Reportaje
Los problemas estructurales que agudizan la crisis del INDH
Un consejo permeado por el cuoteo político y marcado por debates eternos entre posturas aparentemente irreconciliables. Informes clave que no ven la luz por años mientras esperan ser aprobados y un director que acumula reiteradas solicitudes de renuncia por parte de agrupaciones de víctimas y trabajadores. Documenta analizó los pormenores de la crisis más grave en la historia del Instituto Nacional de Derechos Humanos, mientras su sede central cumple más de seis meses tomada.
Noviembre de 2019. Las protestas llevan poco más de dos semanas y los registros del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contabilizan más de 1.600 heridos en hospitales, incluyendo 160 traumas oculares, y más de 150 querellas por distintos tipos de tortura, cuando su director, Sergio Micco, asegura en televisión que las violaciones a los derechos humanos no son sistemáticas. “Quien afirme lo contrario tiene que probarlo”, dice a Canal 13, provocando una ola de críticas y reclamos dentro y fuera de la institución.
A dos años de ese episodio, muchos lo consideran un punto de inflexión que hizo colapsar el precario equilibrio de acuerdos que existía dentro del instituto. “Antes de las declaraciones de Micco nosotros poníamos una identificación del INDH en el parabrisas y la gente nos abría el paso para poder asistir a donde nos dirigíamos”, cuenta Roy Corvalán, abogado desvinculado del instituto en 2021, en entrevista con Documenta. “Después de esas declaraciones nuestra integridad física estuvo en peligro en innumerables ocasiones. Llegábamos a los lugares y nos increpaban, nos decían qué están haciendo ustedes si no creen en estas violaciones a los DD.HH., andan mintiendo en sus informes”, recuerda.
El consejo superior del INDH ya estaba dividido, entre los que presionaban para que el rechazo a la violencia policial fuera más contundente y los que pedían prudencia para no transformar al instituto en una voz opositora al gobierno. “Afuera se estaban violando los DD.HH. y nosotros estábamos en el consejo encerrados, discutiendo si era más importante condenar los saqueos o los disparos de la policía. Eso para mí fue perder el foco por razones políticas”, acusa la consejera Consuelo Contreras.
La tensión entre ambas posturas, a ratos irreconciliables, se sumó a la presión que comenzaron a ejercer las asociaciones de funcionarios: declaraciones públicas pidiendo la renuncia de Micco, trabajadores irrumpiendo a la fuerza en medio del consejo para leer sus petitorios, huelgas e incluso demandas ante la justicia por despidos a raíz del conflicto.
La polarización entre los funcionarios y el consejo del INDH por temas relacionados con el estallido social es solo una de las aristas de la compleja crisis que vive el organismo en la actualidad. Las oficinas centrales del INDH, ubicadas en Eliodoro Yáñez, llevan más de seis meses ocupadas por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y familiares de víctimas de daño ocular, y aún no existe certeza de cómo ni cuándo el conflicto llegará a su fin. Hace unas semanas, algunos miembros del consejo miraban con optimismo los avances en las negociaciones, hasta que en el petitorio de la toma volvió a incluirse una de las demandas que produjo el quiebre en las conversaciones: la solicitud de renuncia del director Sergio Micco, la que es una piedra de tope, porque significaría debilitar la autonomía del INDH.
Otro de los componentes que recientemente empeoraron la crisis que se vive en la institución fue la no renovación de los contratos de más de la mitad de los trabajadores del programa Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición para el acompañamiento de las víctimas del estallido social en diciembre de 2021 (ver reportaje). Días después de que se anunciara el término de contrato de 48 de los trabajadores de la instancia, la que se redujo a 36 después de una rectificación por parte de la dirección, Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad de Protección de Derechos del INDH, presentó su renuncia tras más de 10 años en el cargo.
Para reconstruir cómo el organismo llegó a la crisis más grave de su historia, Documenta revisó las actas del consejo entre 2019 y 2021 y conversó con personas que estuvieron o se mantienen en el corazón del quehacer institucional. La gran mayoría de consejeros (anteriores y actuales), y funcionarios y ex funcionarios coinciden en la necesidad de una reforma a la institución: terminar con la omnipotencia de la dirección, diversificar las voces que integran el consejo y profesionalizar la tarea del instituto, hasta ahora marcada por puestos rotativos, equipos pequeños –especialmente en regiones– y un consejo que acumula trabajo, sin tiempo suficiente y sin la experiencia necesaria para enfrentarlo.
“Aquí se trabaja ante la emergencia y esta crisis ha demostrado la debilidad de la institución”, resume una persona que integra el consejo. En medio del conflicto social y pese a la creciente presión interna, el INDH logró concretar un trabajo inédito recopilando los detalles de miles de denuncias y presentando más de 3 mil querellas por violaciones a los derechos humanos, gracias a la efectividad de sus equipos que en algunas regiones sólo contaban con dos o tres abogados.
LA POLARIZACIÓN DE LA CALLE AL CONSEJO
Las tomas y los conflictos dentro del consejo ya habían ocurrido en el pasado. En 2017, cuatro sedes del INDH estuvieron tomadas durante más de cuatro meses por agrupaciones de ex presos políticos que terminaron siendo desalojados. Sus dos últimos directores también tuvieron que enfrentar solicitudes de renuncia y uno de ellos fue destituido. En enero de 2018, cuando llevaba un año y cinco meses como director, Branislav Marelic fue removido de la dirección con la votación de la mayoría del consejo por problemas de gestión administrativa, y la consejera Consuelo Contreras asumió el cargo hasta el fin del periodo. En julio de 2019, Contreras no se presentó a la reelección, y Sergio Micco fue elegido gracias a un pacto entre Chile Vamos y su partido, la Democracia Cristiana, que le permitió contar con los votos de derecha. Esta alianza, estiman algunas personas vinculadas al mundo de los derechos humanos, marcó el destino de la gestión de Micco.
El Consejo del INDH está compuesto por once integrantes, dos son nombrados por la Presidencia de la República (con alternancia), cuatro por el Congreso (dos por la Cámara y dos por el Senado), uno por las escuelas de Derecho de las universidades autónomas y del Consejo de Rectores, y los cuatro restantes son propuestos por las organizaciones de la sociedad civil que integran el registro del INDH. Un listado de más de 150 organizaciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos en el país. Según las actas revisadas por Documenta, los consejeros suelen operar en dos bandos marcados, en su mayoría, por sus preferencias políticas.
La alianza que permitió la llegada de Micco a la presidencia se ha mantenido a lo largo de su periodo, junto a Sebastián Donoso (nombrado por Sebastián Piñera), Cristián Pertuzé (RN nombrado por la Cámara), Carlos Frontaura (cercano a la UDI nombrado por el Senado) y Eduardo Saffirio (ex DC nombrado por la Cámara). A ellos se ha sumado en distintos momentos Branislav Marelic (nombrado por la sociedad civil), quien a pesar de militar en el Partido Socialista mantiene una rivalidad anterior con Consuelo Contreras (independiente nombrada por la sociedad civil, fundadora de la Corporación Opción), una de las líderes del bando opositor a Micco. Junto a ella está Margarita Romero (independiente nombrada por la sociedad civil y presidenta de la Asociación por la Memoria y Derechos Humanos Colonia Dignidad), Salvador Millaleo (ex PS, hoy independiente nombrado por el Senado), Debbie Guerra (nombrada por Michelle Bachelet y académica de la Universidad Austral) y Yerko Ljubetic (nombrado por la sociedad civil), ex ministro del Trabajo durante el gobierno de Ricardo Lagos, ex demócratacristiano y actual militante de Convergencia Social, el partido del presidente electo Gabriel Boric.
Esta composición cambiará durante 2022 cuando Marelic, Guerra, Romero, Saffirio y Frontaura terminen su periodo como consejeros. En julio, las organizaciones del registro de la sociedad civil nombrarán a dos, mientras que la Cámara y el Senado designarán a uno respectivamente, y en octubre el gobierno entrante definirá el quinto nombre.
Las alianzas dentro de ambos bandos se hicieron más evidentes a fines de 2019, cuando la polarización que comenzó a palparse en la sociedad chilena tras el estallido se materializó en las sesiones del órgano que dirige la institución. Las diferencias implicaron que en más de una ocasión las declaraciones públicas discutidas –y exigidas por algunos– en las reuniones no vieran la luz, ya que éstas debían ser aprobadas por unanimidad: basta que un consejero o consejera se oponga para que su publicación sea desestimada. Es decir, en los hechos una minoría puede vetar la expresión de la opinión de la mayoría.
Ninguno de los actuales ni antiguos integrantes del consejo entrevistados por Documenta recuerda el origen de este requisito, pero lo cierto es que se aplica, a pesar de que no es parte del reglamento que los regula. “Es bastante absurdo y me parece que hay que cuestionarlo con urgencia”, asegura una persona que integra actualmente el consejo, pero que pidió reserva de su identidad. “Eso en la práctica funciona como una mordaza que traba las discusiones y ha provocado el silencio del instituto frente a situaciones graves”, concluye.
Tras el inicio de las protestas en octubre de 2019, ese acuerdo ha impedido que el consejo se pronuncie sobre distintos temas en varias ocasiones. En la sesión N° 508 del 21 de octubre de 2019, tres días después del estallido social, los consejeros Ljubetic, Contreras y Romero propusieron emitir una postura institucional respecto a los dichos del Ejecutivo, luego de que el Presidente Sebastián Piñera pronunciara la polémica frase “estamos en guerra”. Los mismos consejeros plantearon que también era necesario hacer un llamado a retirar a los militares de las calles. “En un ambiente así no es posible dialogar”, argumentó Contreras según el acta, apuntando a la importancia de que se abriera una negociación política para encauzar la crisis. Sin embargo, el consejero Pertuzé (RN), a pesar de estar de acuerdo con las críticas a los dichos del presidente, planteó que “ese no debe ser el centro del discurso y la discusión” y que debían limitarse a hacer un llamado al diálogo.
Otro nudo conflictivo fue la falta de definición del instituto respecto a la sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos desde el 18-O. La discusión sobre este punto comenzó el 4 de noviembre de 2019, tras las declaraciones de Micco en Canal 13. Ese día, el consejo dedicó toda la sesión a hablar del tema y aunque el director puso su cargo a disposición, fueron nueve los consejeros, algunos enfatizando en que estaban en desacuerdo con sus declaraciones, que le dieron su voto de confianza (a excepción de Romero y Ljubetic, quien se abstuvo de votar). “No estamos para defender a ningún gobierno, pero tampoco para atacarlo. Sería cándido no entender que lo que está ocurriendo es también una lucha por el poder entre el gobierno y la oposición”, dijo el consejero Eduardo Saffirio en esa oportunidad (vea el acta).
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Si las violaciones a los DD.HH. eran o no sistemáticas es un punto que continuaría siendo discutido, pero las actas revisadas por Documenta muestran que hasta agosto de 2021 el INDH aún no había fijado una postura definitiva sobre el tema. Según consigna el acta nº 626 de ese mes, el consejero Ljubetic reiteró “su solicitud de que la Dirección les proponga un modo de abordar la discusión sobre el carácter sistemático de las violaciones a los derechos humanos durante la crisis social”, pero el punto no se puso en tabla en las sesiones que le siguieron.
En estos y otros temas, el bando liderado por el director, Sergio Micco, ha argumentado que el instituto no podía transformarse en un brazo de la oposición al gobierno, sino que debía mantener su autonomía y ser capaz de acoger todas las miradas. Para el bando contrario, esa postura ha sido sinónimo de silencio y concesiones que, según afirman, han dañado la imagen y el rol del INDH.
“La indignación se tiene que transformar en una energía movilizadora para lograr cambios. Y si se tiene un grado de poder, debe movilizarse hasta el último clip de la oficina para que se genere un cambio (…) Esa fuerza es la que le ha faltado al instituto”, asegura Consuelo Contreras, actual consejera y ex directora de la institución entre enero de 2018 y julio de 2019, crítica de la gestión de Micco. En su opinión, dentro del consejo se han privilegiado posiciones políticas, personales e intereses particulares, “más que defender la seguridad, la integridad y dignidad de las personas”.
Varios de los consejeros –actuales y anteriores– entrevistados por Documenta coinciden en que el consejo arrastra problemas que van más allá de la contingencia, y que tienen relación con su origen. Uno es que seguiría anclado a la lógica binominal que imperaba cuando el instituto fue creado, en 2009, generando dos bloques con posturas antagónicas y prácticamente irreconciliables respecto a los derechos humanos.
La crítica apunta específicamente a los puestos que son determinados por el Congreso y la Presidencia. “Esos puestos tienen nombre y apellido. En la Cámara de Diputados hay un cupo DC y un cupo RN, y en el Senado hay un cupo UDI y un PS. Por lo tanto, las personas que han sido electas son militantes o han sido propuestas por esos partidos”, explica una persona que lleva más de cinco años vinculada al instituto.
En cuanto a los nombres definidos por los gobiernos de turno, la queja es aún más dura. “Ni siquiera deberían estar. Y si están, solo deberían tener derecho a voz, no a voto”, propone la consejera Consuelo Contreras, argumentando que es necesario para la autonomía que requiere el instituto a la hora de vigilar las acciones de la administración del Estado. La opinión es compartida por José Aylwin, quien fue consejero entre 2013 y 2019 y también fue planteada en el Informe de DD.HH. 2021 de la Universidad Diego Portales como una de las deudas pendientes en relación al diseño institucional del organismo.
Para otro sector de los entrevistados en este reportaje, la discordia dentro del instituto también se explicaría por la marcada postura política de los funcionarios que lo han integrado históricamente, la que terminó enfrentándose al liderazgo más conservador que primó desde la dirección.
El mismo Sergio Micco lo planteó así en una entrevista a Radio Biobío en enero de 2020: “Hay un sesgo, porque evidentemente antes del 18 de octubre se decía ‘mira, las personas que se preocupan de los DD.HH. son puras personas que fueron opositoras al régimen del general Pinochet’. Por lo tanto, aquellas que votaron por el Sí, gente que venía más de esas culturas políticas, no entraba al instituto”. Esos dichos fueron una de las tantas intervenciones mediáticas del director que sacaron ronchas a la interna, provocando la molestia de las asociaciones de funcionarios y de distintos consejeros, que acusaron al director de poner en cuestión la credibilidad del trabajo que se hacía en ese momento de crisis.
En una de las sesiones del consejo tras esas declaraciones, el consejero nombrado por Sebastián Piñera, Sebastián Donoso, defendió la idea planteada por Micco e interpeló a los consejeros opositores a asumir que ahora eran minoría: “(Donoso) ha sido consejero por más de seis años, pasando por distintas direcciones en el INDH, con muchas diferencias de opinión sobre diferentes temas (…) durante casi todo este periodo ha sido minoría en sus posiciones, siendo permanentemente voto disidente, y considera que ahora que existe una configuración distinta en el consejo, hay consejeros a los que les cuesta ser minoría”, reza el acta (vea ese documento).
CUOTEO SIN EXPERIENCIA EN DD.HH.
Este “binominalismo” criticado por varios de los consejeros consultados también ha provocado que los nombres para integrar el consejo no siempre cumplan con los requisitos básicos especificados en la ley para ejercer el cargo. La normativa establece que “los consejeros deberán ser personas de reconocida trayectoria en el ámbito de los derechos humanos”, lo que a juicio de todas las personas entrevistadas por Documenta no se cumple en la práctica.
Según el ex consejero José Aylwin, “algunos (consejeros) asistían a las reuniones sin preparación alguna, no emitían opinión, pero su voto era relevante para la aprobación de los informes. (…) No voy a señalar nombres, pero evidentemente existían consejeros que asistían y no se pronunciaban en lo sustancial. Su aporte era precario”, señala.
Consuelo Contreras, actual consejera, va más allá y asegura que la falta de preparación en derechos humanos de algunos integrantes ha obstaculizado la acción del instituto. “El desconocimiento demora la toma de decisiones. Retrasa los debates e impide llegar a acuerdos”, asegura. “Si estamos discutiendo sobre pueblos indígenas, por ejemplo, que tienen ciertas garantías de protección a sus derechos, hay consejeros que plantean que eso va en contra de la igualdad ante la ley”, explica. Esto, asegura Contreras, a pesar de que hay pactos firmados y ratificados por Chile, como el Convenio 169 de la OIT, que otorgan una protección mayor para esas comunidades. “Pero uno puede estar horas discutiendo, porque la persona no tiene idea de que existe el Convenio 169. Y no basta con leer, hay que tener experiencia en la aplicación. Hay que entender la lógica de los DD.HH. y discutir con esa lógica no es lo mismo que discutir con lógica partidista, porque tú lo que tienes en la cabeza son los mayores niveles de protección a las personas, no el cálculo político”, dice Contreras.
En entrevista con Documenta, el consejero Eduardo Saffirio, quien integra la instancia desde 2016 y es cercano a Micco, asegura que es una “exageración” decir que la derecha ha paralizado la tarea del instituto en materia de derechos humanos, pero reconoce que hay discrepancias que con frecuencia dificultan el trabajo. “Se pone el caso de los carabineros que son víctimas de delitos por parte de algún ‘manifestante’ y se dice de manera recurrente que tenemos que preocuparnos de los carabineros. No entienden (los consejeros de derecha) que no es tarea del INDH actuar en la defensa de carabineros. No porque el INDH lo mire con complacencia, ni mucho menos, sino que eso es un delito común que no constituye una violación a los derechos humanos. Eso tensiona muchas veces la discusión al interior”, explica.
LA OMNIPOTENCIA DEL DIRECTOR
Entre las críticas recogidas por Documenta, varios de los actuales y anteriores consejeros cuestionan la concentración de poderes que ostenta la dirección del INDH. En la práctica, explican, el director es a) el secretario ejecutivo, a cargo de administrar el instituto; b) el que preside el consejo, a cargo de definir qué se discute y c) el vocero a cargo de representar al INDH ante los medios y la opinión pública.
“En otras instituciones existe una dirección ejecutiva que se hace cargo de las cuestiones más cotidianas, pero aquí el modelo es que el director no sólo es el líder político y vocero exclusivo, sino que además tiene todas las responsabilidades y atribuciones de la dirección ejecutiva. Hay un amplio acuerdo en que eso hay que revisarlo”, acota otro consejero que pidió reserva de su identidad.
“Hace falta que quien esté a cargo de la gestión sea una persona formada en eso y que permanezca en el tiempo para darle continuidad al trabajo. Hay que fortalecer internamente al instituto y dejar las capacidades instaladas”, agrega la consejera Consuelo Contreras. La opinión es compartida por diferentes fuentes al interior del INDH.
Esto, sumado a que la dirección es el único puesto dentro del consejo que cuenta con asesores y dedicación exclusiva al trabajo, le daría un “poder desequilibrado” a quien ejerce el cargo en relación al resto de los consejeros, de acuerdo a las fuentes consultadas por Documenta. El resto de sus integrantes no tiene asesores para preparar informes o minutas, y sólo se reúnen durante una tarde a la semana para trabajar, de acuerdo a los puntos en tabla que son definidos por el director. Al revisar las actas de las sesiones, queda en evidencia que este hecho ha generado conflictos en más de una ocasión: consejeros que reclaman por la elección de los temas a discutir, falta de tiempo para zanjar debates, informes y tareas que van quedando retrasados frente a la contingencia.
Un ejemplo ocurrió en la sesión del 5 de julio de 2021, cuando al inicio la consejera Margarita Romero leyó una declaración manifestando su descontento porque no habían logrado llegar a un acuerdo para emitir una declaración relacionada con el paro de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del INDH (AFFINDH) ni sobre las críticas que surgieron hacia el INDH por el cambio de criterio en la entrega de las cifras de víctimas por trauma ocular. Romero especificó que, en la sesión anterior, varios consejeros habían solicitado que se discutiera la crisis, lo que no fue posible pues el tema se abordó recién en los últimos 30 minutos de la sesión y quien más intervino fue el director.
En respuesta a la intervención de Romero, algunos consejeros coincidieron en la importancia de mantener una discusión de los temas pendientes en una sesión extraordinaria. Por otra parte, el consejero Saffirio propuso que el tema planteado se contestara por escrito, y el consejero Pertuzé expresó que «si no se pudo dar debate sobre este tema fue por lo extendido de algunas intervenciones, lo que en general ha dilatado mucho la tomas de decisiones en el consejo». En esa misma ocasión, reconociendo las dificultades, Micco expresó que «siendo realista, en el ambiente actual es muy difícil dar cumplimiento a todos los documentos comprometidos, donde además se insiste por parte de algunos consejeros y consejeras en nuevos temas».
Uno de los asuntos que Margarita Romero quería discutir se relacionaba con la postura del instituto frente a las querellas que buscaban que se investigara la responsabilidad de mando de Carabineros en las violaciones a los DD.HH. cometidas desde el 18-O. Esas iniciativas legales, presentadas por organizaciones de la sociedad civil como Abofem, Londres 38 y la Casa de la Memoria, entre otras, fueron enviadas por correo al consejo el 21 de mayo de 2021, para que se resolviera si el instituto también iba a hacerse parte de las acciones judiciales. Aunque otros temas se retrasaron debido a los largos debates o por la cantidad de temas a analizar, según el informe de DD.HH. 2021 de la Universidad Diego Portales, éste ni siquiera se puso en tabla, a pesar de que el propio INDH había elaborado minutas para enfrentar la discusión debido a los desacuerdos que el tema provocaba en el consejo.
Los retrasos en la aprobación de documentos también han repercutido en el trabajo de los equipos base dentro del INDH. “A veces hay que esperar un mes, dos, tres, cuatro, hasta seis (para la aprobación de informes realizados por las unidades). Eso lo que hace es burocratizar y enlentecer el trabajo de todas las áreas”, explica un ex funcionario que conoció de cerca el quehacer del consejo.
Algunos de los documentos que se retrasaron debido a este tipo de problemas son de gran relevancia pública. Por ejemplo, los informes de Función Policial de 2019 y 2020, publicaciones anuales donde el INDH hace un diagnóstico del actuar policial en relación a los DD.HH. y entrega recomendaciones para las policías y el Ministerio del Interior en base a estándares nacionales e internacionales. Los informes abarcan el periodo clave del estallido social y las manifestaciones que tuvieron lugar en los meses posteriores. Las actas del consejo muestran que la aprobación de todos los capítulos del informe de 2019 recién se concretó en junio de 2021, mientras que los capítulos correspondientes al de 2020 aún no se discuten. Según fuentes del instituto, este retraso disminuye el aporte que puede hacer el organismo respecto a la reforma a Carabineros.
De acuerdo a una declaración emitida por la Asociación Nacional de Funcionarios/as Defensoras y Defensores de Derechos Humanos del INDH (ANDEDH) el pasado 27 de enero, existen además otros informes de obligación legal frente al sistema internacional de DD.HH. que el INDH aún no entrega, como el Informe al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Informe al Comité contra la Tortura y el Informe para el examen sobre el respeto a los derechos de personas migrantes.
EL QUIEBRE ENTRE DIRECCIÓN Y FUNCIONARIOS
-Esto es inaceptable.
Esa fue la opinión del consejero Sebastián Donoso, cuando el 28 de octubre de 2019 –una semana y media después del estallido social– el consejo analizó el reproche de los funcionarios contra la instancia por “no ser más categóricos en la condena a la violación de los derechos humanos que están teniendo lugar” (vea el acta de esa reunión).
Otros consejeros, en cambio, pusieron el énfasis en el estrés y la necesidad de brindar apoyo profesional a los funcionarios del organismo, quienes desde el 18 de octubre cumplían labores como observadores de las manifestaciones que por esos días se sucedían en distintos lugares del país, visitaban comisarías y orientaban a las víctimas de violaciones a los derechos humanos sobre sus derechos y caminos a seguir.
De ahí en adelante, la relación entre el consejo y las asociaciones de funcionarios sólo empeoró. Ambas organizaciones han solicitado la renuncia de Micco e incluso en un momento emplazaron a todos los integrantes del consejo a que dejaran sus cargos.
Los dirigentes entrevistados por Documenta señalan que el quiebre se debe en gran parte a las decisiones y los dichos de Sergio Micco durante el estallido. Un hito en esa relación fue lo que ocurrió el 3 de noviembre de 2019, cuando Micco aseguró que no existían violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Otras declaraciones cruzadas entre las asociaciones de funcionarios y la dirección también ocurrieron cuando los trabajadores denunciaron ante la Contraloría que la contratación de asesores de confianza del director superaba el límite de 5% del presupuesto que permitía la norma, según publicó CIPER. En respuesta a ese medio, la dirección señaló que sólo había siete asesores de confianza y que se gastó 3,7% del presupuesto autorizado en ellos.
A esto se sumó una serie de despidos producto de las diferencias con la dirección. Los más controversiales ocurrieron en marzo de 2020, cuando se desvinculó a Osvaldo Torres, de la Unidad de Estudios y Memoria, y Jorge Ortiz, de Finanzas y Administración. Ambos presentaron demandas laborales por despidos injustificados, argumentando que su desvinculación se produjo por oponerse a la postura de la dirección en temas como la sistematicidad de las violaciones a los DD.HH.. Ortiz, que fue perdigoneado mientras observaba manifestaciones el 29 de octubre de 2019, además argumentó que su desvinculación tuvo que ver con su antigua militancia en el MIR. En estos despidos también cobró importancia el tema de los asesores, ya que en su demanda Torres reclamó que Micco asignó a asesores externos para intervenir en la elaboración del Informe Anual de DD.HH. de 2019, desvirtuando las conclusiones elaboradas por la Unidad de Estudios.
El caso de Torres finalizó con una sentencia en contra del INDH que determinó que el organismo había realizado un despido discriminatorio, ya que se le puso término a su contrato por “manifestar una opinión disidente a la del director y de parte del consejo”, según reza la sentencia. Se condenó al instituto a pagar $30 millones y a ofrecer disculpas públicas. Sin embargo, la resolución se encuentra suspendida por un recurso de nulidad presentado por el instituto. La demanda del otro trabajador, Jorge Ortiz, se resolvió con un acuerdo conciliatorio donde el ex funcionario recibió $14 millones. El INDH también registra otros procesos judiciales iniciados por trabajadores, como es el caso del abogado Roy Corvalán, quien también los demandó por despido injustificado en una causa que sigue en tramitación.
Cinco meses después de los despidos de los dos jefes de unidades, en septiembre de 2020, el INDH lanzó concursos públicos para sus reemplazos. Sin embargo, un ex funcionario del instituto, quien pidió reserva de su identidad, afirma que el nuevo jefe de Finanzas elegido a través de esa instancia “se llevaba tan mal con la dirección que renunció hace unos meses”. Documenta pudo constatar, a través de la web de Transparencia del instituto, que el ex jefe de esa área cumplió funciones desde febrero hasta octubre de 2021. La misma persona también agrega que las unidades de Planificación y Protección son otras de las áreas clave que están funcionando con jefes suplentes y tienen al instituto “medio desmantelado”.
El conflicto judicial más reciente entre el instituto y uno de sus trabajadores es la demanda de Harún Oda, funcionario de la sede de Biobío, quien acusa al director Sergio Micco por vulneración de derechos fundamentales. Según el escrito, que La Red reveló en una publicación, entre los hechos que motivaron la demanda están la inacción del INDH en el caso de un hombre que habría desaparecido en el estallido social, distintos episodios en los que sufrió agresiones y amenazas sin que el instituto tomara suficientes medidas para brindarle apoyo. En la misma demanda, el ex funcionario también denunció situaciones de espionaje de parte de un chofer de la institución, quien, a solicitud de Micco, habría enviado audios con información respecto a los trabajadores de la sede, a cambio de mejoras salariales.
En respuesta a las acusaciones, desde el INDH enviaron un comunicado a La Red explicando que no habían sido notificados de la demanda y que desde la sede regional no se recibió una propuesta para querellarse por el caso del hombre desaparecido. Posteriormente, el jefe de la Unidad de Protección, Pablo Rivera, complementó que el instituto no contaba con suficientes antecedentes para presentar una acción judicial por desaparición forzada. Rivera también enfatizó en que desde la sede regional se presentó un recurso de amparo en el que se dispuso que la PDI buscara a la persona y manifestó que el instituto estaba dispuesto a recibir más antecedentes para evaluar las acciones a seguir.
En Santiago, el fin de la toma es uno de los nudos que el INDH esperaba resolver prontamente para alivianar la crisis en la que se encuentra inmerso. Sin embargo, el 25 de enero, a través de una declaración, el consejo concluyó que el proceso de diálogo con los ocupantes terminó sin éxito. Además de lamentar la situación, los consejeros reiteraron el llamado a poner fin a la toma, ya que “afecta las posibilidades del INDH de cumplir en plenitud sus relevantes funciones en la defensa y promoción de los derechos humanos”.