Mujer Chilena 33 Años

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  • Institución del querellado
  • Carabineros
  • Delito investigado
  • Apremios ilegítimos
  • Lugar del evento
  • Santiago
  • Fecha del evento
  • 22-10-2019, 21:15 hrs.

Relato de la querella

El día 19 de octubre de 2019 se decretó Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la Región Metropolitana, y posterior “toque de queda”. Dentro de este contexto, las autoridades decretaron “toque de queda” para el día 22 de octubre de 2019 a las 20:00 horas para la Región Metropolitana.

Durante aquel día, A.M.M.C. y C.M.H.B. se encontraban “caceroleando” en la esquina de las calles Rosas con Avenida Brasil, a pocos metros de su domicilio, en la comuna y ciudad de Santiago. Aproximadamente a las 21:00 horas, efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile comenzaron a dispersar a las personas que estaban manifestándose pacíficamente en la Plaza Brasil y alrededores, por lo que A. y C. decidieron caminar hacia su domicilio, ubicado a una cuadra de donde se encontraban.

A las 21:15 horas, arribaron al lugar cinco carros policiales, con una veintena de funcionarios de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile, motivo por el que intentaron ingresar rápidamente a su domicilio. Sin embargo, dichos efectivos de Fuerzas Especiales impidieron la entrada al mismo, y diez de ellos se lanzaron encima de sus cuerpos y los redujeron con violencia; mientras los vecinos los intentaban ayudar para lograr ingresar a su domicilio, se produjo un forcejeo con Carabineros de Chile, quienes finalmente impidieron que pudieran entrar.

En cuanto a A., la apretaron contra la reja del Condominio, le lanzaron gas pimienta en la cara y la empujaron, por lo que cayó al suelo, perdiendo por unos instantes sus lentes ópticos. Respecto a C., fue reducido con excesiva violencia por funcionarios de Fuerzas Especiales y por un Carabinero que estaba de civil, tomándolo de brazos y piernas, rompiéndole la polera y arrastrándolo por el suelo.

Es menester indicar que los vecinos que intentaron ayudarlos por la puerta de ingreso del domicilio, también fueron agredidos por Fuerzas Especiales, puesto que les lanzaron gas pimienta directo a los ojos.

Todo esto, pese a que A. les señaló a los funcionarios de Carabineros que aquél era su domicilio y que tenían cómo corroborarlo, además de los testimonios que entregaron los vecinos, que aseguraban lo anterior. No obstante aquello, fueron detenidos entre gritos, insultos y golpes, y llevados al retén móvil; asimismo, cabe mencionar que dichos efectivos no tenían identificación, y que ante la pregunta de Cristián para saber sus nombres, uno de los carabineros respondió “no tengo por qué identificarme contigo, así que cállate”.

Posteriormente, en la plaza Brasil, A. y C. fueron testigos de cómo los mismos funcionarios de Carabineros de Chile detuvieron a una pareja con excesiva violencia, en circunstancias que estaban entrando a su domicilio, propinándoles fuertes golpes de pies, lo que provocó que la mujer se orinara de miedo. A su vez, fueron testigos de la detención de V.M., vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES), junto a otras personas, quienes también fueron golpeados, insultados y detenidos desde el interior de sus domicilios. Lo mismo sucedió con una reportera, que a pesar de que tenía salvoconducto, fue detenida con excesiva violencia.

A su vez, C. fue testigo de cómo dichos funcionarios de Fuerzas Especiales rociaron con gas pimienta las ventanas de las viviendas que se encontraban en el sector, para impedir que los vecinos observaran las detenciones.

Tanto A., C. y las mencionadas personas detenidas, fueron trasladadas a la 3° Comisaría de Santiago. En cuanto a los dos primeros, no constataron lesiones, pues los funcionarios de dicha comisaría les indicaron que si no constataban lesiones, serían liberados. Por el temor que tenían, decidieron aceptar, y posteriormente fueron puestos en libertad, apercibidos por el artículo 26 del Código Procesal Penal.

Por último, cabe mencionar que los funcionarios de Carabineros de dicha comisaría se negaron a entregar los nombres de los funcionarios aprehensores, pese a las reiteradas solicitudes de las víctimas.