de vista administrativo, pasar por todo esto y quedar donde mismo”, concluye Luis Guerrero, presidente de la ANDEDH.
Documenta solicitó una entrevista a Sergio Micco hace dos semanas para tratar este y otros temas, y el lunes 24 de enero se envió al INDH un cuestionario respecto a las desvinculaciones de los profesionales de este programa. En una respuesta por escrito, desde la dirección se manifestó que se están realizando los concursos públicos para conformar a los equipos y que ninguna víctima quede desprovista de acompañamiento.
Además añadieron que “los concursos para los nuevos cargos incluyen tareas más amplias y funciones permanentes en el INDH, que exceden a las tareas específicas que cumplían anteriormente los profesionales en el Programa de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición” y que los trabajadores con contratos terminados pueden presentarse a los concursos. “El programa mantendrá su actual cobertura. Éste es un tema de máxima relevancia para el INDH”, concluyeron.